Por José Antonio Elvira de la Torre
Prof. del Departamento de Estudios Políticos del CUCSH de la UdeG
Vivimos en días extraños. La regresión en materia electoral que hemos vivido en los últimos años es tal, que pareciera que la ley ha dejado de ser la ley, que la promoción anticipada de aspiraciones a cargos públicos ya no son precampañas, que el uso ilegal de recursos privados y públicos con ese fin no es sancionado, y que las entidades y recursos gubernamentales que deben servir a todas y todos sean utilizadas para descalificar opositores y favorecer aliados, no sólo se permita, sino que se aplauda.
Los eufemismos con que se denominan los procesos de promoción anticipada de aspirantes a candidaturas no modifican su propósito: determinar a quienes competirán por cargos gubernamentales. Por ello la determinación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para no frenar los procesos de designación de “coordinadores” y “responsables” que luego se convertirán en candidaturas a la presidencia, puede verse desde distintos ángulos:
- Reconoce la incapacidad material de los organismos electorales para frenar los actos ilegales del Gobierno Federal, su partido y sus aliados, por lo que permite que la coalición opositora tenga un proceso similar.
- Instruye al INE a emitir lineamientos para regular los procedimientos y fiscalizar el uso de recursos, permitiendo una solución jurídica a hechos que actualmente no están permitidos en la legislación.
- No empareja la cancha para que la oposición tenga oportunidad de una contienda equitativa, dado que no resuelve sobre la promoción indebida y uso de recursos y plataformas gubernamentales que desde hace meses hicieron, incluso como funcionarios, los aspirantes de MORENA; ni inhibe, ni sanciona el uso de información gubernamental sobre actividades privadas de opositores, o pronunciamientos de actuales funcionarios públicos para obstaculizar o favorecer la actuación política de opositores y aliados, y que puede incidir decisivamente en la percepción, respaldo político y votación, que los ciudadanos y eventuales electores puedan tener de ellos.
El propósito de este ambiente de inmediatez y espectacularidad es que los aspirantes sean conocidos, pero debe preocuparnos la vaciedad que genera para evitar que asfixie la capacidad de pensar, discutir y ponernos de acuerdo en temas trascendentes. Es importante que el debate público en las etapas, ahora si legales, de precampañas y campañas, nos ofrezca argumentos y razones de lo que partidos, coaliciones y sus candidaturas proponen para liderar la acción colectiva, y si para ello nos consideran como participantes efectivos, permanentes y quizá incómodos, o como los tradicionales espectadores, no participantes, cómodos receptores de beneficios o perjuicios de sus decisiones y desempeño.
Propongo inicialmente dos temas para dialogar y discutir de manera responsable, respetuosa, pero intensa. ¿Cómo hacer para que el desempeño de los gobiernos garantice la seguridad de las personas y mejore sus condiciones de vida? ¿Cómo hacer para los Poderes Ejecutivos en la Federación y los estados, tengan efectivos controles y contrapesos que limiten el ejercicio de su poder, pero permitan también desempeños gubernamentales eficaces que generen utilidad social y valor público?
