Por Carlos E. Martínez Gutiérrez
Consultor en Desarrollo Urbano y Vivienda
@carlosemgtz
Aunque pocos lo saben, pero sí lo experimentan, nuestro país tiene un alto grado de vulnerabilidad a diferentes fenómenos naturales; cerca del 80% del territorio nacional está sujeto a eventos naturales como los ciclones, huracanes y temblores, así como los desastres que ocasionan estos eventos tanto en las zonas rurales como urbanas debido a las grandes extensiones de costas y enclavado en una zona sísmica.
México está catalogado como un país con zonas altamente sísmicas debido a sus características geológicas, con miles de temblores al año que en su mayoría son perceptibles, pero algunos con consecuencias graves. Estamos ubicados sobre la placa llamada de Norteamérica, y en la costa del Océano Pacífico hay tres placas que están subduciendo a la de Norteamérica: la placa de Cocos (al sur de Jalisco), de Rivera (frente a Jalisco) y del Pacífico (en la península de Baja California).
El crecimiento demográfico y su proceso de urbanización agrava el riesgo de vivir un terremoto, y el pasado 19 y la madrugada del 22 de septiembre nos lo recordó. Pareciera que esa fecha -19 de septiembre- se ha convertido no solo para recordar el sismo de gran intensidad de 1985 sino que se han repetido sismos en el 2017 y 2022, curiosamente el mismo día con sus réplicas posteriores.
Si bien en materia de protección civil se ha avanzado considerablemente en la mayoría de las principales ciudades del país, a través de crear conciencia en la población con simulacros de evacuaciones en caso de presentarse este tipo de eventos en las diferentes dependencias gubernamentales e instituciones de diferente tipo estas prácticas, la realidad es que falta mucho por hacer en esta materia, pero va en el sentido correcto.
Pero desgraciadamente este esfuerzo se ve minimizado, y parecieran incongruentes las decisiones que se toman en los diferentes niveles de gobierno o por políticos trasnochados que no abonan a darle seguridad a la población.
Medidas como desaparecer el Fondo de Desastres del presupuesto nacional, la falta de previsión de recursos económicos en este rubro en los municipios, entre otras acciones, dejan a su suerte a la población damnificada en estos eventos.
Si bien es cierto que algunos municipios han contribuido de menor a mayor medida al desastre urbano permitiendo construcciones en zonas de riesgo, en áreas vulnerables, la realidad es que poco o nada hacen para revertir estos riesgos y, peor aún, se implementan políticas públicas, modifican reglamentos, que lejos de abonar a la seguridad de las construcciones van en sentido contrario permitiendo que cualquier persona construya sin las prevenciones debidas de diseño, ubicación y seguridad estructural, en aras de una supuesta mejora regulatoria.
Pero lo que es inadmisible es que los particulares construyan, amplíen o remodelen escuelas sin los diseños y la seguridad estructural ejecutados por los técnicos capacitados para ello, se olvida que este tipo de instalaciones son de seguridad nacional porque se convierten en alberges en casos de desastres. El error en esta política nos lo demuestra la cantidad de daños en escuelas en algunas regiones del país, afortunadamente sin pérdida de vidas.
Cada fenómeno natural nos recuerda lo que hemos dejado de hacer, pero también nos recuerda que falta mucho por hacer, donde deberíamos de empezar a ser congruentes con el decir y hacer
