Por Ismael Zamora Tovar
Doctor en Educación
En los últimos años se ha vuelto común afirmar que los votantes sólo responden a incentivos económicos: apoyan a quien les garantice estabilidad, transferencias o seguridad mínima, incluso si ello implica tolerar abusos de poder o retrocesos democráticos. Esta visión, sin embargo, es incompleta. La experiencia reciente en distintas democracias, y también en México, muestra que la política no se reduce a números: también es una disputa por la dignidad, la justicia y los límites morales del poder.
Los acontecimientos en Estados Unidos (Minneapolis, Los Ángeles, Chicago…) indican según Paul Krugman, Premio Nobel de Economía, que existe un error profundo en pensar que las sociedades aceptarán cualquier forma de autoritarismo mientras su situación material no empeore. La reacción de ciudadanos comunes frente a la injusticia, la crueldad o la humillación pública demuestra que persiste una reserva ética que puede movilizar políticamente. No se trata de idealismo ingenuo, sino de reconocer que la decencia sigue siendo un valor con capacidad de organizar voluntades.
México ofrece ejemplos claros. Las movilizaciones por los desaparecidos, la defensa de instituciones electorales, las protestas de las madres buscadoras y la indignación frente a la corrupción no responden sólo a intereses económicos inmediatos. Expresan una demanda de respeto, de legalidad y de reconocimiento humano. Son síntomas de que amplios sectores sociales no están dispuestos a normalizar la arbitrariedad ni el abuso, aun cuando existan beneficios materiales.
El voto no se mueve sólo por el bolsillo, sino por la conciencia. Las personas no eligen únicamente en función de beneficios económicos, sino también a partir de emociones y juicios morales sobre la justicia, la dignidad y los límites del poder. La idea de que con dinero basta para comprar lealtades se desmorona cuando los ciudadanos perciben abuso, desprecio o arbitrariedad. La política no es sólo administración de recursos: es una relación ética entre gobernantes y gobernados.
En México, esta lógica se expresa con claridad. Muchos votantes apoyan proyectos políticos no sólo porque les resultan útiles, sino porque les ofrecen identidad y reconocimiento: los pobres primero, el pueblo, contra los corruptos. Estas narrativas conectan con una necesidad de pertenencia y de justicia simbólica. Por ello, las lealtades políticas no se adquieren únicamente con transferencias, sino con respeto, dignidad y límites claros al ejercicio del poder.
En este contexto, la oposición política enfrenta un desafío estratégico: dejar de hablar únicamente en términos técnicos y administrativos como: deuda externa, déficit, crecimiento, eficiencia, y recuperar un lenguaje moral. No basta con señalar errores de política pública, es necesario explicar por qué ciertas prácticas son injustas, por qué ciertos discursos degradan la convivencia y por qué ciertos abusos lesionan la dignidad de personas concretas.
Construir una coalición desde la decencia implica tres desplazamientos clave:
Primero, pasar de una política basada en el miedo a una política basada en la esperanza ética: no advertir sólo sobre el colapso, sino proponer un país más justo y respetuoso.
Segundo, dejar de tratar al votante como un actor manipulable y reconocerlo como un sujeto moral que distingue entre lo correcto y lo inaceptable.
Tercero, defender rostros humanos antes que abstracciones: víctimas antes que estadísticas, derechos antes que slogans.
Una coalición de la decencia no es ideológica en sentido estrecho. Puede incluir a personas con distintas posturas económicas o culturales, unidas por un mínimo común: rechazo a la crueldad, límites al poder y compromiso con la legalidad. Es una alianza cívica más que partidista, fundada en valores compartidos.
El futuro de la competencia democrática en México no dependerá sólo de quién administre mejor los recursos, sino de quien sea capaz de articular una narrativa moral creíble. En tiempos de polarización, la decencia no es debilidad: es una fuerza política. Convertirla en proyecto colectivo puede ser la clave para restituir la legitimidad ética de la democracia mexicana en un contexto de desconfianza y fragmentación social.
