Por José Antonio Elvira de la Torre
Prof. del Departamento de Estudios Políticos del CUCSH de la UdeG
Las instituciones políticas son reglas que se diseñan para organizar y limitar el ejercicio del poder público, estableciendo libertades y derechos para los ciudadanos que formamos parte de la comunidad política, determinando obligaciones necesarias de cumplir para quienes ejercen cargos de responsabilidad gubernamental y creando organizaciones públicas responsables de velar que se cumplan las disposiciones. Tal es el caso del actual Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que fue creado en 2003, luego de la aprobación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública en 2002.
En los últimos meses, en paralelo a otros temas importantes para nuestra democracia, el apropiado funcionamiento de este organismo ha sufrido diversos embates, comenzando por el recorte a su presupuesto que se aprobó en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y siguiendo en las últimas semanas con la no designación deliberada de tres Comisionados de los siete que integran el Pleno (dos vetados por el Ejecutivo Federal y otro más por aplazar el nombramiento), con lo cual están imposibilitados de sesionar y resolver sobre solicitudes e impugnaciones pendientes.
El problema es importante, ya que garantizar el acceso a la información pública es una herramienta central para generar controles y contrapesos al desempeño gubernamental y, en última instancia, del ejercicio del poder público en un régimen democrático. La transparencia y el acceso a la información no son suficientes, pero sí son indispensables para generar un esquema institucional de rendición de cuentas de quienes ejercen cargos públicos, no sólo de la forma en que se administran los recursos financieros y materiales, sino de las razones por las que se eligen alternativas y se toman decisiones para atender los problemas colectivos.
Como todas las organizaciones públicas, el INAI es susceptible de mejoras, tanto en su eficiencia como en la eficacia y efectividad de su desempeño, con el propósito de generar mayor utilidad social y valor público para nuestra democracia. Por ello, siempre es factible y deseable un proceso de deliberación y construcción de acuerdos entre las fuerzas políticas para mejorar su estructura y su funcionamiento. Sin embargo, la irresponsabilidad de no designar Comisionados no incumple las obligaciones legales del Congreso y sus integrantes (que ya de por sí, es un hecho grave), sino también facilita el incumplimiento de los gobiernos para informar a los ciudadanos sobre decisiones y acciones que les atañen.
Las instituciones existen justamente para proveernos de marcos estructurados de interacción como procedimientos estables y conocidos de cómo vincularnos unos con otros, en este caso ciudadanos y gobiernos. En estricto sentido, no deben importar la “calidad moral” o las “buenas intenciones” de quienes ejercen los cargos gubernamentales, sino las obligaciones formales a que se comprometen al desempeñarlos y, por tanto, las garantías que tenemos como integrantes de esta comunidad, de que sea quien sea que ostente el cargo, estará sujeto a las mismas restricciones y obligaciones.
