Por Juan Carlos Hernández Ascencio
Mtro. en Gestión Social Y Políticas Públicas
@juancarleis2020
Aplicar el ahorro que se pretende hacer con la opción de la aprobación pretendida de la reforma electoral llamada Plan B, es una fórmula de mal cálculo para el bienestar del sistema democrático del país y será una medida, de aprobarse, muy drástica, en torno a la actual Ley Electoral con la que se han venido desarrollando los procesos electorales.
Las responsabilidades del actual órgano electoral son bastantes y de alta cobertura, si tan solo revisamos tres básicas como las de acreditación de la ciudadanía con la credencial para votar con fotografía, solo en eso se realiza un trabajo de transcendencia a lo largo y ancho del país un día sí y otro también; se dan de alta a nuevos electores, se actualizan datos y se renuevan las micas electorales que, al final del día, sirve hoy como la identificación más solicitada para trámites diversos. Tiene una excelente aceptación y utilidad.
La otra responsabilidad es la de convocar en tiempo electoral a la ciudadanía a participar como funcionario de mesa directiva de casilla y en ello implica desplazar personal contratado para tal fin, igual por cada municipio del país se hace está actividad; y el último a mencionar y no menos importante es la convocatoria en todo el país a que se avisa a votar el día de la jornada electoral.
Solo en estos tres ejemplos se necesitan invertir recursos financieros, humanos y de equipo para lograr el objetivo. Por ello, en parte de la propuesta del Plan B no se está previendo está asistencia presupuestaria y no se mide el impacto negativo que tendrá el recorte a personal probado que trabaja para el INE.
La austeridad será buena en tanto y cuanto no límite el quehacer ordinario de los trabajos que implican en la organización de una elección, y este año 2023 ya se está organizando en dos estados para la renovación y elección de funcionarios estatales.
Entender que los ahorros pueden hacerse en otros rubros específicos de la administración pública federal, pero no en lo que concierne respecto a las tareas electorales que constitucionalmente tienen que ver con dar legitimidad a quienes se eligen para ocupar un cargo público y cuyos electores depositan la confianza en la autoridad electoral que hace posible la operación de los procesos que llevan a buen término cada elección, así que se debe otorgar certeza a los electores de poder elegir libre e informada a quienes pretenden gobernarles.
Ahorrar en centavos, que a lo posteridad pueda generar gastar en pesos, no es la idea más acertada. Son muchas las atribuciones que, sujetas a ley, el INE está obligado a realizar, y justo ello se hace con dinero. ¿Hay otra manera, plan o proyecto para hacerlo? No. Es así que cada etapa a organizar necesita de las personas más preparadas, los mejores equipos y recursos para lograr tal fin. ¿Entonces por qué abaratar, malbaratar y desarticular una institución probada en su competencia?
La credibilidad en las instituciones es y está por sus obras, sus acciones y actos que en el día a día se conforman según los ordenamientos legales, por ello la estructura nacional y permanencia son pertinentes e inequívocamente necesarios. No olvidar que persiste una relación entre la sociedad y el sistema electoral que ha dado frutos a granel.
Empecinarse a la reducción al mínimo minimorum de empleados y funcionarios del INE es un absurdo y un despropósito político, un austericidio; y además, escatimar en gastos que son más bien una inversión en la conservación de la estabilidad social del país es, por decir lo menos, una aberrante decisión. Volver a pensar en lo que tenemos, no desperdiciar el tiempo porque se avecina justo una elección de gran calado, el próximo 2024. ¡Hágale pues!
