Por José Antonio Elvira de la Torre
Prof. del Departamento de Estudios Políticos del CUCSH de la UdeG
En la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, realizada durante la madrugada del viernes 31 de marzo, se llevó a cabo un sorteo para designar a los nuevos integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que ocuparán el cargo por nueve años. La importancia del proceso de designación de quienes desempeñaran dichos cargos, estriba no sólo en el importante papel que tiene el organismo electoral para la organización de los comicios presidenciales y la renovación de varias gubernaturas, tanto en 2023 como en 2024, sino en el futuro de esta organización y su contribución a la perdurabilidad y calidad de nuestra democracia.
La primera sorpresa no fue la imposibilidad de llegar a un acuerdo entre las fracciones congresionales, sino el cambio de posturas de algunos actores estratégicos, tanto en el Congreso como en el Poder Ejecutivo. Previo a la sesión, el líder de la fracción de MORENA y el Secretario de Gobernación expresaron su negativa a construir acuerdos con otras fuerzas políticas para la designación de los cargos, mientras que los líderes de fracciones de oposición mostraban disposición para el acuerdo. Sin embargo, según los reportes de la prensa sobre la sesión, de último momento fue MORENA quien sugirió un acuerdo a las fracciones del PAN, PRI y PRD, para distribuir los espacios en función de la representación de cada bancada legislativa, para que MORENA propusiera tres consejeros (incluyendo la presidencia del organismo) y la oposición uno. El PAN no aceptó la distribución propuesta.
En sustitución del presidente Lorenzo Córdova, la consejera Adriana Favela, y los consejeros Ciro Murayama y Roberto Ruíz Saldaña, resultaron electos (por haber sido los nombres contenidos en los sobres retirados de la tómbola) para ocupar la presidencia, Guadalupe Taddei Zavala (ex Comisionada Presidenta del Instituto Electoral de Sonora), mientras que para consejera y consejeros Rita Bell López (ex consejera electoral en el estado de Oaxaca), Jorge Montaño Ventura (Fiscal de Delitos Electorales en el estado de Tabasco y Arturo Castillo Loza (asesor de presidencia de la sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación).
Si bien el mecanismo del sorteo es legal por estar previsto ante la imposibilidad de llegar a acuerdos entre las fracciones congresionales, resulta decepcionante que en decisiones políticas que requieren de la cooperación de las diferentes bancadas legislativas para la construcción de acuerdos, no se eviten las posiciones maximalistas. No se trata de lograr acuerdos por imagen y legitimidad si son contraproducentes para nuestra democracia, sino construir decisiones colectivas incluyentes, para que sean respaldadas por más actores, para ser perdurables y producir mayor utilidad social.
Probablemente el desempeño de quienes resultaron sorteados sea respetuoso de la legalidad, muy profesional, con autonomía e imparcialidad, ya tendremos oportunidad para evaluarlo, por lo pronto, resulta significativo que una mujer presida el IFE/INE y que el máximo órgano de dirección del organismo, se integre mayoritariamente con mujeres (6 de los 11 Consejeros Electorales).
