Por Juan Carlos Hernández Ascencio
Mtro. en Gestión Social y Políticas Públicas
@juancarleis2020
Haciendo imperar el Estado de Derecho, una vez más los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una votación de 9 a favor y 2 en contra, mostraron el talento y sentido ético y práctico en la revisión del llamado Plan B con respecto a lo que dicta la Carta Magna en cuanto a la revisión y procedimientos de la propuesta hecha por el Legislativo el pasado 2 de marzo con la que se pretendía cambiar la reforma electoral ultima del 2014 y con la que el INE ha venido operando la organización de elecciones en este país. Los ministros invalidaron la propuesta de reforma electoral conocida como Plan B.
Los ministros de la Suprema Corte argumentaron que los motivos de su decisión fueron porque en el Legislativo incurrieron al menos en siete violaciones graves que motivó hacer el análisis y determinar un potencial invalidante. Con ello, la sentencia tiene efectos inmediatos y ante este panorama se tendrá que trabajar la organización del proceso electoral con miras al 2024 con la Ley Electoral vigente del 2014, que no podrá ser modificada sino hasta después del 2024.
Pensar que la Constitución Política se puede manipular al gusto y capricho de quien sea es un despropósito de no querer la estabilidad política y social de este país; es decir, por lo tenso que esté o se pueda poner la situación, no es propicia para generar complicaciones sobre todo en materia electoral, cuando a organización de elecciones nunca ha sido problema.
Las leyes están para hacerse cumplir y para cumplirlas, si esto es así, solo queda hacer respetar el estado de derecho. Ante ello, en hora buena la determinación conforme a derecho de las y los ministros de la SCJN que han mostrado sensibilidad también al llamado de la ciudadanía, que desde un principio y por dos ocasiones se manifestaron en forma multitudinaria en rechazo a la afectación de la institución que por excelencia es la responsable de organizar junto con el invaluable apoyo de la ciudadanía las elecciones.
En México, la sana división de poderes es de relevante importancia para salvaguardar el equilibrio y la legalidad; en tal sentido, que bien que existe una instancia resguardadora y revisora de la Ley, sobre todo cuando hay excesos de irregularidades en sus procesos de modificación de la misma. Simplemente no es funcional.
La obligación de respetar la ley es de todos: funcionarios públicos y ciudadanía en general. ¿Qué será lo que no se entiende, para sí hacerlo? La estabilidad política de México estriba en tener instituciones fincadas en la solvencia ética y profesional, que fundamente el respeto al estado de derecho; es por ello que los tres poderes se deben sujetar en el irrestricto respeto de la ley que a cada uno le toca.
No vislumbramos un país de injusticia en la aplicación de la norma, craso error será dejar hacer y dejar pasar en la inteligencia de menoscabar la legalidad en detrimento del ciudadano en lo particular como de lo universal. Imposible. Simplemente ello provocaría una selva de la arbitrariedad y a mal puerto nos conduciría violentar las leyes que están para proteger y ayudar en cada artículo estipulado para ello, desde al menos el Constituyente de 1917.
Que no sean épocas obscuras, más bien que sea el tiempo de que venga la paz social ahuyentando los demonios desestabilizadores del país y generando mejor la participación de la ciudadanía en el interesante proceso electoral, como también en la cosa pública. México nos necesita y una vez más las y los magistrados de la Suprema Corte han dado cabal y valiente demostración en la aplicación de la justicia, exactamente en el justo medio aristotélico. Otra vez que no llegue el rumor de la discordia.
