NOTA DEL EDITOR
Por Alfonso Gómez Godínez
De cara a estos últimos meses del año el país, y por lo tanto también en Jalisco, se acelera la agenda electoral para los próximos comicios de 2027. Las autoridades responsables avanzan en sus calendarios de trabajo. Se ha realizado la instalación del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) y, en Jalisco, tenemos un nuevo presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) en la persona de Ernesto Santana Bracamontes.
Existen fundadas esperanzas de un trabajo objetivo, eficiente e imparcial del nuevo presidente en función de sus altas calificaciones académicas y avalada trayectoria profesional. Será una garantía de estabilidad y certeza en un proceso electoral que se avizora complejo y de alta competitividad principalmente entre los partidos Movimiento Ciudadano y Morena.
A la par, los partidos políticos – adelantando tiempos y vísperas- y poniendo en entredicho, en algunos casos, las normas electorales, definen estrategias y orientan acciones. El caso más evidente se da en Morena desdoblando sus nominaciones bajo la figura de “Coordinadores de la Defensa de la Transformación y la Soberanía” empezando con gubernaturas y continua ahora para los distritos federales y terminar con nominaciones en distritos locales y en los municipios.
Independientemente del andamiaje institucional que tendrán que consolidar las autoridades electorales para que se puedan realizar comicios en un contexto de competencia, equidad, certeza, libertad, seguridad y alta participación ciudadana y que favorezca la calidad de la democracia electoral, aparecen otros puntos que deben ser punto de atención de la ciudadanía, de los electores.
La calidad del próximo proceso electoral no garantiza que nuestro sistema de democrático permita mejorar la calidad de nuestros representantes que ocuparán los miles de puestos y cargos que estarán en juego.
La alternancia partidista, la participación ciudadana y el respeto al voto no necesariamente ha significado que lleguen los mejores a los espacios de representación popular. En el Congreso de la Unión como en los Congresos locales se cuenta con abundante material para sostener dicha afirmación; recuperemos en nuestra memoria los disparates, las ocurrencias, los desplantes, las trifulcas que se han escenificado en dichos recintos.
La calidad de la elite política es un tema central para los momentos tan complejos que vivimos. Una calidad que evidentemente significa posesión de autoridad moral, de ética, de principios y valores, como estandarte que guía el quehacer del representante popular.
Es una constante histórica y universal que una elite gobernante que muestra signos evidentes de decadencia moral y ética, las naciones aceleran sus colapsos y sobrevienen períodos de crisis, enfrentamientos y desesperanza.
En los tiempos hegemónicos del PRI, la oposición de la época apuntaba su dedo flamígero para acusarlo de corrupción, del mal uso de los recursos públicos, de enriquecimiento ilícito; la realidad es que la alternancia no significó que algunos de los nuevos que llegaron cambiaran de prácticas y gustos. Ahora sí que buenos y malos existen en todos los partidos políticos, el problema es que los primeros puedan llegar.
Los ciudadanos tendremos la responsabilidad de impulsar y votar por aquellos aspirantes, independientemente de fobias y filias partidistas, que cuentan con un historial apegado a la moralidad pública y privada.
Pero el problema no solo se limita a la calidad ética y moral del representante, sino también de sus capacidades, de su formación, de su visión y programa para cambiar el actual estado de cosas.
La democracia no debe limitarse a la elección de los representantes populares, sino una democracia que genere incentivos para el desarrollo y el bienestar de la sociedad y eso implica, entre otros factores, elegir una representación altamente calificada. Gobernar no es un asunto de popularidad, es una exigencia cotidiana por buenos resultados.
