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La crisis del SIAPA: Un caso jurídico complejo

Por Mtro José Luis Monterde Ramírez

Doctorante en Administración Pública por el IAPJ

Síndico Municipal de San Pedro Tlaquepaque

La crisis del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara no es solo un problema de tuberías rotas, de tandeos o de plantas que no alcanzan. Es un caso jurídico complejo porque en ella se cruzan obligaciones constitucionales, omisiones de autoridades, daño ambiental continuo y afectaciones a la salud de miles de personas que se han acumulado durante años. Mientras se anuncian grandes inversiones federales para ampliar el abasto y mejorar la calidad del agua, persiste una pregunta que no se resuelve con concreto ni con ductos: ¿quién responde por lo que ya ocurrió y cómo se evita que vuelva a ocurrir?

Las obras monumentales que llegan con apoyo de la federación pueden aliviar, de manera momentánea, la escasez de volumen y elevar algunos estándares de potabilización. Eso es necesario y bienvenido. Pero no tocan el corazón del problema. El SIAPA y los gobiernos estatales de los últimos periodos han operado bajo una inercia que prioriza resolver la emergencia del día —más agua, más cloro, más obras— mientras las fuentes de contaminación en cauces federales continúan, los controles internos fallan y las consecuencias para la población se diluyen. Esa inercia es precisamente lo que convierte esta crisis en un asunto de gobernanza y de responsabilidad institucional, no solo de infraestructura.

La resolución de la Tutela de Derechos 214/2025, dictada el 19 de marzo de 2026 por la Jueza Daniela Brodziás, puso en evidencia esa distancia. Revocó un no ejercicio de la acción penal y ordenó investigar a fondo el origen y las causas de la contaminación en Arroyo Seco, Arroyo El Vergel y Canal de Tizapán. Mandó practicar dictámenes bajo la NOM-001-SEMARNAT-2021 y un estudio de impacto y daño ambiental. Rechazó que la falta de presupuesto justificara no hacer las periciales y exigió el uso de medidas de apremio. Además, aplicó el principio in dubio pro natura: ante la duda, debe preferirse la actuación que más proteja al ecosistema y a la comunidad. Esa resolución no es un trámite más. Es un mandato de investigación integral que confronta la costumbre de tratar la contaminación como un asunto operativo menor.

El daño que se investiga no es puntual. Es continuo. La jurisprudencia sobre responsabilidad patrimonial del Estado reconoce que, cuando los efectos lesivos no cesan o su magnitud completa no se conoce de inmediato, el plazo para reclamar no comienza a correr de forma automática. El artículo 25 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y los criterios de la Suprema Corte permiten argumentar que daños físicos o ambientales de tracto sucesivo se computan desde que cesan sus efectos o se puede conocer su alcance real. En el caso de la contaminación hídrica de la ZMG, con tasas documentadas de Enfermedad Renal Crónica entre las más altas del mundo en algunos puntos de la región, esa caracterización de daño continuo no es retórica. Es una vía jurídica para que las omisiones de control y vigilancia no queden prescritas por el simple paso del tiempo.

Sin embargo, una investigación a fondo no se agota en periciales. Debe sentar precedentes de responsabilidad institucional. Los gobiernos estatales de este periodo y de los dos anteriores tuvieron el deber de vigilar, prevenir y sancionar las descargas que llegan a cauces de jurisdicción federal. El SIAPA, como organismo operador, tuvo el deber de controlar su infraestructura y de no tolerar prácticas irregulares. Cuando esas obligaciones se incumplen de forma sostenida, surge la posibilidad de reclamar responsabilidad patrimonial del Estado por actividad administrativa irregular. Esa responsabilidad es objetiva y directa: no exige demostrar el dolo de un funcionario concreto, sino la irregularidad de la actuación y el daño que la población no tiene obligación jurídica de soportar. La reparación integral que de ella se deriva incluye daños materiales y morales, y puede acompañarse de medidas de no repetición.

Esa reparación no puede limitarse a indemnizaciones simbólicas. La sociedad afectada —familias con personas enfermas de riñón, comunidades expuestas durante años, comerciantes y vecinos de los cauces— tiene derecho a que se cuantifique el daño y se establezcan mecanismos concretos de atención. Al mismo tiempo, cualquier condena o acuerdo de reparación debe ir acompañado de cambios que impidan la repetición. De lo contrario, se pagará el costo del pasado mientras se reproduce el mismo modelo.

Ese modelo es el que necesita reinventarse. Uno de los primeros puntos es el equilibrio de poder dentro del Consejo de Administración del SIAPA. Mientras los municipios no tengan preponderancia real en ese órgano, las decisiones de operación, supervisión y prioridad seguirán desvinculadas de quienes sufren de manera más directa las fallas. Los municipios son los más próximos a los cauces, a las quejas ciudadanas y a los impactos sanitarios locales. Darles mayor peso no garantiza perfección, pero introduce un contrapeso que la centralización actual no ha generado.

La corrupción y la opacidad refuerzan la urgencia de ese cambio. El caso de Eli Castro ilustra cómo se pueden colocar personas sin el perfil técnico requerido en puestos de alto costo, con controles que se eluden o se simulan. La Contraloría determinó faltas graves y la Fiscalía Anticorrupción abrió investigación, pero el proceso ha avanzado con lentitud. Más reciente es la detención de un trabajador del SIAPA por el presunto ofrecimiento de cancelar un adeudo millonario de un mercado en Tlaquepaque a cambio de un pago irregular. Estos hechos, de distinta escala, muestran que la debilidad de controles permite tanto nombramientos irregulares como abusos en el manejo cotidiano de adeudos. Esa misma debilidad dificulta prevenir y sancionar las descargas que generan daño ambiental y sanitario.

A esa cadena de omisiones y fallas se sumó la respuesta a la protesta ciudadana. El 11 de octubre de 2026, miles de personas marcharon desde la Glorieta de La Minerva hacia Casa Jalisco para exigir agua limpia. Lo que comenzó como una movilización pacífica derivó en el uso de gas lacrimógeno, chorros de agua a presión y detenciones. Testimonios de participantes documentaron golpes, desnudamientos forzados, amenazas de desaparición y el uso de las instalaciones de la residencia oficial como lugar de concentración de detenidos. Familias reportaron más de 50 personas privadas de libertad; las autoridades reconocieron 39. La presidenta Claudia Sheinbaum pidió explicaciones al gobierno estatal sobre el uso de la fuerza. La Comisión Estatal de Derechos Humanos abrió investigación, aunque en un primer momento descartó actos de tortura, mientras las denuncias de víctimas y organizaciones civiles persistieron. Esta represión no resolvió la crisis del agua; la agravó al sumar un costo humano y de legitimidad a un problema de gobernanza que ya era grave.

La marcha del 11 de octubre de 2026 frente a Casa Jalisco derivó en enfrentamientos posteriores.

Las grandes inversiones federales no corrigen esas prácticas. Pueden aumentar la capacidad de tratamiento o de conducción, pero si el organismo sigue operando con la misma opacidad, la misma tolerancia a irregularidades y la misma distancia entre la responsabilidad territorial de los municipios y el poder de decisión, la inercia continuará. El agua llegará en mayor volumen y con mejor cloro, pero las fuentes de contaminación crónica y las fallas de gobernanza permanecerán.

Por eso la investigación ordenada en la Tutela 214/2025 debe ir más allá del cumplimiento formal. Debe identificar orígenes, cuantificar daño, valorar omisiones de servidores públicos y generar elementos que sirvan tanto para la vía penal como para reclamaciones de responsabilidad patrimonial. Debe hacerlo con el rigor que exige el principio in dubio pro natura y con la conciencia de que el daño es continuo. Solo así se pueden sentar precedentes reales de responsabilidad institucional y de reparación a la sociedad afectada.

La marcha del 11 de octubre de 2026 frente a Casa Jalisco derivó en enfrentamientos posteriores.

Reinventar el modelo de gobernanza del SIAPA implica, además de ajustar la composición del Consejo, fortalecer los controles internos, transparentar el manejo de cartera vencida, vincular de manera efectiva la operación con la prevención de descargas y establecer mecanismos de rendición de cuentas que no dependan únicamente de la voluntad de cada administración.

También implica reconocer que atender la crisis de abasto y la de calidad no sustituye la obligación de esclarecer y reparar el daño ya causado, ni de proteger el derecho a la protesta pacífica.

La crisis del SIAPA es compleja precisamente porque no se resuelve con una sola obra ni con una sola administración. Requiere investigación a fondo, precedentes de responsabilidad y un modelo de gobernanza distinto que deje de reproducir las mismas fallas. Las inversiones que vienen son una oportunidad. Pero si se usan solo para sostener la inercia actual, el alivio será momentáneo y el costo sanitario, ambiental y ahora también político seguirá acumulándose. La sociedad afectada merece más que eso: merece que se investigue lo ocurrido, que se repare el daño y que se construya un sistema que no vuelva a fallar de la misma manera.

 

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