Quieren ocultar toda información sobre los posibles malos manejos en el INSABI, la venta del avión presidencial, el tren maya, las refinerías la elección 2024 está en juego.
Por Mario Díaz
Senadores de MORENA y sus aliados sumisos al Ejecutivo Federal lo demostraron otra vez. Los deseos u ocurrencias de Andrés Manuel López Obrador se convierten en órdenes, tanto para los diputados como senadores. Ahora la consigna es acabar con un organismo que los puede dejar exhibidos en los malos manejos que han estado cometiendo contra las finanzas públicas. La orden la dio ya el presidente: “Acaben sin titubeos con el INAI”.
Esta orden echó para abajo un acuerdo alcanzado con el senador Ricardo Monreal para al menos nombrar a un consejero, el nombre que MORENA decidiera, todo quedó en la falta de palabra por parte del zacatecano y sus correligionarios.
Al Ejecutivo federal es evidente que le molesta que un organismo autónomo le pueda ordenar y obligar a rendir cuentas, y previo al 2024 pueden evidenciar estos posibles malos manejos en temas como la venta de su avión presidencial que le causó merma a Banobras por un monto de entre los mil 700 y dos mil millones de pesos, toda vez que Banobras compró esta aeronave en 217 millones de dólares y se vendió en 92 millones de dólares, con lo que pretenden construir hospitales en Guerrero y Oaxaca.
Con la extinción del INSABI, tampoco quiere que la sociedad se entere sobre los posibles malos manejos que acabaron con su gran plan sexenal de tener una cobertura en salud como en Dinamarca. Según algunos expertos, estos montos pudieran igualar o acercarse mucho al tema del gran desfalco que se está investigando en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), dependencia a la que se le han detectado 15 mil millones de pesos desaparecidos de sus arcas o irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación, cantidad que representa casi el doble del escándalo financiero más grande en la administración de Enrique Peña Nieto con la llamada Estafa Maestra con un monto poco superior a los siete mil millones 600 mil pesos.
Desfalcos que se dieron a conocer gracias al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que hoy por hoy Andrés Manuel López Obrador pretende desaparecer y entregar sus funciones tanto a la Cámara de Diputados como a la Secretaría de la Función Pública.
NO PUEDE SER JUEZ Y PARTE
José Bautista Farías, profesor e investigador del ITESO e integrante de organizaciones civiles como Ciudadanos por Municipios Transparentes capítulo Jalisco (CIMTRA), Asociación Mexicana de Derecho as la Información, capítulo Jalisco Y Ciudadanos por la Integridad Pública, afirma que en estos asuntos de transparencia y rendición de cuentas a nivel federal, hay un tema que le llama la atención y lo comparte.
“Del 2015 al 2018, el INAI recibió 26.8 recursos de revisión por día; en el sexenio actual, esta cifra ascendió a 53 recursos de revisión diarios, lo que nos dice que el nivel de negación de entrega de información por parte de las autoridades federales se ha duplicado en lo que va de esta administración. Aquí es cuando toma más fuerza el trabajo del INAI para obligar a la entrega de la información solicitada.
“Le tiene que quedar claro al Ejecutivo Federal que el INAI es un organismo autónomo para protección de los ciudadanos, no del gobierno; que es un contrapeso de poder importante para los gobiernos legalmente constituidos, por eso molesta tanto a las autoridades que existan organismos que ellos no los puedan controlar; es evidente que si estas funciones que son relevantes para los ciudadanos fueran atendidas por un organismo gubernamental como lo propone el presidente, que sea la Secretaría de la Función Pública quien absorba estas funciones, es evidente que la rendición de cuentas no sería lo mismo”.
Para el especialista en esta materia hay evidencia empírica de que dejar en manos de dependencias del estado, en donde se supone que los órganos garantes son ocupados por instancias de gobierno, la rendición de cuentas no ocurre; por otra parte, asegura que está comprobado que el modelo de comisionados que tiene el INAI es mucho más efectivo, al grado que es reconocido a nivel internacional.
PRESIÓN INTERNACIONAL
El académico del ITESO destaca que México está siendo observado por organismos internacionales y que ya se han manifestado para evitar la extinción del INAI por parte del gobierno federal, como la oficina en el país del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que solicitó al Senado designar a los tres comisionados del INAI para que siga habiendo un ente garante de los derechos humanos de los mexicanos al acceso a la información y a la protección de sus datos personales.
“Hay una presión de instancias internacionales para que México mantenga este tipo de organismos. Aunque la ONU no puede obligar al país a mantener el INAI, México lo podría desaparecer y decir que estas funciones serán atendidas por la Secretaría de la Función Pública, puede hacerlo, pero sí afectaría la imagen internacional del país”.
Destacó el integrante de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información que el derecho a la información empezó a tener un auge a partir del inicio del siglo XXI cuando la mayoría de los países de América Latina, Europa y de Asia empiezan a legislar sobre estos temas. También fue cuando la ONU, en sus convenciones, estableció que para combatir la corrupción habría que garantizar el derecho a la información de los ciudadanos como una forma para limitar el autoritarismo y la cerrazón de los gobiernos hacia los ciudadanos.
Bautista Farías destacó que sin el INAI, casos como la Estafa Maestra, Obedrecht, la Casa Blanca y muchos casos más de corrupción, no se habrían dado a conocer. Recordó que esto es muy importante de destacar, pues antes de la existencia de organismo como este y de la creación de las leyes de transparencia, los ciudadanos solo se enteraban de casos de corrupción una vez que concluía un sexenio de gobierno, que era cuando afloraban datos de corrupción. Pero ahora es posible que la sociedad se entere de estos actos casi en el momento es que se están realizando.
“Esto se debe precisamente a que existe una ley que exige a las autoridades a entregar información, y que existen organismos autónomos que ejercen su facultad que les otorga la ley para que lo sujetos obligados entreguen este tipo de datos y hay muchos ejemplos.
“Segalmex y Pegasus en este sexenio, en donde en este último nos pudimos enterar que el Ejército está utilizando esta herramienta para intervenir teléfonos de periodistas, activistas ciudadanos y perseguirlos; las obras del tren maya, todos los recursos que se le han otorgado al Ejército para hacer obra pública, hay muchos casos que parece que este organismo es incómodo al gobierno federal, pero esto es muy bueno para los ciudadanos”.
EL ESTADO DE LOS ESTADOS
Era de esperarse el intento federal por desaparecer el INAI ya tuvo su primera réplica en uno de los estados, Veracruz, en donde la presidenta del Congreso local, Margarita Corro Mendoza, se pronunció por la desaparición del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información Pública y la Protección de Datos Personales. Pese a esta intención, afortunadamente en los estados estos órganos garantes siguen funcionando.
Bautista Farías señala que en Jalisco “estamos sin presidenta del ITEI, que está en suspenso porque se interpusieron recursos de revisión al proceso de designación; pero a diferencia de lo que ocurre en el INAI, en Jalisco puede sesionar con dos de los integrantes del Pleno y se siguen atendiendo todos estos asuntos, solo están a la espera de la resolución de los amparos que se interpusieron por los jueces, que puede tardar meses.
“A nivel nacional, en Jalisco, tanto el gobierno (estatal) como los municipios publican más información, pero donde hay muchos cuestionamientos es en la manipulación de la información y de ciertos datos, como en el de los desaparecidos, las fosas clandestinas, el tema de seguridad.
Ahí hay muchos pendientes de trasparencia y claridad en el manejo de la información en estos temas sensibles”, puntualiza.
Finalmente destaca que ve algunos panoramas inmediatos como el que se irá incrementando la presión de los ciudadanos y de las organizaciones civiles y probablemente también la presión de organismos internacionales en pro de la transparencia, rendición de cuentas y de la democracia. Irá incrementando la presión al gobierno federal y a los senadores para que realicen estos nombramientos.
Por otro lado, asegura que la Suprema Corte de Justicia también estará siendo observada por estos organismos para que atiendan cuanto antes este reclamo en pro del derecho a la información que tiene la sociedad mexicana.
Lamentablemente también existe la posibilidad de que el gobierno federal logre prologar el tiempo en atender este tema, y que esto se vuelva más complicado, que no se atienda y que el Pleno del INAI quede sin funcionar por más tiempo.
Un panorama optimista que reconoce es que los senadores sean sensibles a la sociedad y lo atiendan a la brevedad posible, pero se ve muy complicado por las expresiones del presidente de la República, del secretario de gobernación y de algunos dirigentes de Morena que van contra el INAI.
EL LEGADO DEL GRUPO OAXACA
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y la Ley Federal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, fue una iniciativa que tuvo su origen en grupos de ciudadanos, organismos de la sociedad civil como periodistas y académicos, en lo que se llamó el Grupo Oaxaca (nombrado así por el periodista del New York Times, Ginger Thompson). A raíz de una conferencia que se realizó en Oaxaca en el 2001, es que se propuso crear una ley que atendiera estos temas.
En este grupo participaron Jorge Islas López (UNAM); Roberto Rock Lechón (entonces director de El Universal); Carmen Lira, directora de La Jornada, Luis Ernesto Salomón (El Informador Jalisco); Juan Francisco Ealy, director de El Universal ; Rossana Fuentes Berain, por el ITAM; Juan Francisco Escobedo Delgado (Universidad Iberoamericana); Issa Luna Pla (IIJ-UNAM); Salvador O. Nava Gomar (Universidad Anáhuac México Sur); el periodista Miguel Treviño de Hoyos (El Norte), el periodista Jenaro Villamil (La Jornada), el investigador Ernesto Villanueva; Benjamín Fernández Pichardo, de la Asociación Mexicana de Editores, entre otros, más una alianza con los partidos de oposición en el primer gobierno de alternancia del panista Vicente Fox Quezada, que culminó en una propuesta para legislar en la materia y que fue aprobada por unanimidad.
Cabe destacar que en ese tiempo se calificó la propuesta de ley que propuso el Grupo Oaxaca, como más avanzada que la que propuso el gobierno federal de Vicente Fox Quezada.
