Opinión Política
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El Escalón Universal: un paso hacia la inclusión real

Por Alondra Getsemany Fausto De León

Diputada en el Congreso del Estado de Jalisco 

Como diputada del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso de Jalisco, he tenido el honor de presentar, el pasado 22 de septiembre de 2025, la iniciativa «Escalón Universal: Servicios para Todas las Personas». Esta propuesta surge de un encuentro profundo con la comunidad de personas de talla baja, representada por líderes como Marisela Herrera Aguirre, presidenta de la Fundación De la Cabeza al Cielo, y Carlos Eduardo Zaragoza Acuña, su representante en Jalisco. Su testimonio me conmovió y me impulsó a convertirme en su portavoz, reconociendo que durante años esta población ha sido invisibilizada en nuestra sociedad. La iniciativa busca reformar la Ley para la Atención y Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad del Estado de Jalisco, incorporando un ajuste razonable sencillo pero transformador: el escalón universal, que garantice accesibilidad digna y autónoma en espacios públicos y privados y aborda una problemática profunda y cotidiana.

En México, según datos de la CNDH y organizaciones como Gran Gente Pequeña, viven más de 11 mil personas de talla baja, definidas por la OMS como aquellas con estatura inferior a 1.30 metros en adultos, causada por más de 700 displasias óseas como la acondroplasia. En Jalisco, estimamos entre 700 y 900 personas afectadas, proporcionalmente a nuestra población. Estas personas enfrentan exclusión diaria: ventanillas inalcanzables, cajeros automáticos altos, baños mal diseñados, transporte riesgoso y mobiliario urbano inaccesible. A esto se suma la discriminación social, el dolor crónico y la invisibilidad estadística, ya que no figuran en censos oficiales del INEGI, lo que impide políticas efectivas.

A nivel global, organizaciones como Little People of América (LPA), fundada en 1957 en Estados Unidos, han sido pioneras en abogar por los derechos de esta comunidad, promoviendo la inclusión a través de campañas contra el estigma y la discriminación.

La Americans with Disabilities Act (ADA) de 1990 obliga a que edificios públicos y privados incorporen medidas de accesibilidad, como mostradores bajos y rampas con escalones ajustables, beneficiando a más de 1.2 millones de personas de talla baja en ese país. En Europa, la Equality Act de 2010 en el Reino Unido prohíbe la discriminación por estatura y exige ajustes razonables en transporte y empleo. Además, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, ratificada por 182 países, enfatiza la necesidad de eliminar barreras físicas mediante el diseño universal, un principio que inspira iniciativas como los «Short Stature Accessibility Kits» en Estados Unidos y programas de la UNICEF para la inclusión infantil. En otros contextos, como en Irlanda con la Dwarf Sports Association o en la India con campañas de sensibilización, se promueve no solo la accesibilidad física, sino también la salud mental y el combate al aislamiento social.

En México, los avances han sido graduales pero significativos. Desde 2016, el Congreso de la Unión decretó el 25 de octubre como Día Nacional de las Personas de Talla Baja, en honor al natalicio de Billy Barty, activista estadounidense. En 2018, se reformó el artículo 4 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad para reconocer explícitamente la acondroplasia y la talla baja como condiciones de discapacidad, garantizando derechos plenos sin discriminación. Leyes estatales, como la de Sonora que declara el mismo día como estatal, o iniciativas en Oaxaca y Nuevo León para proteger derechos en empleo y accesibilidad, reflejan un compromiso creciente. Recientemente, en junio de 2025, el Congreso de la Ciudad de México aprobó un dictamen para evitar discriminación y mejorar infraestructura para esta población. Sin embargo, persisten desafíos, como la falta de inclusión en censos del INEGI, lo que subestima su presencia y necesidades.

En Jalisco, el panorama ha evolucionado con pasos firmes hacia la inclusión. En 2019, el municipio de Zapopan conmemoró el Día Nacional con eventos de sensibilización. En 2022, la Dirección de Inclusión a Personas con Discapacidad presentó su Programa Estatal, enfocado en accesibilidad y no discriminación. Y en 2023, tras una consulta estrecha ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se publicó la Ley para la Atención y Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad, alineada con principios de diseño universal. Mi iniciativa del 22 de septiembre de 2025 representa un avance concreto en este marco, respondiendo a demandas locales y ganando eco en medios de comunicación, que destacaron su potencial para eliminar barreras.

En México, según datos de la CNDH y organizaciones como Gran Gente Pequeña, viven más de 11 mil personas de talla baja, definidas por la OMS como aquellas con estatura inferior a 1.30 metros en adultos.

El contenido de la iniciativa es claro y práctico: reforma los artículos 2, 28, 29 y 35 de la ley estatal. En el artículo 2, se define el escalón universal como cualquier plataforma fija o móvil (escalón, banco o taburete) que permita acceso seguro a personas de talla baja, niños y aquellas con movilidad limitada. El artículo 28 obliga a la Secretaría de Transporte a exigir y vigilar su implementación en vehículos colectivos, elevadores y sistemas de compra de boletos. El 29 extiende esta obligación a la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública para ajustes razonables en obras. Finalmente, el 35 asigna a los municipios la responsabilidad de asegurar proyectos universales, incluyendo el escalón en instalaciones públicas y privadas, con señalización, braille y otras ayudas. No representa una carga presupuestal significativa, ya que puede ser modular y de bajo costo, con un plazo de 365 días para su implementación tras publicación.

En conclusión, iniciativas como el Escalón Universal son esenciales para visibilizar a una población que exige derechos humanos básicos, pero que permanece oculta porque ni siquiera está incluida en los censos de personas con discapacidad. No se trata de asistencialismo, sino de equidad: remover barreras para que todos accedan a lo mismo. Como legisladora, creo firmemente que la empatía se traduce en leyes, y que cuando una comunidad se une, la política se transforma desde abajo. Invito a la sociedad jalisciense a apoyar esta causa, porque una sociedad inclusiva beneficia a todos.

 

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