Operativos recientes implementados por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México permitieron desmantelar una de las redes de contrabando de combustible más complejas y significativas de los últimos años.
Por Ángel Nakamura López
Según las autoridades federales, el caso – denominado “huachicol fiscal” al importar ilegalmente gasolinas para evadir el pago total de los impuestos – implicó la colaboración entre altos mandos de la Secretaría de Marina, funcionarios aduanales y empresarios. Esto dejó al descubierto un entramado institucional plagado de irregularidades y un serio problema para algunos integrantes de la Marina, una de las instituciones que gozan de mayor credibilidad y respaldo de la sociedad mexicana.
El decomiso que puso al descubierto la operación
El detonante fue el aseguramiento, el pasado 19 de marzo, del buque Challenge Procyon en el puerto de Tampico, Tamaulipas, en el norte de México.
En su interior se encontraron cerca de 10 millones de litros de diésel declarados falsamente como petroquímicos, para eludir el pago de impuestos. La operación derivó en cateos que permitieron incautar 190 contenedores, tractocamiones y remolques, así como en la ejecución de 14 órdenes de aprehensión en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y la Ciudad de México.
Dentro de los detenidos destaca el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien junto con cinco marinos en activo, exfuncionarios aduanales y empresarios, fue vinculado al delito de delincuencia organizada.
Según las acusaciones de las autoridades, esta red habría permitido la descarga ilegal de 31 embarcaciones entre abril de 2024 y marzo de 2025 en las aduanas de Altamira y Tampico, en el sur de Tamaulipas.
Los funcionarios presuntamente implicados
Los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna son señalados como los líderes del esquema, Manuel Roberto se encuentra detenido, pero Fernando Farías se encuentra prófugo.
Una de las revelaciones más impactantes del caso fue el hallazgo del cuerpo de Abraham Jeremías Pérez Ramírez, capitán de navío, en instalaciones portuarias en Altamira poco después de hacerse públicas las detenciones. El integrante de la Marina fue señalado en la investigación y vinculado a presuntos pagos de sobornos.
Además de los imputados detenidos, 20 personas físicas y morales fueron incluidas en listas de bloqueo tras identificarse operaciones financieras irregulares, compras de propiedades ostentosas, vehículos de lujo y primas de seguro incompatibles con sus ingresos declarados.
El impacto del “huachicol fiscal”
En sus primeras reacciones, legisladores y dirigentes nacionales del PAN y el PRI demandaron que la investigación llegue “hasta sus últimas consecuencias” y propusieron que se investigue la relación de esta red criminal con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, dado que su gobierno entregó el control de las aduanas a la Marina.
¿De cuánto es el impacto de este delito? Según la consultora PETROIntelligence que realizó la estimación con base en declaraciones oficiales del gobierno federal, la administración central dejó de recaudar 809,324 millones de pesos o 41,747 millones de dólares entre 2018 y 2024. Eso es casi dos veces el costo de la refinería Dos Bocas.
La respuesta oficial
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, manifestaron su respaldo a que no haya impunidad, e informaron que se reforzarán los mecanismos de control institucional.
Incluso el propio Morales Ángeles destacó durante su discurso del desfile cívico militar, el pasado 16 de septiembre, que fue mediante “un ejercicio de sabiduría, sensatez, congruencia y humildad que pusimos ante la ley, ante la consciencia y el escrutinio de las y los mexicanos, actos reprobables que no nos definen como institución, sino que podían enquistarse y quedarse para dañar a nuestro pueblo”. El titular de la Marina incluso aseguró que “fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido mucho más y absolutamente imperdonable callarlo.
El alto funcionario expresó que fueron los propios mandos de la institución quienes dieron el golpe de timón, “porque la lucha contra la corrupción y la impunidad son parte central de la Transformación. Jamás fue para nosotros opción el disimulo, porque el silencio no nos define. La verdad, en cambio, nos fortalece, la justicia nos determina y la honestidad nos sustenta”.Este caso revela que la corrupción —cuando es sistemática y estructural— puede permear las instituciones más ostensiblemente vigiladas. Para Jalisco, como para todos los estados de la República Mexicana, supone una alerta urgente: ninguna dependencia estatal o local está exenta de quedar salpicada si no existe vigilancia ciudadana, controles independientes y un Estado comprometido con la rendición de cuentas.
