Por José Antonio Elvira de la Torre
Prof. del Departaento de Estudios Políticos del CUCSH de la UdeG
Durante meses hemos sido testigos de una serie de conductas indebidas sistemáticas para promover a quienes aspiran a candidaturas y cargos públicos en la próxima elección, sea en lo federal o las entidades, sean funcionarios públicos o militantes de partidos. No es que estas prácticas ilegales que utilizan indebidamente recursos gubernamentales y/o recursos privados, sean nuevas (casos paradigmáticos: Fox en Guanajuato, López Obrador como jefe de gobierno del DF y Peña Nieto en Estado de México), pero sí la escala y magnitud de las acciones y del desdén por las reglas y organismos electorales, de los actores involucrados (partidos y aspirantes).
Como se anticipaba, la segunda parte de reforma electoral planteada desde Presidencia de la República y aprobada en las Cámaras por la mayoría de Diputados y Senadores de MORENA, PT y PVEM, también fue declarada inválida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (9 Ministros contra 2), lo que significa que los comicios federales de 2024 se organizarán con la legislación que opera, con algunos cambios, desde la reforma de 2009 y que establece claramente límites y sanciones a la promoción política anticipada para alcanzar candidaturas y cargos de representación. Por tanto, la dimensión institucional (legal), aunque requiere ajustes y mejoras no será el principal problema de la siguiente elección.
El mayor reto está en la dimensión organizacional de la elección, no en el sentido del servicio electoral de carrera, que salvo escasas excepciones ha demostrado que se cuenta con una estructura con capacidad técnica, experiencia operativa y solvencia ética, sino porque los actores arriba mencionados lograron su cometido de disminuir la capacidad de las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales, específicamente de Consejeros Electorales del INE y Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para vigilar, fiscalizar y sancionar conductas ilegales, como la promoción ilegal de funcionarios gubernamentales y la anticipada y disfrazada realización de procesos para la determinación de candidaturas.
Es muy preocupante cómo algunos analistas, en lugar de hablar de la franca violación a la legislación, hablan de la capacidad estratégica de ciertos actores para sacar ventaja indebida y posicionarse por encima de sus competidores. Los eufemismos no sólo tratan de ocultar la promoción ilegal y anticipada con fines de obtener candidaturas y posteriormente cargos públicos, sino también para esconder el uso de recursos privados de los que se desconoce su procedencia o, peor aún, el desvío de recursos públicos, gubernamentales y partidistas para esos fines.
La reforma electoral de 1996 significó el fin del control gubernamental sobre los organismos y procesos electorales al otorgar plena autonomía al entonces IFE y a su Consejo General para vigilar y garantizar comicios legales e imparciales. En el escenario actual, los consejeros y magistrados electorales son nuevamente figuras centrales que con su desempeño pueden demostrar autonomía e independencia para blindar con legalidad, transparencia y certeza las elecciones, y evitar que la simulación y la trampa sean la forma permanente de ganar comicios.
