Por Juan Carlos Hernández
Maestro en Gestión Social y Políticas Públicas
@juancarleis2020
En México como en el mundo existe la fortuna de la cristalización de la libertad de expresión, y ante ello la importancia de la opinión pública buscando la concordia, participación y equilibrio entre gobierno y gobernados. Ante ello, es debatible la revisión de la opinión y si ésta es basada en la democracia, en el interés de la ciudadanía que apunte hacia la práctica de la gobernanza.
Las políticas públicas encaminadas a resolver las apremiantes necesidades del país, sus efectos y consecuencias, ¿deberían ser consultadas ante la opinión pública? Es probable que sí, pero factible, quién sabe, debido a las complejidades que ello implica. Opinar debe hacerse basado en los hechos en una sociedad pluralista, democrática y no en políticas emocionales y sensitivas.
Ante ello, Walter Lippmann sostiene que “el gobierno basado en la opinión pública es imposible, pues el ciudadano no tiene posibilidad de mantenerse informado”, hay poca motivación y tiempo para adquirir, así como en el mundo no se puede tener una opinión para cada tema, ello es irrealizable, pues se pide demasiado al común del ciudadano. Además, se advierte que ningún medio y escuela es capaz de contextualizar en el ambiente del debate público.
Suponemos que el incentivo de la opinión pública está basado en los medios de comunicación tradicionales y ya hoy día de las redes sociales, como formadores de ella; sin embargo, la ciudadanía sigue siendo la fiscalizadora del poder y ante ello juega un papel muy importante. El punto es que no todos pueden opinar con conocimiento y ahí entonces se dificulta la credibilidad de esa información que va de una persona a otra y que a veces da crédito sin tener el control de calidad y de ética, pues no hay juicios de valor certeros.
Aunque hoy día el ciudadano es más visible para el poder, y lo es también para los medios de comunicación, se genera noticia de interés común, se permea a la sociedad y se pone a todos en el mundo del opinar. Pero, cuidado, pues opinar no siempre significa decir la verdad o tampoco sustentarlo y motivarlo en conocimiento, pues ¿quién verifica ello?
Gobernar considerando el parecer de la opinión pública siempre será loable y, por supuesto, estratégico para cualquier gobierno, escuchar las expresiones siempre es y será una práctica responsable, el asunto es ver qué se puede solucionar y cómo; no se puede poner en duda la verdad expresada cuando hay un reclamo valido y justo de esa opinión pública.
Por otra parte, desear el control de la opinión pública o siquiera pensar en manipularle es impensable e inadmisible, pues no hay ética en esa práctica, cuidar lo que se dice desde la esfera del poder y de los medios de comunicación llama a no engañar ni a mentir, para que así se genere una informada opinión púbica, evitar las noticias falsas sí, pero también no crear historias ni divisiones de ninguna posición. Pues de la calidad del contenido y de la información será la calidad de la opinión, este es el quid. De ahí que el gobierno, más allá del criterio y de la postura o afinidad ideológica, es muy necesario que intervenga el proceso de datos, de información siempre con ética, explicando en lo posible el entramado de la gobernabilidad y evitando la irritabilidad de los gobernados generando noticias banales, con sesgo, con protagonismo denostable, sino profesional.
Hay, por lo tanto, la necesidad de contrastar las opiniones de unos con otros, quizá del gobierno y sus gobernados, para saber a ciencia exacta quién posee la razón, la verdad o al menos la calidad moral. No puede haber un narcisismo de la opinión, pues hay una pérdida de autoridad al hacerlo.
Tomar en cuenta que la lógica de gobernar es innovar, competir, construir comunidad a favor de los gobernados, no hacer política de polarización, es entonces donde en esta sociedad hipertecnológica es necesario encontrar una sociedad real de relaciones humanas y que opinen con certeza y, por supuesto, tener un gobierno con entereza.
