Por Alfonso Gómez Godínez
@ponchogomezg
Entre la economía y la política existen estrechos vínculos imposibles de separar. Aunque debemos de reconocer que algunos académicos y tecnócratas traten de negar dicha situación y se esmeran, por un lado, en aislar a la economía del campo político como las escuelas de pensamiento económico que incorporan supuestos de racionalidad, herramentales matemáticos, proyecciones econométricas, también tenemos a los tomadores de decisiones que se aferran a mantener la pureza de sus opiniones económicas sobre bases eminentemente técnicas.
El intento de aislar a la ciencia económica de la política, del ámbito histórico e institucional, ha provocado severas y duras críticas sobre las capacidades de la teoría económica no solo para explicar la complejidad de los fenómenos económicos, sino fundamentalmente de generar propuestas viables que coadyuven a la solución de los graves problemas sociales.
En contrapartida, algunos economistas han desarrollado la teoría del ciclo electoral para entender cómo las decisiones económicas que toman los gobiernos están influenciadas por la necesidad de ganar las elecciones y mantener en el gobierno al partido en el poder.
Dicho enfoque señala que en su afán de ganar las elecciones, los gobiernos utilizan políticas económicas –principalmente la política fiscal- de expansión del gasto público que permita por medio de la obra pública una fase de crecimiento del Producto Interno Bruto. Dicho en otras palabras, buscar una ola de expansión que con la generación de empleo y del ingreso se genere una percepción de bienestar que favorezca las calificaciones del gobierno. Así, el voto ciudadano es determinado por la “situación del bolsillo” del elector y el gobierno buscará desde la política económica influir en dicha situación.
Con tal finalidad, no solo se expande el gasto público en obras sino también en programas sociales y asistenciales, se sostienen e incrementan los subsidios, las tarifas del sector público se congelan o se reducen los precios de los bienes suministrados por las entidades públicas, se condonan adeudos, se postergan nuevos impuestos, principalmente.
En la actualidad, con los gobiernos sujetos a la dictadura de las encuestas, ninguna medida de política económica por necesaria que sea, por urgente que requiera su aplicación, será aplicada para evitar el descontento de algún grupo de la sociedad. Por el contrario, se llevarán políticas económicas que, aunque sean irracionales, insostenibles y costosas en el mediano y largo plazo, garanticen el voto de las mayorías.
El saldo de dichas medidas puede ser favorables a los objetivos electorales de los gobiernos y ganar la elección en curso; sin embargo, los daños y las consecuencias para la estabilidad económica y fiscal pueden ser muy graves. En Latinoamérica y México, esta historia ha sido recurrente. Al ciclo de estabilidad y auge, sigue el de la crisis y el estancamiento.
