Por José Antonio Elvira de la Torre
Prof. del Dpto de Estudios Políticos del CUCSH de la UdeG
En un proceso que no respetó las reglas del trabajo Legislativo, que recuerda los tiempos y las prácticas del régimen autoritario en México, la mayoría integrada por MORENA, PT y PVEM en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, aprobó varias reformas a diversas leyes federales, para ser turnadas al Senado de la República, que son muy controvertidas respecto de los efectos que producirán en términos de utilidad social y valor público.
Varias de las iniciativas aprobadas ni siquiera fueron discutidas en comisiones legislativas, por lo que se votaron sin que hubiera dictámenes y mucho menos una deliberación responsable e incluyente con actores y grupos estratégicos especializados en las materias de esas reformas.
Dos ejemplos significativos de medidas concretas que por su trascendencia obligaban a una mayor discusión y a la búsqueda de acuerdos entre fracciones congresionales, y entre estas y organizaciones civiles y especialistas, son la desaparición del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI) y la creación del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT).
El INSABI, que fue aprobado en 2019 e inició funciones al año siguiente, nunca logró su propósito de garantizar el derecho a la atención médica de personas sin cobertura de servicios de salud. No fue capaz de sustituir con éxito al Seguro Popular, teniendo efectos e impactos negativos importantes no sólo en el acceso a servicios médicos, tratamientos y medicinas, sino en la calidad de vida de las personas afectadas. Una razón de peso para crear este Instituto fue acabar con la corrupción generada por anteriores gobiernos en el manejo de recursos del Seguro Popular. No obstante, el INSABI desaparece sin rendir cuentas sobre miles de millones de pesos que se le transfirieron con la desaparición del Seguro Popular, ni dar respuesta a las observaciones sobre el manejo de varios cientos de millones de pesos que le hiciera la entidad de fiscalización del Congreso.
Las consecuencias en la vida de las personas no sólo se reducen al considerable incremento del porcentaje de ingreso que cada familia tuvo que destinar de manera adicional a la salud de sus integrantes al no contar ya con atención médica suficiente y de calidad, sino también a los estragos en su salud y calidad de vida al no contar con tratamientos y medicinas. Que el IMSS asuma la responsabilidad de atender entre 12 y 15 de millones de personas (según la fuente que se consulte), hace pensar un escenario poco alentador donde la disponibilidad de consultas, tratamientos y estudios especializados, así como el acceso a medicinas, sea aún menor.
Por otra parte, con la creación del CONAHCYT centraliza más las decisiones, ya que propone una junta de gobierno controlada por el Ejecutivo (14 Secretarías de Estado incluyendo a la Defensa Nacional y la Marina vs 6 espacios para “representantes de la comunidad y sector social y privado”), y sólo contempla la participación de especialistas, académicos y científicos por invitación, sin posibilidad real de incidir las decisiones.
