Por Ángel Nakamura López
Periodista
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reavivó el debate sobre la figura del fuero constitucional —también llamada inmunidad parlamentaria—, un tema recurrente en el escenario político mexicano, entre quienes lo consideran un escudo para la impunidad y quienes lo defienden como una garantía institucional para el ejercicio de funciones legislativas.
A principios de octubre, la titular del Ejecutivo anunció su intención de incluir en la próxima reforma electoral una iniciativa para eliminar el fuero de diputados y senadores.
Pero ¿cuál es el trasfondo legal del fuero en México, los argumentos a favor y en contra de su supresión y los retos institucionales que implica?.
¿Qué es el fuero constitucional?
Según el Diccionario de términos parlamentarios del Sistema de Información Legislativa (SIL), el fuero (o inmunidad parlamentaria) es un privilegio legal que protege a ciertos funcionarios públicos de ser detenidos, procesados o juzgados sin la autorización del órgano legislativo correspondiente.
En México, la protección se ejerce en dos vertientes:
Inviolabilidad de opiniones (Artículo 61 constitucional): los legisladores no pueden ser reconvenidos por las opiniones, discursos o votos que emitan en el ejercicio de sus funciones, lo que protege su libertad de expresión parlamentaria.
Fuero como inmunidad procesal (Artículo 111 constitucional): los legisladores y otros servidores públicos no pueden ser objeto de detención o procesos penales por delitos comunes sin que la cámara correspondiente conceda previamente la declaración de procedencia (“desafuero”).
La lógica histórica detrás de este mecanismo es evitar persecuciones políticas que obstaculicen la función legislativa, garantizando que los cargos electos no sean objeto de acciones penales motivadas por sus opositores.
Sin embargo, con los años ese privilegio ha sido criticado por su uso indebido para proteger a funcionarios acusados de corrupción u otros delitos.
Es importante destacar que el fuero constitucional no significa impunidad automática: la Constitución prevé procedimientos para que las cámaras puedan autorizar los procesos en su contra mediante declaración de procedencia.
La propuesta de Sheinbaum: “que no haya fuero”
Durante su conferencia matutina del pasado primero de octubre, la presidenta Sheinbaum planteó que su administración promoverá una reforma electoral con el propósito de eliminar el fuero de diputados y senadores.
“Que no haya fuero; ¿por qué tiene que haber? Eso es del pasado… la Presidenta no tiene, pues tampoco deberían tenerla los diputados y senadores”, sostuvo la mandataria.
Según lo anunciado, la iniciativa se elaborará hacia diciembre y oficialmente se presentaría en febrero de 2026. Su aplicación dependerá, en gran medida, de los tiempos legislativos y de las negociaciones en el Congreso.
La presidenta justifica su propuesta como un mecanismo para fortalecer la rendición de cuentas, combatir la impunidad y equiparar a los legisladores con el resto de los ciudadanos ante la ley.
La iniciativa ya ha enfatizado que, si el fuero se interpreta como un permiso para delinquir, dicha figura debe corregirse. También algunos liderazgos parlamentarios han manifestado apertura al debate, siempre que no se vulneren otros principios como la libertad de expresión legislativa.
Argumentos en favor y en contra
A favor
A favor de su eliminación, voces argumentan que esto brindaría igualdad ante la ley y rendición de cuentas. Al suprimir el fuero, todos los representantes quedarán sujetos a los mismos procedimientos legales que cualquier ciudadano, sin privilegios excepcionales. Esto podría fortalecer la confianza pública y disminuir la percepción de que los funcionarios están por encima de la ley.
También conlleva una reducción de la impunidad política. En múltiples casos, el fuero ha servido como escudo para dilatar procesos o evitar que funcionarios sean imputados, recluidos o procesados judicialmente en tiempo. Eliminar esa barrera puede contribuir a que actos de corrupción o delitos comunes sean juzgados con mayor eficacia.
De igual manera, se vería como un desincentivo al uso político de figuras de privilegio. La eliminación del fuero busca desactivar mecanismos de protección política que se pueden aprovechar como escudos partidistas frente a investigaciones legítimas.
En contra o reservas
Los sectores políticos que están en contra de eliminar el fuero constitucional consideran que esto es un riesgo para la función legislativa y la autonomía del poder parlamentario
Algunos críticos advierten que sin la protección del fuero, la amenaza de procesos penales podría convertirse en herramienta de presión política contra legisladores críticos, afectando la independencia y la deliberación legislativa.
También derivaría en un desequilibrio institucional. La eliminación del fuero por decreto o cambio constitucional sin mecanismos adecuados de garantía podría debilitar el equilibrio entre poderes, especialmente si se omiten salvaguardas para evitar abusos desde el Poder Ejecutivo o el Judicial.
De igual manera, están en contra por cuestiones técnicas y de transición legal. Cambiar un régimen constitucional de inmunidad implica ajustes detallados: definir cómo serán los procedimientos transitorios, asegurar que no haya vacíos jurídicos, diseñar mecanismos de desafío legal a acusaciones improcedentes, etc.
Los aspectos de inconstitucionalidad y retroactividad son otro rol que argumentan en contra. La reforma deberá respetar principios constitucionales como el debido proceso, la seguridad jurídica y la no retroactividad en perjuicio de las personas. Cualquier diseño mal calibrado podría suscitar impugnaciones ante la Suprema Corte u otros órganos constitucionales.
Retos institucionales y procedimiento legislativo
Para que la eliminación del fuero sea viable, deben superarse varios retos, dado que es una reforma constitucional. Recordemos que la inmunidad procesal está consignada en el artículo 111 de la Constitución, por lo que su supresión exige cambiar el texto constitucional, lo que requiere votos calificados y amplios consensos en el Congreso de la Unión.
Diseño de mecanismos alternativos de protección: aunque se elimine el fuero penal, podría mantenerse la inviolabilidad de opiniones legislativas (libertad de expresión en el desempeño del cargo), con salvaguardas para evitar que discursos produzcan responsabilidad penal directa.
La reforma debe prever qué sucede con los casos que ya están en trámite o con las declaraciones de procedencia ya emitidas. Un diseño mal formulado puede generar litigiosidad e impugnaciones por retroactividad.
Por supuesto, habría una resistencia política a la eliminación del fuero. Los legisladores que hoy gozan del fuero pueden resistirse a perder esa protección, pues implica exponerse más directamente a acusaciones judiciales. Además, los partidos que dependen de ventajas institucionales podrían obstaculizar el cambio.
Es esencial que, al eliminar el fuero, las instancias judiciales y los criterios de admisión no favorezcan al poder político dominante ni den margen para juicios arbitrarios.
Implicaciones para Jalisco.
Desde la perspectiva de Jalisco, esta propuesta puede tener efectos concretos e importantes:
Mayor control local. Si el fuero legislativo federal cae, podría generar un efecto de presión para que las entidades federativas revisen o ajusten sus propios regímenes de inmunidad. En Jalisco, eliminar el fuero sería una señal de alineamiento con la rendición de cuentas al más alto nivel.
Desafíos en casos estatales. La eliminación del fuero federal no modifica de manera automática los fuero o privilegios existentes en la Constitución del estado, ni en la legislación local. Por ello, Jalisco podría considerar armonizar su marco jurídico para evitar disparidades.
Detonante de mayor litigiosidad local. Si los legisladores o representantes locales pierden inmunidad federal, podrían enfrentarse más frecuentemente a demandas o procesos judiciales, lo que demanda una judicatura estatal robusta y mecanismos legales bien diseñados.
Clima institucional. En un estado con una política activa como Jalisco, la eliminación del fuero nacional puede aumentar la presión hacia gobiernos locales para elevar sus estándares de transparencia, pero también podría generar tensiones por acusaciones político-judiciales entre fuerzas locales.
La propuesta de Claudia Sheinbaum de eliminar el fuero constitucional a diputados y senadores representa un desafío de gran calado para el sistema político mexicano. Si bien busca consolidar la rendición de cuentas y limitar privilegios institucionales, su implementación requiere un diseño legislativo cuidadoso, protección de derechos, garantías institucionales claras y consenso político.
Para Jalisco, el debate no es ajeno. Como entidad con tradición de participación política activa, cualquier cambio en el diseño institucional federal repercute en la praxis local: ya sea para armonizar reglas de inmunidad, reforzar mecanismos judiciales o defender una mayor transparencia.
En última instancia, la verdadera medida del éxito de esta reforma no estará en su anuncio, sino en la solidez de su arquitectura legal y su visión estratégica de un Estado de Derecho.
