Conforme han pasado los días, la confirmación de que algunas de las prácticas del viejo sistema político están de regreso ha sido una constante
Por José Antonio Elvira de la Torre
El pasado miércoles 28 de agosto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó por mayoría de sus integrantes ratificar el proyecto final de asignación de diputaciones federales que el Instituto Nacional Electoral había aprobado en su sesión del viernes 23, en donde los partidos MORENA, PVEM y PT, que conformaron la coalición “Sigamos Haciendo Historia” en la elección de 2024, obtuvieron con el 54.7% de la votación de diputados federales el 73% de los integrantes de la Cámara de diputados, argumentando que:
La asignación era correcta porque ningún partido político en lo individual estaba por debajo o por encima del umbral del +/- 8% de diferencia entre los votos que recibieron en las urnas y el número de Diputados que tendrán en la Cámara.
No se había encontrado ninguna violación al criterio de la “militancia efectiva” de diputadas o diputados electos bajo las siglas de un partido político integrante de la coalición, pero que en realidad militaran en otro de ellos.
En el TEPJF no sólo las impugnaciones que presentaron los partidos de oposición no fueron consideradas, sino que, incluso, no se tomaron en cuenta criterios anteriormente aprobados en la Suprema Corte y que habían sido presentados por la propia exministra Olga Sánchez Cordero para que en la asignación de la representación proporcional que las reglas de nuestro sistema electoral estipulan, no sólo se partiera de una interpretación literal de la legislación y fueran atendidos criterios como la distorsión de la representación en perjuicio de las minorías.
Conforme han pasado los días, la confirmación de que algunas de las prácticas del viejo sistema político están de regreso ha sido una constante. Tan tarde, como al día siguiente de la ratificación en el Tribunal de la integración de la Cámara de Diputados, las fracciones del PVEM y PT “transfirieron” 21 de sus diputados a la fracción legislativa de MORENA, con lo cual este partido, con tan sólo el 40.84% de la votación de diputados federales, en realidad tendrá una bancada de 257 diputadas y diputados, que en términos reales representa un 51.4% del total de la Cámara (casi 11% de sobre representación). El propósito es simple, tener la mayoría absoluta para controlar administrativa y políticamente.
Este hecho por sí sólo es cuestionable, aún sin considerar los efectos que tendrá en el funcionamiento y resultados que genere este órgano legislativo. Los partidos en cuestión ignoran la voluntad de los electores en las urnas y determinan con base en su propio criterio e intereses el tamaño de las fracciones legislativas. Esta acción no puede juzgarse como una decisión estratégica que busca mantener la coalición electoral, ahora como coalición legislativa, dado que por los enormes incentivos que tienen PVEM y PT de no terminar su acuerdo de cooperación con el partido en el gobierno federal y con más representación en el Congreso, se da naturalmente. El problema es que le dieron la vuelta a la Constitución y a la legislación en la materia, sin importar que, en el proceso, la credibilidad de los consejeros del INE y de los Magistrados del TEPJF que aprobaron el proyecto de asignación de diputados, termine cuestionada.
Uno de los primeros ejemplos de cómo puede ser el funcionamiento de la LXVI Legislatura y la interacción entre los diversos grupos parlamentarios a partir de la mayoría calificada que encabeza MORENA, fue la aprobación en la madrugada del miércoles 4 de septiembre del proyecto de Reforma al Poder Judicial de la Federación propuesta por el actual jefe del Poder Ejecutivo, con 359 votos a favor y 135 en contra. En resumen, el funcionamiento de la mayoría fue implacable. No sólo sesionaron en una sede alterna ante el bloqueo de trabajadores del Poder Judicial de la Federación que protestaban contra la eventual aprobación de la reforma, sino que ignoraron cualquier planteamiento planteado por los diputados de otros partidos quienes solo pudieron alargar el intenso debate, pero sin consecuencia alguna para el proyecto.
En resumen, el proyecto aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados implica la modificación, o adición, o derogación, de 20 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se muestran a continuación.
Algunos de los más discutidos han sido, como ya se han identificado:
La modificación del mecanismo de designación de los cargos de ministros de la Suprema Corte, Magistrados del Tribunal Electoral, del Tribunal de Disciplina Judicial y de Distrito, así como Jueces de Distrito, por elección mediante voto directo de la ciudadanía (artículo 96).
La eliminación del Consejo de la Judicatura para crear una nueva doble estructura, el órgano de administración judicial y el órgano de disciplina judicial (artículo 94).
La disminución del número de integrantes de la Suprema Corte de Justicia, que pasaría de 11 a 9 y la duración en el cargo de 15 a 12 años (artículo 94).
El mecanismo de designación de la presidencia de la Suprema Corte y la duración en el cargo de dos años y con rotación que dependerá del número de votos obtenido por cada ministro (artículo 94).
La eliminación del requisito de la edad de 35 años, la antigüedad del título de 10 a 5 años, la determinación de calificaciones académicas mínimas en las materias cursadas con base en la especialidad del cargo a que se postula, 8 y 9 de calificación (artículo 95).
El procedimiento de aprobación de la reforma aún requiere la aprobación por mayoría calificada del Senado y por las Legislaturas de los estados. La segunda es mero trámite, pues MORENA gobierna 23 entidades y el PVEM una. En el Senado se anticipa una fuerte confrontación, no sólo por la extraña interpretación del número que se requiere para contar con dicha mayoría que ha sido deslizada tanto por el Coordinador de la fracción de MORENA en el Senado como por el propio presidente de la Mesa Directiva, también aliado. En una oda a la falta de respeto a la ciudadanía, consideran que la mayoría calificada no se alcanza con 86 Senadores, porque, dicen, se alcanza con 85 y fracción de integrantes de la Cámara, pero que la fracción, al no ser mayor del .5, puede interpretarse a la baja para cerrar la cifra en 85 miembros (con los que ya cuentan al sumar a dos Senadores electos por el PRD, pero que ya se integraron a la fracción de MORENA). Es tal el argumento, que discutirlo parece insustancial. Pero, por si las dudas. Si la mayoría calificada supera, aún sea por una fracción al 85, por tanto, se requiere una cantidad de Senadores superior a esa cifra para garantizarla, en este caso 86.
Lo verdaderamente importante está en el juego de incentivos positivos y negativos que se desatará con toda brutalidad, no sólo en el Senado, sino desde Presidencia de la República para obtener ese voto faltante. Al grado tal, de que los Senadores de las fracciones parlamentarias de oposición (PAN, PRI y MC), han salido a declarar públicamente, en actos mediáticos, que ninguno de sus Senadores traicionará la confianza de los electores y votarán en contra la propuesta de reforma. De la misma forma, organizaciones ciudadanas están generando un seguimiento personalizado de cada uno de los Senadores de la oposición (parecida a la marca que Claudio Gentile, medio de contención de la selección de Italia en el mundial de 82 y que fue la campeona del mundo en esa justa, realizó en juegos consecutivos sobre dos de los más grandes futbolistas de la historia, Maradona de Argentina y Zico de Brasil), para tratar de que ninguno se sume y otorgue la mayoría calificada a MORENA y sus aliados.
Faltan pocos días, de horas lentas, para descubrir el resultado.
