Por José Antonio Elvira de la Torre
Prof. del Departamento de Estudios Políticos del CUCSH de la UdeG
Las precampañas a la Presidencia de la República y cargos legislativos federales arrancan justamente este 20 de noviembre, mientras que en Jalisco el pasado 5 de noviembre ya iniciaron las de los aspirantes a la gubernatura y será el 25 de este mismo mes cuando comiencen las de munícipes y diputados locales.
Las precampañas, ahora si las formalmente establecidas por la ley, son una etapa del proceso electoral que tiene como propósito promover a los aspirantes a las candidaturas de los diferentes partidos y coaliciones ante los militantes de esas organizaciones políticas, y en algunos casos específicos de elección abierta también ante simpatizantes. Desde que estas fueron reguladas en la reforma de 2008, tanto en lo federal como en lo estatal, se determinaron límites temporales y de gasto que no han sido modificados. De esta forma, las precampañas tienen una duración de dos terceras partes de la campaña del cargo respectivo: Presidencia de la República, diputados y senadores 60 días; gubernatura, 60 días; y diputados locales y munícipes 45 días.
Los topes de gasto de precampaña equivalen al 20% del tope del gasto de campaña de la elección anterior, mientras que los de campaña son determinados por la autoridad electoral, y serán los siguientes:
Presidencia: 85´926,665 precampaña y 660´978,723 campaña.
Senado (Jalisco): 5´728,444 y 44´065,248.
Diputados Federales (Jalisco): 329,638 y 2´203,262.
Para el caso de Jalisco, faltan aún por aprobarse los de campaña, pero la autoridad determinó en sesión del 1º de noviembre los montos de precampaña: Gubernatura 5´717,668.69; diputados locales: 329,017.79. Para Munícipes, cada uno considera un tope diferente, siendo el mínimo 17,376 para los de menor población, mientras que el mayor monto será de 1´344,772.39 en Guadalajara.
Las autoridades electorales administrativas han mejorado enormemente los procesos de fiscalización sobre el origen y destino de los recursos que se utilizan en las precampañas, y puede decirse que estamos a años luz de como iniciaron con la reforma de 1997 y el surgimiento de los organismos electorales efectivamente autónomos del gobierno. No obstante, este avance no ha garantizado que las conductas ilegales en que incurren algunas precandidaturas dejen de existir, tales como la utilización indebida de recursos gubernamentales, el financiamiento a partir de fuentes privadas ilegales y el rebase del tope de gasto de precampaña, así como la no presentación de informes financieros.
Los casos de sanciones como la imposibilidad de registrar las candidaturas de quienes incurran en esta dinámica han sido una herramienta insuficiente para tratar de desincentivar tales conductas, porque dejan sin sanciones efectivas a las organizaciones políticas que lo hacen sistemáticamente.
Debemos cuestionar también la realización de precampañas por parte de aspirantes únicos, con lo que se burla el espíritu de que sean mecanismos para la competencia interna efectiva y democrática. Si bien la designación de candidaturas es un mecanismo legal, los procesos de competencia interna son centrales para mejorar la utilidad social que producen los partidos y la calidad de nuestra democracia.
