Por Alfonso Gómez Godínez
@ponchogomezg
En el fragor del futurismo político, la promoción adelantada de los aspirantes a competir por los espacios de representación popular se incrementa día a día. A diferencia de los viejos tiempos, de la segunda mitad del siglo pasado, donde la máxima del histórico líder obrero don Fidel Velázquez era de “quién se mueve no sale en la foto”, en los momentos actuales seguir esa receta se considera como una perdición o suicidio político.
Los tiempos son totalmente distintos. En el pasado, lo trascendental era que el jefe político y actor único de la política, el presidente de la República, tuviera el control absoluto de los procesos de selección de candidatos. La política giraba alrededor del presidencialismo, un partido hegemónico, una disciplina férrea y lealtad ciega, un alto consenso social, control de los medios de comunicación y una oposición arrinconada y simbólica.
Bajo las condiciones anteriores, las reglas no escritas de la sucesión y de la designación de los candidatos a los espacios más relevantes del quehacer político era el centralismo y control del Poder Ejecutivo. Estar bien con el presidente, ser cercano y útil, eran los requisitos básicos para una nominación. El arraigo, la popularidad, el proyecto y la trayectoria eran aspectos secundarios.
Al paso de los años, con los cambios propios de la sociedad, la diversidad de preferencias, de partidos políticos y el rompimiento del monopolio del partido hegemónico, se buscó establecer controles para que los suspirantes o candidatos provenientes del partido en el poder no abusaran de esa condición. La sociedad y la oposición exigió piso parejo y la legislación electoral optó por establecer preceptos o candados para evitar las campañas adelantadas, el uso de recursos públicos, y regular la promoción de los funcionarios públicos.
Lo que vemos y percibimos es que esas regulaciones están siendo rebasadas, se convierten en letra muerta o se busca darle vuelta con simulación y engaño. La realidad es que nuestra legislación electoral se convirtió en un complejo y asfixiante edificio normativo. Es de reconocerse que muchos de esos elementos de control que buscaron poner piso parejo y contener las ventajas y abusos del partido en el poder, contribuyeron a la alternancia política que vivimos.
En el límite de esas regulaciones se determinó suspender obras, programas sociales, inauguraciones, propaganda gubernamental en los tiempos electorales. El sentido es alejar al gobierno en turno del apoyo a sus candidatos.
En otros países, caso específico Estados Unidos y lo hemos visto con los presidentes Obama, Trump y Biden, sin ningún problema realizan giras de apoyo a los candidatos de su partido, los promocionan mediáticamente ofreciéndoles todo el apoyo.
Fui testigo hace algunos años, no recuerdo con precisión sí en Panamá o en El Salvador, donde el mismo día de la elección y muy cerca de la urna electoral, los equipos de los candidatos seguían haciendo labores de proselitismo y prácticamente al momento de votar seguían entregando propaganda.
Con estas reflexiones, no trato de generar simpatías por reformas que afecten el piso parejo o favorecer a los candidatos que vienen de los partidos en el poder, lo que se trata en poner en la mesa de discusión la pertinencia de reglamentaciones electorales que se aprobaron para otros tiempos. Reformas y acciones que también no conviertan en letra muerta nuestras leyes electorales.
