Desde los mismos consejeros hasta empresarios y obispos, coinciden en que la iniciativa presidencial en materia electoral es regresiva y busca devolver el control de los comicios al gobierno, como en los años 70’s. Piden a los legisladores no ceder a presiones.
Por Julio César Hernández
En los últimos días se ha difundido en las redes sociales un video sin registrar su fecha de grabación -con más de 25 mil reproducciones en Twitter- en el que un joven Andrés Manuel López Obrador, entonces presidente del Partido de la Revolución Democrática, declara:
“En el 97, creo que el logro más importante es el de la autonomía del Consejo del Instituto Federal Electoral, la forma como se llegó a tener consejeros independientes; eso fue una negociación política importante porque no pudieron tener ellos (el gobierno) el control; es decir, ya no tienen la mayoría en el Consejo del IFE. O sea, no sólo dejó el IFE de depender de Gobernación, se cortó el umbilical, sino que ya el órgano de dirección del IFE se formó tomando en consideración la opinión de los partidos de oposición…”.
Andrés manuel lópez obrador/ ex presidente del prd en el año de 1997.
Ahora, como presidente de la República, López Obrador está decidido a acabar con esa independencia y autonomía del órgano electoral del país, ahora como Instituto Nacional Electoral (INE), a través de una reforma electoral cuya iniciativa hizo llegar en abril pasado a la Cámara de Diputados y cuyo uno de sus objetivos es sustituir al INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), cuyas consecuencias sería terminar con el servicio profesional electoral y dejar en el “limbo” el Padrón Electoral, lo que ha generado una reacción en contra no sólo de los partidos políticos de la oposición sino de sectores como el empresarial y hasta el de la Iglesia Católica a través de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), los que a través de sendos desplegados manifestaron su respaldo al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que también sería parte de las reformas propuestas desde Palacio Nacional y que el partido Morena está dispuesto a aprobar con una mayoría calificada -por ser reforma constitucional-, apostando a tener el apoyo de los legisladores del PRI y de ”algunos” panistas, como lo aseguró a finales de la semana pasada el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.
No son pocas las voces que se han levantado en contra de la iniciativa presidencial en todo el país y que desde semanas atrás se han dejado escuchar a través de los medios de comunicación, ya sea en entrevistas o artículos de opinión, y hasta en conferencias o mesas de discusión y análisis, coincidiendo todas ellas en que la propuesta de reforma del presidente López Obrador es regresiva y pretende que el control de los procesos electorales vuelva a manos del gobierno.
REFORMA CON “BILIS Y ODIO”
A su regreso de Brasil, a donde acudió como observador de las elecciones presidenciales, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianello, en entrevista con NTR Guadalajara radio, reiteró que “hay una embestida desde el gobierno y desde el partido en el gobierno para tratar de desacreditar al Instituto Nacional Electoral y así lograr avanzar una reforma que mucho me temo que tiene el propósito de ejercer un control sobre el INE”.
No descartó una reforma siempre y cuando sea producto de consensos y no elimine el servicio profesional electoral ni le quite al INE la realización del padrón y la entrega de credenciales, porque hacerlo sería un retroceso. Precisó en esta entrevista radiofónica:
“Sería retroceder alrededor de 30 años y volver a lo mejor a lo que sueñan algunos: a que el gobierno organice las elecciones (…). Y yo diría una última condición (para una reforma electoral): Que si se hace una reforma, se haga con la cabeza, y lo que estamos viendo es pura bilis, es puro odio; hay un profundo odio al INE”.
El ex presidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Valdez Zurita, coincidió en que esta reforma presidencial pretende desaparecer el servicio profesional electoral al promover que las elecciones locales y federales sean organizadas por un nuevo organismo con personal provisional que sería contratado meses antes de las votaciones, cuando hoy se tiene personal capacitado para organizarlas.
Asimismo, subrayó que busca arrebatarle el padrón electoral al INE, lo que provocaría irregularidades como cuando estaba a cargo de la secretaría de Gobernación y se falseaban dato para registrar, incluso, a personas ya fallecidas.
DEFENDER AL INE: MURAYAMA
A su vez, el consejero del INE, Ciro Murayama, en su artículo publicado en el periódico Reforma y titulado “Tres razones para defender al INE”, abunda en algunos de estos puntos que implican un alto riesgo de desaparecer al Instituto con la iniciativa presidencial, pue advierte que de quitarle la confección del padrón electoral al INE -cuya construcción en 1990 por el entonces IFE acabó con los electores “rasurados” y los “muertos votantes”- no hay elección confiable y significa suprimir la principal herramienta de certeza en las elecciones.
Advirtió que el presidente busca cancelar la estructura territorial, profesional, territorial y permanente que tiene el INE en el país, y dijo que eliminarla no sólo compromete las elecciones confiables sino, incluso, la capacidad de instalar casillas. “Anular la capacidad operativa del INE es otra forma de desaparecerlo”.
Por último, reitero que la iniciativa presidencial pretende que consejeros y magistrados del Tribunal Electoral sean electos por voto popular a partir de listas confeccionadas por el propio presidente, el Congreso -cuyo partido en el poder tiene la mayoría- y el Poder Judicial. Subrayó que si el partido que más votos populares suele reunir es el del Mandatario, quizás sus candidatos a autoridades electorales serían las más votadas, y los árbitros estarían alineados con quien gobierna y se perdería la independencia, la neutralidad y la necesaria autonomía. “Autoridades electorales supeditadas al gobierno implicarían la desaparición del INE autónomo”, concluyó.
EMPRESARIOS: TIBIO DESPLEGADO
Quienes también alzaron la voz en contra de la iniciativa presidencial y a favor de los organismos electorales como el INE y el Tribunal, fueron los empresarios del país a través del Consejo Coordinador Empresarial mediante un desplegado titulado “El CCE externa su preocupación por la iniciativa de reforma electoral”, cuyo contenido parece que fue cuidadosamente redactado con un tono prudente -por no decir medroso-, sin querer confrontarse con el gobierno federal y sin hacer mención ya no al presidente Andrés Manuel López Obrador sino ni siquiera al gobierno federal en términos generales y ni al Poder Legislativo.
En este desplegado, el CCE señaló que gracias a la existencia de estos organismos autónomos -el INE y el Tribunal Electoral-, que han sido determinantes para consolidar la confianza y estabilidad en los comicios, así como a la participación de miles de ciudadanos, se han definido con continuidad y alternancia la renovación de los diversos cargos de elección popular.
“Es por ello que expresamos nuestra convicción de que hoy contamos con autoridades electorales plenamente confiables en su transparencia, imparcialidad, certeza y eficacia para la celebración de los comicios.
“La defensa de nuestras instituciones es responsabilidad de todos; por ello, pedimos a nuestros representantes populares que trabajen para preservar la fortaleza y autonomía de nuestra democracia”.
OBISPOS: AGRAVIO Y RETROCESO
Con un tono más alto se pronunció la jerarquía católica en el país, también a través de un desplegado firmado por la Conferencia del Episcopado Mexicano que encabeza como presidente el arzobispo de Monterrey, monseñor Rogelio Cabrera López, cuyos puntos medulares dice:
“Los obispos católicos de México (…) expresamos nuestro más amplio reconocimiento a la importante labor que realizan en la vida democrática de nuestro país el Instituto Nacional Electoral y el correspondiente Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (…). Se trata de una institución ciudadana (INE) que ha madurado gracias a su autonomía de los poderes políticos y en estrecha relación con la ciudadanía y la pluralidad de los partidos políticos. Ha permitido durante los últimos 25 años la realización de procesos electorales (generales y locales) justos, equitativos, abiertos, transparentes y confiables, de forma legal y pacífica para la renovación de los cargos de elección popular.
“El INE y el TEPJF, hoy, son resultado de la lucha y compromiso de miles de mexicanos de la sociedad civil, y de todos los signos partidistas, quienes lograron abrir caminos para la democracia real en México. Desde su fundación, el principal fruto fue que el gobierno dejó de ser juez y parte en los comicios electorales, y comenzó la transición a la democracia con alternancia…
“Expresamos -dicen los obispos de México- nuestra franca preocupación (…) por el impulso que se da a una reforma constitucional en materia electoral, por iniciativa del Ejecutivo federal (…), que por su orientación y motivos es claramente regresiva; más aún, constituye un agravio a la vida democrática del país, reforma destinada a afectar la representación y el equilibrio de las minorías y mayorías, llevando el control de los comicios hacia el ámbito del gobierno federal centralista, afectando su gestión presupuestal, eliminando su autonomía ciudadana y su imparcialidad partidista”.
La jerarquía católica recrimina que ningún ciudadano y menos los gobernantes (…), tienen derecho a impulsar reformas que eliminen o comprometan la fortaleza de las instituciones que son soporte del estado mexicano, como es el caso del INE y del TEPJF. La sola pretensión de hacerlo -advierten-, pone en entredicho la calidad moral de quienes la impulsan.
“Unimos nuestras voces (…) con millones de ciudadanos que piden detener el intento de minar a estas dos instituciones a través de reformar la ley constitucional”, señalan los obispos, y piden hacer a un lado “intereses ideológicos particulares e inapropiados (…). Apelamos a la prudencia legislativa y al compromiso del gobierno para con toda la ciudadanía, más allá de intereses partidistas o de protagonismo histórico. Decimos junto a millones de voces: No pongamos en riesgo la estabilidad y gobernabilidad democrática del país”.
INICIATIVAS ENCONTRADAS
Si bien la iniciativa presidencial de reforma electoral contiene varios puntos polémicos y discutibles, hasta el momento la atención se ha centrado en el futuro del Instituto Nacional Electoral, particularmente, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a partir de lo que ya parece más bien un asunto personal entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y los consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, quienes han sostenido enfrentamientos constantes, principalmente a través de los medios de comunicación.
Y esta discusión continuará en tanto la iniciativa no llegue al pleno del Congreso de la Unión donde se le dará un destino final, ya sea rechazándola por una mayoría opositora o aprobándola si los legisladores del PRI se suman a los de Morena y aliados y alcanzan la mayoría calificada que se requiere para que se convierta en reforma constitucional.
Llama la atención de que a diferencia del PAN que presentó una iniciativa formal como contrapropuesta a la planteada por Morena, el PRI haya decidido presentar simples planteamientos que suman tanto propuestas panistas como morenistas, dejando su posición de manera indefinida y a la expectativa respecto a que si volverá a sumarse a la mayoría morenista o hará alianza legislativa con el PAN y el PRD.
