Por Juan Carlos Hernández Ascencio
Mtro en Gestión Social y Políticas Públicas
@juancarleis2020
Se ha dicho una y otra vez que si algo no funciona en México es la no organización y demostración de rendición de cuentas, no en todo, no en todas las veces, pero si al menos, en las últimas décadas, no se ha logrado establecer la forma de demostrar cuentas claras e información entre los gobernados y los gobiernos. Podemos encontrar por gracia otros temas sociales, pero no se encuentra entre ellos el de la realización clara y rotunda de compartir hoy en día datos factibles de la administración pública.
Es por ello por lo que las instituciones, como entes de interés público, obligadas a la rendición de cuentas y que conforman al andamiaje de la estructura que funciona con recursos públicos, que son con sus impuestos, amable lector y de todos los que generan trabajo y ello implícitamente hace que exista la economía al contribuir al fortalecimiento que abona a la representación presupuestal y, por ende, de actos de rendición de cuentas el saber en qué y cuánto se gasta; es de todos de interés para generar confianza en la sociedad.
Hoy día se discute y mucho se ha difundido ante la opinión publica el tema de la reforma para crear una nueva plataforma que sustituya la de CompraNet, (es el sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas), la cual será sustituida por un portal digital en un periodo máximo de los siguientes 30 meses, aunque tampoco se dice claramente qué pasará con la información a consultar posteriori que actualmente tiene CompraNet.
Los impulsores de la reforma sostienen que la nueva Plataforma Digital de Contrataciones Públicas será más transparente y mejorará las deficiencias de CompraNet, reduciendo así la corrupción. Por su parte, la oposición a esta reforma insiste en lo contrario y se crea una discusión política circular e improductiva, argumentando que también podría generar una discrecionalidad de compras.
Entorno a ello, a la posible aprobación se ha volcado un sin número de expresiones que la desaprueban, pues la realidad es que si desmantela y, en este sentido, la reforma y la destrucción de la información en CompraNet dificultará en gran medida el ejercicio de la labor de investigación, por ejemplo, para periodistas o para la academia, o centros de investigación social y así como su probada eficiencia.
Esto por no hablar de la atrofia de infraestructura que volvería muy complicado seguir las consultas a la actual página y con el nivel de atención y eficiencia con el que se hace actualmente con resultados más próximos y certeros. Además, se señalan consecuencias en materia de fiscalización de los ingresos y gastos de lo recientemente propuesto en CompraNet, que era una ventana de información pública, pero que no se explica dónde quedará toda la información que posee para posteriores consultas. Quizá debamos esperar una agenda posterior a la propuesta de reforma.
Las propuestas de modificaciones legales han sido confeccionadas sin tomar en consideración la experiencia y conocimiento técnico de la relación autoridad-ciudadanía, pero sí con todas las instituciones del Estado mexicano, es decir, nos damos cuenta de que no hay avances en dicha propuesta, sino que retrocesos que, de origen, podrían ser incómodos para muchos, pues no se ve un proceso normal de transición de un mecanismo a otro desde su inicio.
Lo menos que podemos hacer es estar atentos a lo que venga generando de cambios constitucionales en todo sentido; en la opacidad no es una buena idea que se deba establecer como algo normal porque no es pertinente, pues hay que recordar que al dejar hacer y dejar pasar, se puede caer en omisiones y lo mejor es que debe contar con toda certeza y garantía legal. Sea pues.
