Por José Antonio Elvira de la Torre
Prof. del Departamento de Estudios Políticos del CUCSH de la UdeG
La discusión sobre la reforma electoral se ha intensificado no sólo por el paso acelerado en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, sino por la manifestación ciudadana en varias ciudades del país del pasado domingo 13 de noviembre y las reacciones que ha generado en el titular del Ejecutivo Federal. Aunque pareciera que no existen condiciones políticas favorables para que se lleve a cabo, algunos actores insisten que antes del fin de mes puede tenerse un dictamen, que si no tendría respaldo para reforma constitucional sí para modificar la legislación secundaria y llegar a la Suprema Corte en un juicio de constitucionalidad.
He compartido mi preocupación por algunas de las modificaciones planteadas y los efectos negativos que pueden generar en la calidad de nuestra democracia, entendiendo que el propósito esencial de las instituciones electorales puede definirse como: a) garantizar la libertad de la ciudadanía para establecer preferencias y participar activamente en la representación de sus intereses decidiendo a quién otorgar su respaldo; y b) incluir al mayor número de actores para garantizar que no habrá perdedores ni ganadores absolutos, y con ello incentivar la cooperación y la acción colectiva.
Hay que preguntarse si algunas reformas propuestas cumplen con este propósito. ¿La elección directa de las autoridades electorales administrativas (INE, OPLES) y jurisdiccionales (Tribunales federal y estatales) fortalece su autonomía, profesionalismo e imparcialidad? Me temo que no. Permitiría mayor influencia sin contrapesos del partido que ejerza el Ejecutivo, y más aún si cuenta con mayoría congresional. El mecanismo actual es perfectible, pero garantiza contrapesos entre fuerzas políticas que por mayoría calificada deciden los integrantes de las autoridades electorales. Este procedimiento los obliga a construir acuerdos de cooperación, a negociar (con su respectiva fuerza en el Congreso) la incorporación de perfiles que sean tolerables para los demás actores políticos, dada su imparcialidad y perfil.
¿Es posible reducir los costos de nuestro sistema electoral? Sí, y en muchas formas que no pongan en riesgo las tareas sustanciales del organismo. El presupuesto del INE representa el 0.2% del presupuesto del Gobierno Federal, lo que contradice la idea del costo exorbitante. Reducir sueldos de consejeros y asesores puede discutirse responsablemente, pero representa sólo el 1.1% del presupuesto anual del organismo. Limitar el gasto corriente y las prestaciones no justifica que el Congreso reduzca unilateralmente el presupuesto solicitado, violando la autonomía financiera y limitar tareas sustanciales como el funcionamiento del Registro Nacional de Electores, la preparación de comicios locales (Estado de México y Coahuila), la fiscalización de los recursos de los partidos, la formación cívica.
¿Disminuir/eliminar el financiamiento público a partidos? Representa el 0.06% del presupuesto anual del Gobierno Federal, pero serían de mayor utilidad social si se obligaran a realizar procesos internos democráticos y no sólo designar candidaturas; a generar efectiva equidad para la participación política de las mujeres y no sólo a tener una cuota; a ser verdaderas organizaciones de representación y participación ciudadana y no sólo recibir financiamiento público por existir.
