Por José Antonio Elvira de la Torre
Prof. del Departamento de Estudios Políticos del CUCSH de la UdeG
El 8 de mayo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con 9 de sus 11 Ministros, declaró la invalidez de las reformas a la Ley de Comunicación Social y a la Ley de Responsabilidades Administrativas que fueron aprobadas con el respaldo de MORENA, PT y PVEM en el Congreso de la Unión, fundamentalmente por los defectos en el procedimiento legislativo. Esta decisión se suma a la suspensión que ya se había concedido a finales del mes pasado para frenar la entrada en vigor de las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, y la Ley General de Medios de Impugnación, y que se ha denominado “el plan B” de la reforma electoral.
Aunque aún no se entra a la discusión de lo fundamental (si las reformas contravienen la Constitución), los efectos de esta decisión de la mayoría calificada de Ministros que integran el Pleno de la Corte no solamente podrán observarse en el plano institucional (leyes y reglas formales), sino también y en forma más inmediata en el terreno político.
En el Poder Legislativo, refuerza la importancia de respetar el procedimiento de aprobación de leyes que debe fundarse en los preceptos democráticos de la deliberación, inclusión, legalidad. Si bien la regla de la mayoría es necesaria para hacer funcionales los cuerpos colectivos de toma de decisiones políticas, también lo es que el ejercicio de las mayorías no puede convertirse en imposición, ignorando los argumentos e intereses de quienes disienten ni despreciando los mecanismos formales que se requieren para arribar a decisiones colectivas.
En el Poder Ejecutivo, recuerda que aún las victorias electorales, legales y por amplio margen, no cancelan los equilibrios y contrapesos constitucionales para el ejercicio del poder político. Sea que se trate de llevar a cabo propósitos altruistas o de un simple y mundano ejercicio de poder, la división de capacidades, facultades y atribuciones conferido a cada uno de los poderes públicos nos otorga un seguro contra posibles voluntades autoritarias para concentrar poder y ejercerlo sin límites.
En los partidos políticos, obliga a recordar una de sus tareas fundamentales: representar legítimamente visiones e intereses diferentes, con el propósito de construir acuerdos de cooperación que hagan posible la acción y atención colectiva de nuestros problemas.
En los ciudadanos, renueva la obligación de la rendición de cuentas sobre las decisiones y acciones por implementar, no solamente a ser escuchados para enriquecer los procesos de formulación de reglas sino a recibir explicaciones y justificaciones razonables y racionales sobre los propósitos y efectos de las reformas institucionales.
En la misma Suprema Corte, a no ceder en el grado de autonomía conseguido que signifique una regresión y no olvidar su responsabilidad con la República, con la comunidad política, con las personas que la conformamos, como el espacio último para la vigencia de los derechos, las libertades y el respeto a la forma de organización política democrática que nuestra Constitución establece.
