Por Eduardo Gómez de la O
Presidente de la Asociación Mexicana
de Gasto Público AC
El Campo Mexicano en Crisis
El sector agropecuario en México enfrenta una crisis multifacética que ha escalado en los últimos años, afectando su productividad, sostenibilidad y contribución al PIB nacional (alrededor del 3.3% en 2025). Esta crisis se manifiesta en una producción en declive (de 294 millones de toneladas en 2022 a 281.5 millones en 2024), una dependencia creciente de importaciones (récord de 25.8 millones de toneladas de maíz en 2025) y una pobreza rural persistente que afecta al 48.8% de la población rural (15.5 millones de personas). A continuación, se incluye una tabla con la evolución del PIB del sector primario a nivel nacional, mostrando crecimientos anuales y valores estimados a precios constantes (base 2018), basada en datos de INEGI y SADER. Esta evolución refleja un patrón de resiliencia inicial seguido de contracción, exacerbado por factores climáticos y comerciales.
Tabla de Evolución del PIB del Sector Primario Nacional (2018-2025)
Los principales problemas, revelan una interconexión que perpetúa un círculo vicioso de vulnerabilidad, donde factores endógenos como la fragmentación productiva se combinan con exógenos como el cambio climático y políticas comerciales internacionales, exacerbando desigualdades y limitando el potencial del sector:
Productivos y Climáticos:
La baja eficiencia productiva se evidencia en que el 88.8% de las unidades productivas (UPA) identifica los altos costos de insumos como la principal barrera, con incrementos dramáticos como el 263% en fertilizantes DAP entre 2020 y 2021, lo que erosiona la rentabilidad y fuerza a muchos productores a reducir siembras o abandonar tierras. Esto se agrava por una adopción tecnológica limitada, donde solo el 5% de las UPA accede a asistencia técnica regular, resultando en rendimientos estancados y una fragmentación extrema con 4.06 millones de UPA pequeñas que impiden economías de escala y la integración en cadenas de valor modernas. Climáticamente, las sequías extremas impactan el 74% de la superficie agrícola de temporal, causando no solo pérdidas inmediatas en cultivos clave como maíz (reducción del 10.1% en maíz blanco en 2024) y hortalizas, sino también degradación ambiental a largo plazo, con pérdidas anuales de 207,000 hectáreas forestales (95% atribuibles a prácticas agropecuarias insostenibles) y costos económicos equivalentes al 4.6% del PIB. El uso excesivo de agroquímicos (en el 54% de las UPA) contribuye al 19% de las emisiones de GEI nacionales, acelerando el cambio climático en un ciclo retroalimentado, con proyecciones de FAO indicando mayores pérdidas productivas hacia 2099 si no se adoptan prácticas resilientes.
Financieros y de Apoyos:
El acceso restringido a financiamiento formal, donde solo el 6.1% de las UPA obtiene crédito (cayendo al 4.2% en escalas pequeñas), genera un círculo vicioso de baja inversión y vulnerabilidad, con ingresos rurales per cápita de apenas 4,697 pesos mensuales comparados con 8,516 urbanos. La cobertura de seguros es mínima (1.9%), dejando a los productores expuestos a riesgos climáticos y económicos, como analiza la FAO, lo que disuade la demanda de crédito debido a altas tasas y barreras administrativas. En términos de apoyos, la pobreza rural persistente (48.8% de la población rural, 15.5 millones de afectados) se agrava por exclusión sistemática: solo el 19% de UPA encabezadas por mujeres, y el 68.9% de indígenas en pobreza extrema, con jornaleros agrícolas en 60.5% pobreza.
Retrasos crónicos en pagos de precios de garantía (e.g., movilizaciones en varios estados en 2025 por adeudos de 2023-2024) y subsidios ineficientes, como el diésel agropecuario criticado por su baja focalización, perpetúan desigualdades y limitan la resiliencia, dejando a muchos productores sin herramientas para enfrentar shocks.
Institucionales y de Seguridad:
La burocracia ineficiente, con tecnologías obsoletas en riego (53% por gravedad) que desperdician el 57% del agua agrícola, y deficiencias en información agroalimentaria que impiden una planeación efectiva, merman la implementación de políticas. La corrupción histórica en SADER, documentada en informes como los de Animal Político, erosiona la confianza y desvía recursos, mientras la falta de coordinación intergubernamental reduce drásticamente la siembra de maíz en estados como Sinaloa (85-90% en 2025 por políticas hídricas inconsistentes). La infiltración del crimen organizado, imponiendo extorsiones equivalentes al 20% de ingresos en regiones clave, causa abandono de 100,000 hectáreas, reduce producción en 2-3% y disuade inversiones en 15%, generando un ambiente de violencia que perpetúa la crisis social y económica.
Comerciales y Políticas Arancelarias de Trump:
La competencia desleal por importaciones subsidiadas bajo el T-MEC deprimen precios locales, con aranceles de Trump (25% desde marzo 2025) generando volatilidad adicional en exportaciones agropecuarias a EUA, que representan una porción significativa del comercio (EUA importa la mitad de sus frutas y vegetales frescos de México). Aunque exenciones bajo T-MEC protegen el 84% del comercio, la incertidumbre ha reducido exportaciones potenciales en 12%, con impactos en sectores como aguacate y berries (caídas estimadas de 15% en volúmenes), elevando costos logísticos y deprimendo precios internos. Esto agrava la crisis al limitar ingresos de exportación (daños estimados en 475,000 millones de dólares totales, incluyendo agro), fomentando una mayor dependencia de mercados internos volátiles y exacerbando la «guerra comercial» que afecta cadenas de suministro regionales, como advierten informes de Forbes y EFE.
Estos problemas interconectados crean un entorno donde el sector, pese a su potencial, se estanca, amenazando la seguridad alimentaria y el desarrollo rural.
Situación Sociopolítica: las Protestas Campesinas
La crisis ha desencadenado una oleada de protestas, culminando en un paro nacional el 14-15 de octubre de 2025, donde productores de 20-22 estados bloquearon carreteras, casetas y oficinas públicas, afectando la movilidad y exigiendo precios de garantía justos (7,200-9,000 pesos/tonelada para maíz), exclusión de granos básicos del T-MEC, banca agrícola y regulación hídrica. A 22 de octubre de 2025, las protestas se han pausado temporalmente tras mesas de diálogo iniciales con el gobierno federal (17-18 de octubre), pero organizaciones como UNTA y FNRCM advierten de nuevas acciones: liberación de casetas el 27 de octubre si no hay acuerdos concretos, y una gran marcha nacional el 10 de noviembre hacia la CDMX para protestar contra el «abandono» del campo y recortes presupuestales. Las tensiones persisten, con productores denunciando «indiferencia» gubernamental y riesgos de escalada si no se resuelven demandas de autosuficiencia alimentaria.
Evolución de las Asignaciones Presupuestales Federales
El presupuesto federal para el campo (Ramo 08: Agricultura y Desarrollo Rural) ha mostrado una tendencia a la baja en términos reales, reflejando una menor prioridad:
Tabla de Asignaciones Presupuestales Federales para el Sector Primario
De 72,056 mdp en 2018 a 73,545 mdp proyectados en 2026, el incremento nominal es mínimo, pero ajustado por inflación representa un recorte de -27% acumulado. El porcentaje respecto al total federal ha caído de 1.36% a 0.72%, indicando la baja prioridad que le asigna el gobierno federal al gasto destinado al secror primario de la economía nacional.
Críticas de los Campesinos:
Organizaciones como CNC, UNTA y productores independientes denuncian un «presupuesto raquítico» (incremento nominal de 0.9% en 2025 vs. 9.6% total federal), que refleja «indiferencia» y «abandono» al sector. Argumentan que reduce autosuficiencia alimentaria, causa desertificación (hasta 5 millones de hectáreas) y desmantela programas conquistados por el movimiento campesino. Diputados y líderes del sector, destacan que «de cada 100 pesos gastados, al campo van solo 74 centavos», perpetuando una «tormenta perfecta» sin financiamiento ni seguridad. Exigen un presupuesto 2026 «justo y con visión» para rescatar el campo.
EL CAMPO DE JALISCO: ¿FARO DE RESILENCIA?
Jalisco, líder nacional en el sector primario (14.2% del PIB agropecuario nacional en 2023), enfrenta una crisis similar, pero con acentos locales: PIB primario 110,176 mdp en 2025 (base 2018), contribuyendo 6-7% al PIB estatal. Como potencia en agave, berries y aguacate, genera empleo para 10% de la fuerza laboral rural, pero sufre declives por sequías y costos. A continuación, se incluye una tabla con la evolución del PIB del sector primario en Jalisco, destacando un patrón de crecimiento seguido de volatilidad climática.
Tabla de Evolución del PIB del Sector Primario en Jalisco (2018-2025)
Principales Problemas que Enfrenta el Campo de Jalisco
La problemática en Jalisco se profundiza por su rol como exportador líder, donde factores locales como la sequía en los Altos (reduciendo rendimientos de maíz en -4.1% en 2023 y afectando al 42% de la producción agrícola estatal) se combinan con altos costos de insumos que erosionan la competitividad de cultivos icónicos como agave y berries. La fragmentación productiva, con miles de pequeñas UPA, limita la adopción de tecnologías modernas, donde solo un porcentaje mínimo accede a asistencia técnica, resultando en ineficiencias en cadenas de valor y desperdicio de recursos como agua (57% perdido por riego obsoleto).
Financieramente, el acceso a crédito es restrictivo, con bajos ingresos rurales que perpetúan la pobreza en zonas marginadas, agravada por exclusión de mujeres e indígenas. Institucionalmente, la burocracia estatal en distribución de apoyos y corrupción en programas locales merma la efectividad, mientras el crimen organizado en áreas como la Sierra de Amula impone extorsiones que reducen ingresos en 15-20% y causan abandono de tierras.
Comercialmente, las políticas arancelarias de Trump (25% desde marzo 2025) han generado volatilidad en exportaciones a EUA, principal mercado para aguacate y berries jaliscienses, con caídas potenciales del 12-15% en volúmenes y daños estimados en cientos de millones de dólares, elevando costos logísticos y deprimendo precios internos en un estado que depende en gran medida de estos ingresos para su PIB sectorial.
Situación sociopolítica y demandas de los campesinos de Jalisco
La situación es tensa, con protestas del 14-15 de octubre que bloquearon carreteras como Guadalajara-Morelia y accesos a ZMG, demandando precios justos para maíz (aumento para cosecha primavera-verano 2025), subsidios tecnológicos y apoyo federal. A 22 de octubre de 2025, los bloqueos se liberaron tras intervención estatal, pero productores advierten de nuevas acciones si no hay avances. Demandas incluyen revisión de precios del maíz y rescate al campo, con énfasis en autosuficiencia.
Estado de las negociaciones con autoridades federales y estatales
El Gobierno de Jalisco intervino el 15 de octubre, logrando liberar bloqueos y acordar una mesa de diálogo con productores maiceros, enfocada en precios justos y apoyo tecnológico. A nivel federal, productores esperan respuestas tras reuniones iniciales (17-18 octubre), pero no hay avances concretos; se pausaron protestas hasta el 27 de octubre para evaluar propuestas.
Asignaciones Presupuestarias al Campo en Jalisco
El presupuesto para SADER Jalisco ha crecido moderadamente:
De 800 mdp en 2018 a 1,053 mdp en 2025, el incremento nominal es 31%, pero ajustado por inflación representa estancamiento. El porcentaje ha caído a 0.60%, insuficiente para cubrir demandas.
Análisis de Suficiencia y Opinión de Productores:
La opinión de los productores del sector primario de Jalisco, es que éstas asignaciones presupuestales no son suficientes; cubren solo 0.6% del total estatal, priorizando servicios personales (87.7% en 2025) sobre inversión. Productores jaliscienses critican la «indiferencia» federal y estatal, exigiendo más fondos para riego y subsidios, argumentando que el bajo presupuesto perpetúa sequías y bajos precios, amenazando la viabilidad del sector líder nacional.
CONCLUSIÓN: ¿QUÉ LE HACE FALTA AL CAMPO PARA IMPULSAR SU DESARROLLO?
Tanto a nivel nacional como en Jalisco, el sector primario requiere una transformación integral para superar su crisis, que no solo amenaza la soberanía alimentaria sino el tejido social rural. Nacionalmente, falta un presupuesto adecuado (al menos 2% del total federal, duplicando el actual 0.8%), con un enfoque multifacético en resiliencia climática mediante adopción masiva de agricultura inteligente (subsidios para semillas resistentes y riego eficiente para mitigar el 57% de desperdicio de agua), financiamiento inclusivo (creación de banca agrícola con tasas bajas para cubrir el 20% de UPA, priorizando mujeres e indígenas para reducir pobreza en 10-15%), y combate efectivo al crimen organizado (despliegue coordinado de fuerzas de seguridad con inteligencia para desmantelar extorsiones, recuperando 100,000 hectáreas abandonadas).
Además, se necesita una reforma comercial audaz, como negociar exclusión de granos básicos del T-MEC y contrarrestar aranceles de Trump mediante diversificación de mercados (e.g., Asia y Europa) para estabilizar exportaciones y precios internos.
En Jalisco, se requiere una mayor asignación estatal (al menos 1% del presupuesto, triplicando el actual 0.6%), inversión específica en riego tecnificado (fondos para IoT en el 50% de superficie agrícola) y diálogo permanente con productores para alinear demandas locales, como precios justos para maíz, con metas nacionales de autosuficiencia.
Lo esencial para impulsar el desarrollo es una visión estratégica holística: priorizar soberanía alimentaria mediante inversión en innovación tecnológica (centros de capacitación para 500,000 productores en prácticas sostenibles, reduciendo emisiones GEI en 10% anual), equidad social (programas inclusivos para mujeres e indígenas, integrando el 19% de UPA femeninas) y sostenibilidad ambiental (transición a agroecología para revertir deforestación de 207,000 hectáreas anuales).
Esto implica integrar a campesinos en la planeación a través de consejos consultivos multisectoriales, asegurando que políticas como PSADR 2025-2030 se implementen con monitoreo riguroso y ajustes basados en datos reales.
Sin estas medidas, el abandono del campo perpetuará desigualdades, dependencia externa y volatilidad económica; con ellas, el sector podría elevar su PIB al 4% nacional y posicionar a Jalisco como modelo de resiliencia, convirtiendo la crisis actual en una oportunidad para un desarrollo rural sostenible y equitativo que beneficie a generaciones futuras.
