Por José Antonio Elvira de la Torre
Prof. del Departamento de Estudios Políticos del CUCSH de la UdeG
La importancia del Poder Judicial en cualquier República bajo un régimen democrático va más allá de la esencial división de Poderes que establece de manera legal límites y contrapesos para el ejercicio de las funciones encomendadas a cada uno de ellos. No sólo se trata de una formalidad para que sean diferentes cuerpos, entidades y personas que tienen la responsabilidad de ocuparlos e integrarlos; se trata de una construcción institucional que busca en última instancia: 1. La vigencia de la ley para regular la vida en la comunidad política; 2. Salvaguardar las libertades y los derechos de quienes formamos parte de ella; y 3. Frenar la posibilidad de que alguno de los Poderes públicos, las entidades gubernamentales, los actores políticos o de cualquier otro tipo, resquebrajen el orden institucional y ejercer poder sin límite alguno (incluso mediante la violencia).
Por esta razón, en las últimas semanas la elección de la Presidencia de la Suprema Corte ha despertado tanto interés (quizá como nunca antes), más allá de la persona que ocupe el cargo, por la importancia de las implicaciones que dicha nominación tendría en el funcionamiento del Poder Judicial en su conjunto, así como la relación de este con los Poderes Ejecutivo y Legislativo. La votación en la que resultó electa la ministra Norma Piña ha sido calificada como positiva por el hecho de contar con una larga trayectoria Judicial, por ser la primera mujer en ocupar dicho cargo y porque su trayectoria hace pensar que un desempeño profesional apegado a la legalidad y respetuoso de la autonomía de dicho Poder.
No obstante, la integración actual y próxima futura de la Corte sigue haciendo posible que se presenten escenarios muy complejos y que pueden tener resultados negativos tanto para el fortalecimiento de la rendición de cuentas y la autonomía entre los Poderes Públicos, como para el andamiaje institucional de nuestra democracia (lo que se traduce en riesgos para la calidad y perdurabilidad de la misma): seguirá contando con cuatro ministros designados en este periodo presidencial y ha contado con el respaldo invariable de uno de los siete ministros no designados en este período, así como uno más por proponer este año (con los que se puede evitar la conformación de mayorías calificadas para la aprobación/rechazo de cualquier tema).
El mecanismo para nombrar Ministros de la Corte no implica ni exige lealtad absoluta al Poder Ejecutivo. Es evidente que cada Presidente de la República propondrá perfiles a los que puede considerar confiables e, incluso, cercanos, ya sea por decisión unilateral propia o de la fuerza política que lo respalda, o por acuerdo en negociaciones incluyentes con otras fuerzas políticas. Por ello es fundamental un especial énfasis en el perfil de las personas que son propuestas para ocupar dichos cargos para fortalecer las posibilidades de un desempeño apropiado que contribuya al mejor funcionamiento del Poder Judicial en particular y de la democracia en su conjunto.
