NOTA DEL EDITOR
Por Julio César Hernández
@jcentresemana
Semanas atrás en Teocaltiche, Jalisco, asesinaron al jefe de Seguridad Pública municipal, luego al secretario general del Ayuntamiento y posteriormente a la regidora de Movimiento Ciudadano que fue la candidata a la presidencia municipal. Estos tres crímenes en menos de 30 días. La semana pasada, poco antes de las 7:30 de la mañana, en una de las avenidas más transitadas de la Ciudad de México, asesinaron a la secretaria particular y al asesor de la jefa de Gobierno de la capital del país.
En los primeros tres casos poco a nada se sabe de los autores materiales, intelectuales y las razones del crimen, aunque se presume que un sujeto detenido días atrás puede ser el asesino del secretario general, quien también era el presidente del comité municipal del PRI. En el caso de los funcionarios de la Ciudad de México, al momento de escribir estas líneas, nada se sabía más allá de localizar el casco y el chaleco que utilizó el autor material, así como la motocicleta y dos vehículos que habrían sido utilizados en el hecho. No más.
En Veracruz, donde la semana próxima habrá elecciones locales -diputados y presidentes municipales-, han sido asesinados ya algunos candidatos y otros han sido víctimas de atentados o recibido amenazas.
La escalada de violencia y de agresión en contra de funcionarios públicos cada vez se incrementa más en nuestro país. Y ya no es sólo cosa de que “se matan entre ellos”, refiriéndose a la lucha cruenta que sostienen los diversos cárteles de la droga y del crimen organizado en diversas regiones del país. Eso ya quedó atrás, eso es historia, porque hoy las balas han acabado con la vida de funcionarios de gobierno, principalmente municipales, pero ya alcanzó a los estatales como en el caso de la Ciudad de México.
Y aquí no se trató de una agresión en contra de elementos de los cuerpos policiacos o de seguridad pública de cualquier corporación. No. Se trató de un atentado contra dos personajes cercanísimos -valga la expresión- a quien gobierna nada menos que la capital del país, y eso hace más delicado el ambiente de inseguridad que se vive en el país.
La delincuencia organizada está “desatada”, pero hay que reconocer que desde el gobierno federal se ha decidido hacerle frente, combatirla y tratar de abatirla, dejando atrás la sangrienta frase que caracterizó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de “abrazos y no balazos”, con la que prácticamente le despejó el camino a la delincuencia para que se apoderada de vastos territorios hoy convertidos en “su propiedad”.
El trabajo emprendido por el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, a través, principalmente, de su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y de la mano del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, tiene frutos con la detención de miembros del crimen organizado y la incautación de armamento, parque, vehículos y droga, dándole un fuerte golpe en lo que más les duele: lo económico, la pérdida de millones de dólares al no lograr colocarla en el mercado.
La tarea no es fácil, pero un trabajo de apenas ocho meses ya registra frutos, ya aporta victorias para el gobierno federal sobre el crimen organizado, cuando se traía arrastrando prácticamente un sexenio de “brazos caídos” de la autoridad en el combate a la inseguridad. Y no se advierte que el gobierno le vaya a “aflojar”; por el contrario, el incremento en los homicidios, la reacción de la delincuencia ante la detención de algunos de sus “cabecillas” bloqueando carreteras e incendiando camiones, hace ver que los “golpes” les han dolido y mermado.
Es por eso que el gobierno federal y los gobiernos estatales están obligados a poner fin a la impunidad que aún reina en el país y que alienta al crimen organizado y a la delincuencia a seguir cometiendo sus fechorías. Ya es tiempo de que las autoridades escuchen el “¡Ya basta!”, de los ciudadanos.
