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1.7 billones de pesos: ¿Cuántos Jaliscos caben en la deuda Federal de 2027?

Por Dr. Ulises Hernández Vázquez

Politólogo, Abogado y Doctor en Administración Pública 

Un billón de pesos representa un millón de millones, por eso, cuando hablamos de los 1.7 billones de pesos que el gobierno federal contrató como endeudamiento interno neto para el ejercicio fiscal 2027, estamos hablando de 1,700,000 millones de pesos. Es una cantidad difícil de imaginar, para comprenderla, quizá resulte más útil preguntarnos cuántos años podría funcionar con ella el Gobierno de Jalisco, cuánto representa frente al presupuesto de Guadalajara o qué alcance hipotético tendría para hospitales, fiscalías y programas sociales.

La primera aclaración es indispensable: los 1.7 billones constituyen un techo legal de endeudamiento interno neto, no un cheque depositado a las arcas, ni una bolsa que deba repartirse íntegramente entre estados y municipios, tampoco significa que toda esa cantidad se destinará a obras nuevas, el crédito público forma parte del financiamiento general de las necesidades presupuestarias; además, la deuda que vence puede refinanciarse, operación que debe distinguirse del aumento neto del endeudamiento, es legítimo debatir cuánto debe endeudarse el país, pero hacerlo exige separar la autorización de crédito, su contratación efectiva y los gastos que se cubren con el presupuesto.

En Jalisco la comparación es especialmente ilustrativa, el proyecto de presupuesto estatal para 2027 asciende aproximadamente a 193 mil 640 millones de pesos, si dividimos el techo federal de 1.7 billones entre ese presupuesto encontramos una equivalencia de 8.78 ejercicios completos, en otras palabras, el financiamiento neto interno que puede contratar la Federación equivale a casi nueve presupuestos anuales de todo el estado de Jalisco, si mantenemos constante la cifra de referencia, no es una propuesta de transferencia ni una afirmación de que el estado podría vivir nueve años sin más ingresos: es una medida de escala que permite traducir un número abstracto a una realidad conocida.

El contraste se vuelve todavía más llamativo al bajar al ámbito municipal, con un presupuesto de alrededor de 13 mil 17 millones de pesos para 2026, Guadalajara necesitaría el equivalente a 130.6 ejercicios presupuestales para igualar esos 1.7 billones, la capital jalisciense financia cada año servicios públicos, recolección de residuos, alumbrado, seguridad, mantenimiento urbano, obra pública y administración municipal, frente al techo de endeudamiento federal, más de ciento treinta presupuestos anuales de Guadalajara caben en una sola cifra nacional, en Zapotlanejo, cuyo presupuesto de referencia para 2027 ronda los 538 millones, la equivalencia se eleva a unas 3,160 anualidades municipales; en Tonalá, con aproximadamente 2 mil 396 millones, se acerca a 710 años, aclaro que son ejercicios comparativos al día de hoy, no horizontes reales de funcionamiento, porque los presupuestos cambian con el tiempo.

En los municipios pequeños la diferencia de tamaño es todavía mayor, Ejutla registró en 2022 un gasto presupuestal aproximado de 27.87 millones de pesos: frente a esa referencia histórica, los 1.7 billones equivaldrían a cerca de 61 mil ejercicios de ese monto, conviene ser rigurosos: ese dato antiguo no autoriza a señalar a Ejutla como el municipio de menor presupuesto en 2027, para identificar al de menor presupuesto vigente habría que cotejar las leyes de ingresos y presupuestos aprobados de los 125 municipios, aun con esa salvedad, la comparación evidencia cuán distantes están las finanzas de una localidad pequeña de la escala del endeudamiento federal.

¿Cuánto recibiría entonces Jalisco de ese dinero? La respuesta correcta es que no existe una proporción automática del techo de deuda que corresponda al estado, el proyecto del presupuesto federal para 2027 identifica para Jalisco aproximadamente 102 mil 912 millones de pesos en participaciones y 55 mil 304 millones en aportaciones, es decir, cerca de 158 mil 216 millones en ambos ramos (28 y 33), estas cifras corresponden al estado y a sus municipios, con las reglas y destinos que establece la coordinación fiscal, las participaciones, en general, son de libre disposición dentro del marco legal; las aportaciones se destinan a fondos y servicios específicos, no se debe afirmar que los 158 mil millones salen directamente de los 1.7 billones de deuda: una cifra corresponde a transferencias presupuestarias y la otra a un límite de financiamiento federal.

Existe otra pregunta: ¿cuánto puede endeudarse por sí mismo el Gobierno de Jalisco? El paquete presupuestario estatal de 2027 se presentó sin solicitar nuevo financiamiento, ello no elimina la deuda anteriormente contratada, ni significa que el estado tenga derecho a una fracción del crédito federal. La contratación de deuda estatal depende de los ingresos de libre disposición, las reglas de disciplina financiera, las alertas de endeudamiento, los límites legales aplicables y, cuando corresponde, la autorización del Congreso local. Dicho con claridad: la autorización federal de 1.7 billones no aumenta automáticamente el margen legal para que Jalisco pida prestado.

La educación permite dimensionar todavía mejor la escala del endeudamiento, tras la aprobación del Presupuesto de Egresos federal de 2027 por la Cámara de Diputados el 11 de noviembre de 2026, la Secretaría de Educación Pública contará con una asignación cercana a 580 mil 250 millones de pesos, esto significa que los 1.7 billones de pesos de endeudamiento interno neto equivalen aproximadamente a 2.93 presupuestos anuales completos de la SEP federal.

En Jalisco, el proyecto presupuestal para 2027 contempla alrededor de 50 mil 288 millones de pesos para el rubro educativo estatal; con esa referencia, la misma autorización de deuda equivale a 33.81 años de ese gasto educativo, es indispensable señalar que esta última cifra corresponde al rubro de educación del proyecto estatal y no debe confundirse automáticamente con el presupuesto administrativo de una sola dependencia, dicho de forma cercana: la magnitud del endeudamiento federal autorizado equivale a casi treinta y cuatro ejercicios completos de los recursos propuestos para la educación en Jalisco, si ese presupuesto permaneciera fijo, son equivalencias para entender la escala, no dinero asignado a escuelas ni una propuesta de sustituir otros gastos del país.

También debe examinarse el costo de mantener la deuda, para 2027 se ha manejado una proyección de costo financiero federal cercana a 1.575 billones de pesos anuales, dividida entre 365 días, equivale a un promedio contable de alrededor de 4 mil 315 millones diarios: poco más que todo un presupuesto anual de San Pedro Tlaquepaque, cuyo proyecto para 2027 ronda los 4 mil 8 millones, la expresión “diariamente” ayuda a dimensionar el monto, pero no quiere decir que el Gobierno pague exactamente esa cantidad cada jornada. Además, ese costo comprende las obligaciones financieras del sector público consideradas en el presupuesto y no es el interés generado exclusivamente por la nueva autorización de 1.7 billones, sino de su conjunto.

Frente a las necesidades de salud, una comparación también resulta útil si se presenta con responsabilidad, tomando como referencia un costo de 29 millones de pesos por un tomógrafo de alta capacidad, los 1.7 billones representarían, en términos estrictamente aritméticos, alrededor de 58 mil 620 equipos, eso no significa que el IMSS necesite esa cantidad ni que el dinero deba gastarse así, un servicio de diagnóstico requiere áreas acondicionadas, médicos, técnicos, energía, mantenimiento, insumos y presupuesto de operación, lo relevante es visualizar la magnitud del financiamiento frente a una necesidad concreta del sistema de salud.

En materia de justicia, el comparativo tampoco es menor, Si se toma como referencia una asignación propuesta para la Fiscalía General de la República cercana a 20 mil 894 millones de pesos para 2027, el techo de endeudamiento equivale a unas 81 veces ese presupuesto annual, ello no debe confundirse con la suma de los presupuestos de todas las fiscalías estatales del país, que tienen fuentes, competencias y asignaciones distintas. La comparación abre una discusión pertinente: la investigación de los delitos demanda personal, laboratorios forenses, tecnología, capacidades de investigación, protección a víctimas y coordinación institucional; no basta con elevar una partida presupuestaria si no existen metas y resultados verificables.

En materia de desarrollo social, los 1.7 billones también pueden dimensionarse frente a las asignaciones presupuestarias, con una referencia de alrededor de 543 mil 500 millones de pesos para la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores en 2027, el techo de deuda representa aproximadamente 3.13 veces ese programa annual y frente a un conjunto de programas prioritarios de bienestar por alrededor de 1.025 billones, representaría 1.66 veces su monto, ninguna de esas equivalencias mide, por sí sola, reducción de pobreza o progreso social, para conocer los resultados hace falta observar indicadores como carencias de salud y educación, seguridad social, ingreso, vivienda y acceso a servicios básicos, además de evaluaciones de los programas.

La discusión presupuestaria seria requiere considerar también los beneficios del financiamiento, el endeudamiento público puede servir para sostener inversión en infraestructura que produzca valor durante décadas, pero tiene un costo y compromete ingresos futuros, sus defensores pueden destacar la continuidad de programas y proyectos; sus críticos pueden señalar la presión de los intereses sobre el gasto disponible, ninguno de esos argumentos debería reemplazar las preguntas concretas: ¿qué parte financia déficit?, ¿qué se invierte realmente?, ¿cuáles son las tasas y vencimientos?, ¿qué proyectos federales se ejecutan en Jalisco?, ¿qué resultados medibles dejan y cuánto costarán finalmente?

En resumen, 1.7 billones de pesos equivalen a casi nueve presupuestos anuales del Gobierno de Jalisco y a más de 130 presupuestos completos de Guadalajara, esa cifra no se le entrega automáticamente al estado ni a sus municipios, pero su financiamiento y su costo forman parte de las decisiones nacionales que también afectan a los jaliscienses. La deuda no debe juzgarse exclusivamente por el tamaño de lo que se pide prestado, sino por la capacidad de pagarlo, la calidad de las inversiones y el bienestar público que produce, cuando las cantidades alcanzan estas dimensiones, exigir cuentas deja de ser un asunto técnico de especialistas y se convierte en un ejercicio elemental de responsabilidad democrática.

Nota editorial sobre las cifras, las equivalencias son cálculos aproximados sobre los montos de referencia citados; se comparan presupuestos de distintos ejercicios y algunas asignaciones federales de 2027 corresponden a proyectos sujetos a su aprobación definitiva.

 

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