Por Juan Carlos Hernández A.
Maestro en Gestión Social y Políticas Públicas/ Profesor de la Escuela de Filosofía UAG.
La fórmula más apremiante para cualquier país de funcionar bien, tener y mantener la estabilidad política, es haciendo valer el ejercicio de los derechos políticos-electorales de sus ciudadanos. Ciudadanos que de forma pacífica votan libremente por quienes desean que los gobierne de manera periódica, sean de 3 años o de 6 años, elección que organiza de manera puntual hasta hoy el Instituto Nacional Electoral y/o los institutos electorales locales. La fórmula ha fortalecido la democracia, bajo el sistema de partidos políticos en México.
Ante la propuesta iniciada por la pasada administración del Ejecutivo Federal (2018-2024) en una serie de iniciativas de reformas constitucionales con la intención de reconfigurar aspectos del Estado mexicano y que fue llamado “plan C” y que ahora es retomada por la Consejería Jurídica del actual Gobierno Federal y con seguridad la bancada del partido mayoritario en Cámara de Diputados y Senadores, se ha hablado de cambios importantes como los de eliminar la representación proporcional en lo federal y lo local, así de la desaparición de los institutos electorales locales y tribunales electorales de los estados, el de reducir el financiamiento público a los partidos políticos, como también la modificación a la actual integración del Servicio Profesional del Instituto Nacional Electoral.
Así pronto se aproxima una nueva reforma electoral que no se había presentado desde hace 11 años, la última fue de año 2014. Se sabe que las propuestas que se han dado a conocer traen modificaciones de gran calado institucional destacando, entre las ya señaladas con anterioridad la creación del Instituto Nacional Electoral y de Consultas (INEC).
Al respecto se señala que los recursos financieros y materiales del INE pasarían al INEC. Los recursos humanos ingresarán a través de concurso público. Liquidación conforme a la ley del 100% de personal. Los mandos superiores no podrán acceder al concurso público, ni al proceso electivo de consejeros y/o coordinadores. Elección de consejeros del Consejo General y titulares de las Coordinaciones Electorales Estatales (hoy Juntas Locales Ejecutivas) por voto directo.
Las funciones de los Organismos Públicos Locales Electorales, las realizará el INEC, a través de la Dirección Ejecutiva de Procesos Electorales Locales. El primer Consejo General del INEC estará conformado por 5 mujeres y 4 hombres. Se elegirán 17 Coordinadoras y 15 Coordinadores como titulares de las Coordinaciones Electorales Estatales (hoy juntas locales ejecutivas). El tabulador del INEC corresponderá al de la administración pública federal, los consejeros tendrán nivel de secretario de estado y los coordinadores de subsecretario de estado.
Es pertinente señalar que existen imponderables, como ejemplo la falta de capacidad técnica y operativa para rehacer lo que se propone, improvisación de una estructura del Servicio Profesional Electoral, sin “expertis” en organizar elecciones, y la consabida curva de aprendizaje que puede llevar a cometer omisiones o errores en los procesos a ejecutar. Las personas hacen a las instituciones, el IFE ahora INE, tiene personal por todo el país con probidad profesional demostrada desde 1991 a la fecha.
A reserva de que sean modificadas dichas propuestas más lo que presente el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo, estas iniciativas están hoy en la mesa en revisión; aunque como siempre lo deseable es mantener lo que funciona pues las instituciones son fortalezas para la sociedad y su rol de funcionamiento. Lo posible es que los cambios sean sí, pero en perspectiva de mejora, de mayor apoyo y nivel de operación en bien del mismo sistema democrático, que debiera ser consensuado y deliberativo, como otras reformas pasadas, escuchar todas las voces, un pacto para concebir todas las mejores y probadas reglas; aprovechar lo que aún tenemos libremente en la praxis y aquilatamos los mexicanos.
Considerando los elementos señalados, junto a otros como la reducción del financiamiento a los partidos políticos que ha externado la presidenta de México, hay que esperar atentos qué viene en torno a una democracia consolidada y con fortalecimiento de sus órganos electorales o un retroceso del cual podríamos no tener avances de estabilidad política y perder más de 3 décadas de apertura hacia un México libre y democrático.