Por José Antonio Elvira de la Torre
Prof. del Departamento de Estudios Políticos del CUCSH de la UdeG
Por la vía de los hechos, y sin que haya sido aprobada formalmente la reforma electoral impulsada por la Presidencia de la República y la coalición congresional de MORENA, PT y PVEM, los organismos electorales administrativos y jurisdiccionales, tanto de carácter nacional como en las entidades de la República, han comenzado a sufrir recortes a sus presupuestos que no solamente contravienen las disposiciones constitucionales respecto de la autonomía financiera de estos entes públicos, sino que ponen en riesgo su autonomía técnica y de gestión para llevar a cabo sus tareas y responsabilidades, entre ellas, la realización de procesos electorales con legalidad y profesionalismo.
Según un reporte elaborado en el Instituto Nacional Electoral, durante 2022, al menos 25 de los 32 organismos electorales locales (casi el 80%), sufrieron en alguna medida recortes a los recursos que los gobiernos estatales de las respectivas entidades federativas deben aportarles (los recortes oscilan entre el 41% y 65% de los presupuestos solicitados originalmente).
En algunas entidades, un efecto derivado de este recorte de recursos es la afectación del financiamiento público que debe otorgarse a los partidos políticos, violando lo expresado en el artículo 41 de la Constitución Federal, además de crear condiciones de inequidad para el desarrollo de las tareas de vinculación y representación política entre los partidos que ejercen los gobiernos estatales y los que son oposición.
Existe una amplia coincidencia colectiva de que es necesario, y también posible, que tanto la organización de las elecciones como el funcionamiento de los organismos electorales sean más eficientes en el manejo de los recursos públicos y cuesten menos. Sin embargo, este proceso de disminución del costo de nuestra democracia no puede simplemente ignorar e incumplir la institucionalidad construida durante los últimos 30 años, ni depender de la voluntad de un gobierno estatal o nacional para entregar los recursos o para establecer su visión particular sobre dónde deben hacerse estos ajustes y recortes.
Repensar las estructuras estatales y distritales en el caso del INE, y también municipales en el caso de los OPLES, no significa solamente la reducción del número de integrantes y personal que los conforman o la disminución del tiempo en que funcionan, implica la discusión técnica responsable sobre los procesos y los resultados que deseamos respecto de los comicios en primer término, pero también de la calidad de nuestra democracia en el fondo de la discusión. La discusión de si los consejeros electorales ganan mucho dinero o no, no puede estar por encima de garantizar los recursos y los insumos necesarios para garantizar que los organismos lleven a cabo elecciones imparciales, competidas, legalmente impecables.
Pueden revisarse el número de empleados y las percepciones en las salas Regionales, Tribunales locales, Juntas distritales y OPLES, pero no sabotear el cumplimiento de las tareas sustantivas que se les han encomendado, porque eso impide que cumplan su razón de ser y produzcan los bienes y el valor público para los que fueron creados.
