REFLEXIONES
Por Gonzalo Leaño Reyes
Director General
El pasado 10 de septiembre inició formalmente el proceso electoral para los comicios del domingo 6 de junio del 2027, una jornada en la que se elegirán diputadas y diputados federales, gobernadoras y gobernadores de 17 entidades federativas, 31 congresos locales, ayuntamientos de 30 estados y alcaldes en la Ciudad de México. En Jalisco votaremos por 38 diputadas y diputados, 125 ayuntamientos. Casi 20 mil cargos federales, estatales y municipales estarán en juego.
La ley electoral establece que el inicio del proceso electoral debe comenzar con actividades de organización del INE, de los institutos electorales y de los partidos, pero estas últimas en forma interna.
Sin embargo, los partidos han encontrado la manera no sólo de iniciar sus procesos internos, sino también de dar a la publicidad los nombres de sus elegidos, especialmente para las gubernaturas.
Por lo menos seis partidos políticos –Morena, PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, PT y Verde—más los que se sumen en las elecciones estatales y municipales, competirán en esa gigantesca jornada electoral, y quedarán muchos puestos más para las elecciones de 2030 en la que se renovarán la Presidencia de la República, senadurías, más gobiernos estatales y nuevamente todos cargos locales, con la salvedad de que para entonces se habrá eliminado la posibilidad de la reelección.
El tema electoral se ha convertido en un verdadero galimatías, tanto por su tamaño como por la cantidad de reglas que le han ido añadiendo, una de las cuales es la paridad de género. Lejos de simplificarse la actividad electoral, se ha ido complicando al paso de los años. Antes del año 2000 México estaba ansioso de tener unas elecciones completamente libres, se hicieron cambios muy importantes, pero también otros que vinieron a complicar los comicios; hasta el original Instituto Federal Electoral (IFE) ha sufrido cambios, inclusive de nombre; hoy se llama Instituto Nacional Electoral (INE); la credencial de elector se ha modificado en varias ocasiones, y la función de la autoridad electoral sufre constantes transformaciones.
¿Era esto lo que buscábamos hace más de treinta años cuando los ciudadanos impulsamos la idea de unas elecciones modernas, libres y confiables? La respuesta es: no. ¿Hubiéramos optado por unos comicios que costaran más de trece mil millones de pesos tan sólo para elegir diputados federales o por un INE con un presupuesto anual mayor a treinta y un mil millones de pesos, más lo que gastan los institutos estatales? Definitivamente, no. Seguramente habríamos preferido seguir con el viejo sistema del “tapado”.
No estamos en contra de la democracia, de ninguna manera, al contrario. Pero el nivel al que han llevado los procesos electorales en nuestro país resulta poco atractivo, difícil de explicar y quizá hasta incomprensible para la mayoría de los ciudadanos. Por lo pronto, eso es lo que tenemos, ojalá que no lo sigan complicando.
