Por Dr. Ismael Zamora Tovar
Doctor Filosofía UAG
Cómo se ejerce el poder y qué límites debe tener
La idea de que el mercado gobierna el mundo resulta seductora porque ofrece una explicación sencilla para un orden difícil de descifrar. En América, donde la prosperidad convive con la precariedad, sobran escenas que parecen darle la razón. La decisión de instalar una fábrica puede cambiar el rumbo de una ciudad y el encarecimiento del crédito puede dejar a un gobierno con pocas opciones. Pero hablar del mercado como si fuera el soberano del continente borra del cuadro a quienes toman esas decisiones. Para entender cómo se ejerce el poder en América, hace falta preguntar: ¿quién puede decidir?, ¿qué instituciones le permiten hacerlo? y ¿sobre quién recaen las consecuencias?
El mercado carece de una voluntad única. Bajo ese nombre conviven empresas que compiten, bancos que calculan riesgos, trabajadores que negocian salarios y gobiernos que establecen condiciones. Sus intereses pueden coincidir, pero también enfrentarse. Una corporación interesada en ampliar sus operaciones no persigue necesariamente los mismos objetivos que una autoridad preocupada por la seguridad nacional. Hablar del mandato del mercado sin distinguir actores transforma una relación histórica en una fuerza natural. Y las fuerzas naturales, a diferencia de las decisiones políticas, parecen exentas de responsabilidad.
Para superar esa abstracción, Susan Strange ofrece una clave de análisis: el poder estructural, entendido como la capacidad de configurar las condiciones en las que otros actores toman decisiones. Su contribución a la economía política internacional permite examinar cómo se ejerce esa capacidad en cuatro estructuras: seguridad, producción, finanzas y conocimiento. Desde esta perspectiva, el poder se manifiesta en la posibilidad de determinar quién recibe protección, qué se produce y dónde, quién accede al crédito y qué conocimientos se generan y difunden (Strange, 1988, 1996). Este enfoque permite analizar las relaciones de poder en América atendiendo a la interacción entre gobiernos, empresas e instituciones, más allá de las disputas entre dirigentes o de la supuesta voluntad única del mercado.
En la estructura de seguridad aparece la pregunta más antigua de la política: quién puede proteger y quién puede amenazar. En el espacio hemisférico, el peso de Estados Unidos exige considerar cómo se relacionan sus prioridades con las de los demás países. Pero sería un error imaginar una región inmóvil ante un centro omnipotente. Los gobiernos negocian, cooperan, resisten y buscan apoyos. Además, la seguridad admite definiciones rivales: proteger una frontera, garantizar una ruta comercial o preservar la vida de una comunidad pueden conducir a decisiones distintas.
La disputa comienza cuando una de esas definiciones pretende representar a todas. Una medida presentada como indispensable para la seguridad hemisférica puede reducir el margen de decisión de otro Estado. A su vez, la defensa de la soberanía puede servir tanto para proteger una deliberación democrática como para evitar el escrutinio de un gobierno. El análisis requiere preguntar quién define la amenaza y quién asume el costo de enfrentarla. La protección, cuando establece obligaciones desiguales, puede convertirse en una forma de dependencia.
La soberanía plantea también una exigencia interna: que la capacidad de decidir de un país esté sujeta a reglas que sus propios gobernantes deban respetar. Defender la autonomía frente a otros Estados exige, a la vez, proteger a los ciudadanos frente a la arbitrariedad de sus autoridades. El Estado de derecho vincula ambas responsabilidades: establece límites al ejercicio del poder, garantiza libertades y ofrece vías para impugnar sus abusos. Una sociedad necesita margen para decidir su destino y garantías para que nadie pueda apropiarse de esa decisión en nombre de la nación.
La estructura productiva permite observar otra geografía: la de las fábricas, los puertos, los yacimientos y las cadenas de suministro. Participar en ella ofrece empleo, ingresos y oportunidades de aprendizaje. Sin embargo, exportar mucho no equivale necesariamente a decidir mucho. Importa saber quién diseña, quién controla los componentes decisivos y quién puede trasladar la producción. Una economía puede estar intensamente integrada y conservar escasa capacidad para modificar las condiciones de su participación. La interdependencia describe los vínculos; todavía falta examinar cómo se distribuyen sus beneficios y sus riesgos.
Aquí se vuelve insuficiente la oposición entre Estado y mercado. Una instalación industrial necesita inversión, pero también carreteras, electricidad, trabajadores formados y reglas exigibles. Las empresas negocian con autoridades que, a su vez, buscan empleo, ingresos fiscales y respaldo político. De esa interacción pueden surgir capacidades duraderas o privilegios costosos. Los países latinoamericanos tampoco constituyen un bloque homogéneo: sus recursos, instituciones y coaliciones internas producen respuestas diferentes. La pregunta es qué acuerdos convierten la actividad económica en desarrollo y cuáles socializan los costos mientras concentran las ganancias.
Las investigaciones de Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson ayudan a precisar esta diferencia: la prosperidad depende de instituciones capaces de ampliar oportunidades y limitar la concentración de beneficios y poder. Para el ciudadano, esa discusión tiene expresiones concretas: poder trabajar y emprender, conservar un patrimonio y acudir a una justicia que no dependa de sus relaciones políticas. Respetar el esfuerzo exige reglas que permitan aprovechar sus frutos y condiciones para desarrollar las propias capacidades. Cuando los privilegios pesan más que el trabajo y la innovación, las reglas dejan de ofrecer un horizonte compartido y se convierten en una ventaja para quienes pueden controlarlas.
Las respuestas de un país a las presiones externas también se deciden en casa. Los partidos disputan qué riesgos conviene asumir, qué sectores merecen apoyo y qué compromisos internacionales deben revisarse. Una visión de Estado se pone a prueba cuando un cambio de gobierno obliga a decidir qué prioridades conservar y cuáles corregir. La continuidad puede dar tiempo para formar especialistas, consolidar una industria o sostener una negociación regional. También puede prolongar acuerdos que dejan escaso margen de decisión. La disputa por el poder en el hemisferio pasa, así, por las decisiones que cada sociedad toma sobre su lugar en él.
La disputa por el poder también se libra en el lenguaje con el que los actores justifican sus decisiones. Gobiernos, partidos y empresas invocan el bienestar, la paz, el desarrollo y el florecimiento de las comunidades para obtener respaldo y presentar sus intereses como aspiraciones compartidas. Esas promesas pueden expresar compromisos efectivos o encubrir beneficios particulares. Su alcance se aprecia al contrastarlas con los presupuestos, las prioridades y los resultados. Cuando la educación, la salud o la convivencia pacífica ocupan un lugar central en los discursos y uno marginal en las decisiones, la distancia entre lo prometido y lo realizado revela cómo se busca legitimar el poder. Los fines proclamados permiten entonces juzgar a quienes los invocan.
Las finanzas introducen una disciplina menos visible. Un gobierno puede conservar sus atribuciones legales y descubrir que el precio del financiamiento estrecha sus opciones. La dependencia no necesita adoptar la forma de una orden: puede expresarse en tasas, plazos o condiciones de acceso. Sin embargo, tampoco aquí existe una maquinaria autónoma. Los sistemas financieros descansan en autoridades monetarias, normas y jurisdicciones. Farrell y Newman (2019) muestran que los Estados con jurisdicción sobre puntos clave de las redes económicas internacionales pueden aprovechar esa posición para vigilar los flujos de información o restringir el acceso a servicios financieros.
La estructura del conocimiento añade una dimensión decisiva. La autonomía depende también de capacidades para investigar, interpretar información y desarrollar tecnología. Comprar un equipo no transfiere necesariamente el saber para reproducirlo; utilizar una plataforma no concede autoridad sobre sus reglas. Para las sociedades americanas, la cuestión rebasa el acceso al consumo tecnológico: comprende universidades, formación científica, infraestructura y capacidad pública de evaluación. Un país puede modernizar sus herramientas mientras mantiene intacta su dependencia de decisiones externas. El brillo de la innovación no siempre ilumina dónde reside el poder.
Las cuatro estructuras se entrelazan. Una tecnología puede tener usos comerciales y militares; una inversión puede ampliar la producción y crear una vulnerabilidad financiera. Por eso, la presencia de actores extrarregionales debe examinarse a través de sus efectos concretos. Diversificar socios puede mejorar la negociación, aunque también sustituir una dependencia por otra. La autonomía exige algo más que multiplicar interlocutores: requiere capacidades internas y opciones efectivas. Incluso el gobierno con mayores recursos enfrenta límites; incluso el más débil puede encontrar márgenes de acción. El poder estructura las decisiones sin escribir de antemano todos sus resultados.
En este entramado, la estabilidad suele aparecer como una virtud indiscutible. Tiene razones a su favor: permite planear inversiones, sostener intercambios y organizar la vida cotidiana. Pero la palabra reúne realidades diferentes. La tranquilidad de los acreedores puede coexistir con la inseguridad de los trabajadores. Un orden diplomático previsible puede preservar desigualdades que sus beneficiarios prefieren llamar equilibrios. Conviene preguntar qué permanece estable, para quién y mediante qué costos. Sin esas precisiones, la estabilidad termina funcionando como una defensa del orden existente.
Tampoco corresponde celebrar la crisis como si toda ruptura trajera emancipación. La incertidumbre puede destruir empleos, debilitar instituciones y ampliar la discrecionalidad de los poderosos. El problema consiste en distinguir la previsibilidad que permite construir capacidades de la inmovilidad que bloquea cambios necesarios. Una estabilidad defendible necesita mecanismos para corregir sus desequilibrios y procesar conflictos. Su calidad depende de las oportunidades que ofrece para modificar las relaciones que la sostienen.
América puede leerse, entonces, como un espacio de articulaciones desiguales entre autoridad política y poder económico. Estados Unidos ocupa un lugar central en ese examen, pero la explicación requiere incluir las decisiones de los demás gobiernos, los intereses empresariales y las disputas dentro de cada sociedad. Afirmar que el mercado lo controla todo borra esas mediaciones y facilita una resignación prematura. Comprenderlas devuelve responsabilidad a quienes deciden.
Examinar quién configura las reglas conduce, finalmente, a preguntar para qué se ejerce el poder. En Magnifica humanitas, León XIV propone la dignidad de la persona y el bien común como criterios para orientar las decisiones que transforman la vida social. Aplicada al orden hemisférico, esta perspectiva invita a juzgar los acuerdos por su contribución a proteger la vida, garantizar libertades y crear condiciones para el desarrollo humano. La autonomía adquiere así una finalidad concreta: que las sociedades puedan construir un orden en el que la seguridad, el trabajo y la prosperidad estén al servicio de las personas.
La pregunta decisiva para América es cuánto margen tienen sus sociedades para discutir y modificar las reglas que condicionan su futuro. Ampliarlo exige una política de Estado con raíces nacionales y perspectiva global, capaz de sostener prioridades entre gobiernos, construir capacidades internas y negociar acuerdos con otros países. Su continuidad necesita deliberación pública, contrapesos y mecanismos de corrección que permitan exigir cuentas a quienes deciden. La autonomía se construye en esa doble tarea: fortalecer la capacidad de actuar hacia afuera y asegurar que, hacia adentro, el poder permanezca sujeto al derecho y al escrutinio ciudadano.



