En diciembre de 2018, cuando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció su plan de salud integral que aplicaría durante su administración, asumió el compromiso a mejorar el sistema de salud pública de manera paulatina.
Por Gilberto Ortega Valdés
Analista
@gilortegavaldes
La salud es de los bienes públicos que los gobiernos deben de garantizar; los países están obligados a construir un sistema universal, accesible y gratuito que aseguren la salud y el bienestar físico y mental de toda la población.
En México, nuestra Constitución establece en su artículo cuarto que las y los mexicanos tienen derecho a la protección de la salud. El derecho a la salud también se encuentra reconocido en múltiples tratados internacionales como lo es en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como en el artículo 10 del Protocolo de San Salvador, en el cual se enuncia que “toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social”.
En diciembre de 2018, cuando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció su plan de salud integral que aplicaría durante su administración, asumió el compromiso a mejorar el sistema de salud pública de manera paulatina.
En aquel evento las palabras del presidente fueron: «El sector de la salud es un desastre. La educación es mala, pero aún peor es el sistema de salud, por lo que desarrollaré un plan porque la gente está muriendo por falta de atención médica. El propósito es que haya atención médica y medicamentos gratuitos para toda la población”. En ese evento, el titular del Ejecutivo también se comprometió a “establecer un sistema de salud de primera, como en Canadá o en los países nórdicos”.
Todas las promesas y compromisos que realizó Andrés Manuel durante su campaña política y a inicios de su período como Presidente de México se las llevó el viento; continuaron únicamente en papel porque para el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) el número de mexicanas y mexicanos que no cuentan con acceso a servicios de salud otorgados por una institución pública o privada aumentó de manera alarmante.
En el año 2018 existían 20 millones de mexicanos sin servicios de salud, en 2022 la población en esta triste situación pasó a 50.4 millones de mexicanos.
Esto quiere decir que en cinco años se duplicó el número de personas que se quedaron sin acceso a ningún sistema de salud, ya sea público o privado, demostrando el rotundo fracaso de la política de salud de la actual administración.
Aunque el Seguro Popular contaba con muchas fallas en su operación, era un sistema que lograba cumplir con sus objetivos. Desde su creación en el año 2004, millones de personas que no contaban con servicios médicos lograron atenderse de manera gratuita. Ahora con la política de la presente administración las instituciones públicas existentes no pueden otorgar la atención básica de primer nivel.
Sin duda, la salud pública debe de ser una prioridad; tener un sistema universal y de calidad que garantice atención médica para toda la población contribuye al desarrollo económico y bienestar de las familias. Al igual que el combate a la corrupción, el sistema de salud en México es otro de los fracasos de Andrés Manuel López Obrador.
