Por Alfonso Gómez Godínez
@ponchogomezg
La narrativa de desaparecer a los llamados “Órganos Autónomos” se ha venido alimentando desde hace tiempo con la idea de que dichas instituciones no sirven, son reductos de grupos políticos y empresariales, responden a los intereses neoliberales, son un gasto innecesario con altos sueldos y prebendas, principalmente.
Se ha anunciado que el Poder Ejecutivo presentará el próximo cinco de febrero ante el Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional para su eliminación. En el marco de otras reformas como la del sistema pensionario, se argumenta que con los ahorros que se obtendrían con su desaparición se generarían recursos para financiar una tasa de reemplazo de 100% en las pensiones de los trabajadores.
Ante tal propuesta se necesita con urgencia debatir y argumentar sobre la pertinencia de los organismos autónomos y su impacto en la generación de condiciones propicias para un buen funcionamiento de la economía.
Es cierto que Canadá y Japón son economías de mercado, pero Honduras, Bolivia, México y Haití lo son también. Sin embargo, existe una diferencia abismal en el funcionamiento y en los resultados entre dichas economías. Unas generan mayor bienestar social y otras son máquinas de generación de pobreza. ¿Dónde está la diferencia?
La diferencia se encuentra en el tipo de instituciones que tiene cada país y que regulan e intervienen en el mercado. En términos de los economistas Daron Acemoglu y James A. Robinson, existen instituciones inclusivas que favorecen la generación de riqueza y un mayor bienestar de la sociedad, caso contrario a las instituciones extractivas que estancan la economía y empobrecen a la inmensa mayoría de la sociedad.
En este sentido, los organismos autónomos serían instituciones inclusivas cuya tarea sería impulsar el funcionamiento eficiente de los mercados favoreciendo la protección de los derechos de propiedad, fortaleciendo al Estado de Derecho, proteger a los particulares ante los abusos del Estado, promover condiciones de competencia y equidad para todos los participantes.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales apoya a una asignación eficiente del gasto público al transparentar compras y obras públicas, conocer sus montos y proveedores a fin de evitar favoritismos, sobreprecios y mochadas. La Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Reguladora de Energía deben promover la existencia de mercados competitivos para beneficio de los consumidores, reglas para un piso parejo para todos los participantes, eliminando monopolios y prácticas discriminatorias, barreras de entrada, discrecionalidades, tráfico de influencias y corrupción.
A diferencia de la propuesta de desaparecer a los órganos autónomos, la propuesta necesaria sería fortalecerlos en su calidad técnica, darle más dientes en su lucha contra los grupos que buscan proteger sus intereses y obtener ganancias ilícitas a costa del gasto público, de los consumidores y de la ciudadanía que paga impuestos. Sí, revisar sus sueldos y prestaciones, pero sin olvidar una real y objetiva rendición de cuentas. Una buena economía no es resultado de las leyes de oferta y demanda; es consecuencia de la calidad de sus instituciones reguladoras, de su autonomía y capacidades legales y técnicas.
