En torno a la relación con el Poder Legislativo, el nuevo gobernador deberá enfrentar el inicio de su gestión con un Congreso estatal conformado mayormente por diputadas y diputados de los partidos de oposición.
Por José Antonio Elvira de la Torre
Con la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que el pasado miércoles 16 de octubre desechó las impugnaciones presentadas respecto de la elección por la gubernatura del estado de Jalisco, se cierra de manera definitiva el capítulo electoral. Por ello, a partir de estos días y hasta el próximo 6 de diciembre, cuando de acuerdo con la Constitución del Estado inicia funciones, quien ejerza la titularidad del Poder Ejecutivo, el foco del análisis y la discusión se centrará en los escenarios, retos y dificultades que habrá de enfrentar la siguiente administración estatal.
Permítanme contribuir a esta discusión, al menos desde el ámbito específicamente político local, a partir de dos variables: la relación con los poderes Legislativo y la relación con los partidos políticos.
En lo concerniente a la relación con el Poder Legislativo, el nuevo gobernador enfrentará una situación complicada. El resultado obtenido por las distintas agrupaciones partidistas nacionales y estatales en la elección constitucional de diputados locales de 2024, implica que seremos testigos de apenas la segunda ocasión en la historia contemporánea de nuestra entidad (a partir de la transición democrática de la década de los 90 y los procesos electorales efectivamente competidos), que el titular del Poder Ejecutivo estatal deberá enfrentar el inicio de su gestión con un Congreso estatal conformado mayormente por diputadas y diputados de los partidos de oposición.
El único caso de un gobernador sin mayoría de su propio partido para iniciar su gestión fue el de Jorge Aristóteles Sandoval Díaz (2013-2018), pero que contaba con el respaldo del Partido Verde Ecologista quien lo había acompañado desde la contienda electoral a través de una alianza, y del PRD con quien tenía acuerdos de cooperación más allá de la lógica Congresional. No obstante esa situación, formalmente había más diputados de oposición. Ni los exgobernadores Alberto Cárdenas Jiménez (1995-2001), Francisco Ramírez Acuña (2001- 2007), Emilio González Márquez (2007-2013), ni Enrique Alfaro Ramírez (2018-2024) iniciaron sus respectivos gobiernos con un Congreso, ya no solamente con mayoría de diputadas y diputados de los partidos de oposición/independientes, sino con una Legislatura estatal integrada mayoritariamente con diputaciones de su mismo partido.
Para el nuevo gobernador esta situación implica la necesidad de construir acuerdos que le permitan, en el peor de los escenarios, evitar la confrontación entre Poderes que tendría consecuencias no sólo en la aprobación y modificación de leyes, sino también de presupuestos y cuentas públicas. De esta forma, hay que observar con detenimiento algunos elementos que pueden facilitar o complicar estos acuerdos con el Legislativo y que nos vincula directamente con la variable de la relación con los partidos políticos.
El primero de estos elementos es si la fracción Congresional del propio partido Movimiento Ciudadano estará dispuesta a respaldar por completo a su gobernador, dada la situación de diferentes liderazgos nacionales y locales de esa agrupación política. Saber si es posible para el nuevo gobernador construir su propio liderazgo al interior de MC, aún en el escenario del enorme peso del gobernador saliente y el rol predominante que su grupo tendrá, es la primera incógnita para despejar.
Quizá por ello se explique la combinación de perfiles y trayectorias profesionales y políticas que los primeros anuncios sobre designaciones de colaboradores y responsables de áreas importantes de la gestión gubernamental nos han mostrado. Es inevitable que con el avance del tiempo muchos liderazgos se adapten a las nuevas condiciones y obtengan espacios que les resulten significativos o suficientemente satisfactorios para orientar su desempeño en el mismo sentido del nuevo gobernador, pero no hay una receta ni un manual de los límites y los efectos que puede provocar.
El tipo de relación que pueda generar con la bancada mayoritaria de MORENA-PVEM-PT-HAGAMOS-FUTURO no es sencilla, pues no depende enteramente de lógicas e incentivos locales. No sólo es que la mayoría de los actores que integraron esta coalición electoral no tendrían suficientes incentivos para abandonarla o incluso sólo para pausarla en algunos temas específicos.
Además, el costo tanto material como político de construir un acuerdo de cooperación del gobernador con esta fracción tiene implicaciones directas en el respaldo de los integrantes de su propio partido en localidades y en regiones, donde los apoyos a esta coalición serían en detrimento de su propia posición y objetivos.
Por último, pero no menos importante, será conocer el resultado de los esfuerzos del gobernador por construir un acuerdo estable de cooperación con los partidos PAN y PRI que, si bien no le otorgarían mayoría para la aprobación de leyes y presupuestos, le facilitarían enormemente el funcionamiento político de su gestión. Por ello, habrá que ver con detenimiento si la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratifica o revoca la determinación de la Sala Regional para retirarle un diputado local a la fracción del PRI para otorgársela a la del PVEM. De esa decisión depende en mucho el peso de este posible acuerdo y el papel que tendría el PRI en los siguientes años en Jalisco.
Por todo lo anterior, el nuevo gobernador requiere construir un delicado equilibrio en el que será determinante el manejo formal e informal de las herramientas a disposición del titular del Poder Ejecutivo (la conocida como la “caja de herramientas” o “tool box” de los ejecutivos, que implica el manejo de presupuestos, cargos en la administración, financiamiento de proyectos de inversión e infraestructura, entre otras cosas). La capacidad del gobierno estatal para utilizar estas herramientas que, aunque muchas de ellas están legalmente establecidas, en realidad guardan un muy amplio espacio para la discrecionalidad y la orientación mediante prácticas y criterios informales, puede ser la respuesta a todas las interrogantes. Monitorear y dar seguimiento a como se gestionan y ejercen será una tarea muy interesante en los próximos meses.
