Por Ismael Zamora Tovar
Doctor en Educación UAG
En México hablamos con frecuencia de pobreza, desigualdad y crecimiento económico. Nos preguntamos por qué unos tienen tanto y otros tan poco. Debatimos si hay que subir salarios, cobrar más impuestos o ampliar los programas sociales. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a discutir una pregunta quizá más importante: ¿qué ocurre cuando la riqueza deja de ser sólo riqueza y se convierte en poder?
Ése es el verdadero debate.
Tener dinero siempre ha significado tener más opciones: mejores escuelas, mejores hospitales, más oportunidades para emprender o invertir. Hasta ahí, pocos lo discutirían. El problema aparece cuando una gran fortuna también permite influir en las decisiones del gobierno.
No hace falta imaginar conspiraciones ni pensar que los empresarios gobiernan desde la sombra. La influencia suele ser mucho más sutil. Quien dispone de enormes recursos puede financiar campañas políticas, contratar despachos especializados para hacer cabildeo, impulsar iniciativas, influir en la conversación pública o defender con mayor facilidad sus intereses frente al Estado. El dinero no compra automáticamente las decisiones, pero sí abre muchas puertas.
Y cuando eso sucede de manera sistemática, la democracia comienza a desequilibrarse.
El riesgo no es que existan personas ricas. Las sociedades necesitan empresarios que inviertan, innoven y generen empleos. El verdadero riesgo es que algunas fortunas lleguen a ser tan grandes que puedan influir en las reglas que deberían aplicarse por igual para todos.
Ahí comienza un círculo difícil de romper. La riqueza facilita la influencia política; esa influencia puede traducirse en decisiones favorables; esas decisiones generan todavía más riqueza, y esa nueva riqueza vuelve a aumentar la influencia. Poco a poco, el poder económico y el poder político empiezan a alimentarse mutuamente.
México no es ajeno a esta realidad.
Nuestro país ha logrado avances importantes en los últimos años. La pobreza ha disminuido y el salario mínimo ha recuperado parte de su poder adquisitivo. Son buenas noticias que merecen reconocerse. Pero al mismo tiempo seguimos siendo una de las economías con mayores niveles de desigualdad entre los países desarrollados y una sociedad donde la movilidad social continúa siendo limitada. En otras palabras, el lugar donde una persona nace sigue influyendo demasiado en las oportunidades que tendrá durante su vida.
A esto se suma otro problema: muchos sectores económicos permanecen altamente concentrados. Cuando pocos actores dominan un mercado, la competencia disminuye, las oportunidades para nuevos participantes se reducen y aumenta la capacidad de esos grupos para influir en las políticas públicas.
Por eso la discusión sobre los impuestos suele plantearse de manera equivocada.
Cada vez que se habla de una reforma fiscal, el debate se reduce a una pregunta muy simple: ¿quién va a pagar más?
Pero la cuestión de fondo es otra.
Los impuestos no sólo sirven para financiar carreteras, hospitales o escuelas. También ayudan a definir cuánto poder económico puede concentrarse en una sociedad. Un sistema tributario progresivo no busca castigar el éxito; busca evitar que la acumulación de riqueza alcance niveles capaces de alterar el equilibrio democrático.
Visto así, los impuestos dejan de ser únicamente un instrumento económico y se convierten en una institución que protege a la propia democracia.
Naturalmente, tampoco se trata de pensar que todo se resuelve cobrando más impuestos. Una mala política fiscal puede desalentar la inversión y afectar el crecimiento. El desafío consiste en encontrar un equilibrio: incentivar la creación de riqueza sin permitir que ésta termine convirtiéndose en privilegio político.
La experiencia internacional muestra que los países con democracias más sólidas suelen compartir ciertas características: instituciones independientes, autoridades regulatorias fuertes, reglas claras de competencia, transparencia en el financiamiento político y sistemas fiscales con mayor capacidad redistributiva. Ninguna de estas medidas elimina la desigualdad, pero todas ayudan a impedir que el dinero compre una influencia desproporcionada.
En México, esta conversación apenas comienza. Durante décadas discutimos cómo distribuir mejor el ingreso. Ahora necesitamos preguntarnos también cómo distribuir mejor el poder.
Porque una democracia sana no depende únicamente de que existan elecciones libres. También depende de que ningún grupo económico, político o social tenga la capacidad de capturar las instituciones para ponerlas al servicio de sus propios intereses.
En este punto, las universidades tienen una responsabilidad que con frecuencia pasa desapercibida. Su misión no consiste solamente en formar profesionistas para el mercado laboral. También deben formar ciudadanos capaces de comprender cómo funcionan las instituciones, distinguir entre interés público e interés privado y exigir gobiernos transparentes y responsables. Una democracia necesita buenos empresarios y gobernantes, pero también necesita ciudadanos con criterio para evaluar el ejercicio del poder.
Al final, la discusión no es si México debe tener personas ricas. Una economía dinámica las necesita. La verdadera pregunta es otra: ¿queremos que la riqueza sea el resultado del talento, el trabajo y la innovación, o queremos que también se convierta en la llave que abre las puertas del poder político?
De la respuesta que demos dependerá no sólo el futuro de nuestra economía, sino también la calidad de nuestra democracia.
