Por Carlos E. Martínez Gutiérrez
Consultor en Desarrollo Urbano y Vivienda
@carlosemgtz
Por demás indignante el caso de la magistrada Yasmin Esquivel. Primero el plagio de su tesis de licenciatura demostrado por autoridades académicas de la UNAM; en el proceso una serie de contradicciones para tratar de defenderse y, para rematar, el trámite de un amparo y la resolución de una juez de la CDMX para que la casa de estudios no emita comunicado alguno al respecto, algo así como una ley mordaza.
Como si fuera poco lo anterior, a estos “pecados de juventud” de la famosa magistrada, a los 46 años presento su tesis doctoral, aparentemente copiando más del 40% de los textos de otras tesis, según una investigación realizada por el diario El País. Una tras otra, estos hechos demuestran desgraciadamente que esta integrante del máximo órgano de impartir justicia de la nación está muy lejos de tener ética y moral.
Este caso, sin antecedentes públicos en nuestro país, cada día adquiere dimensiones verdaderamente de escándalo, va más allá de un simple golpeteo político, escándalo mediático o “irregularidad administrativa”; ha puesto a temblar la credibilidad de las instituciones educativas y judiciales al no tener, no poder o no querer aplicar la justicia que a cualquier ciudadano común y corriente le dicta la lógica y su moral.
Pero también como sociedad nos pone a reflexionar la eficacia y los controles de las universidades para que sus egresados realmente cumplan con los programas, requisitos académicos, conocimientos y obligaciones para ejercer la profesión que estudiaron. Si esto sucede en la universidad más grande y de prestigio del país, ¿qué se puede esperar de otras que no tienen ni por asomo la influencia, prestigio, antigüedad y tamaño de esta universidad fundada en 1551 como la Real y Pontificia Universidad de México convertida en 1910 en la UNAM?
Lo más grave es que las instituciones encargadas de impartir justicia, lejos de dar respuesta lógica ante un acto de esta naturaleza, han sido omisas, cómplices y han permitido la impunidad, han omitido los postulados de nuestra constitución donde el estado en su conjunto está obligado a brindar seguridad a los ciudadanos, y seguridad no es solo cuestiones de seguridad pública, que dicho sea de paso también han fallado, sino también jurídicas, que garanticen el cumplimiento de las leyes, combata la impunidad, así como contribuya a la paz social y desarrollo en armonía de los ciudadanos.
Es inevitable recapacitar en la calidad moral de funcionarios, políticos, jueces, magistrados; en suma, dirigentes de instituciones o dependencias en cuanto su honestidad, imparcialidad, así como los actos de buscar el bien común o el servicio a los demás. Desgraciadamente este tipo de ejemplos son una afrenta a la sociedad, dan muestras de cinismo, deshonestidad e impunidad, pareciera que la ley es “del que no tranza no avanza”. Estos actos, desafortunadamente, la sociedad los tasa por igual a todo tipo de funcionarios públicos y la clase política, cuando la realidad es que no todos proceden de la misma forma.
Valdría la pena preguntarse si estamos dispuestos avalar, abonar o ser omisos en este tipo de prácticas, o exigir leyes que abonen a procesos claros y transparentes que coadyuven a tener un país con más justicia. De no corregir el rumbo, estaremos viviendo una degradación en la moral pública de nuestro país, la deshonestidad como forma de vida, donde dejaremos un penoso ejemplo y legado a las nuevas generaciones.
