Por Ángel Nakamura
Periodista
Las lluvias torrenciales que azotaron una parte significativa del territorio mexicano a inicios de octubre dejaron al descubierto una verdad incómoda: el Estado, en sus tres niveles de gobierno, fue rebasado por la magnitud del desastre.
Ni la respuesta municipal, ni los mecanismos estatales, ni la acción federal lograron contener la emergencia que actualmente mantiene a miles de familias damnificadas, decenas de comunidades incomunicadas y una nación cuestionando su capacidad de prevención y respuesta ante fenómenos naturales cada vez más devastadores.
El saldo humano crece. El Gobierno de México actualizó la cifra de víctimas el pasado 24 de octubre: 80 personas fallecidas y 18 desaparecidas.
Veracruz encabeza la lista con 35 decesos, seguido por Hidalgo y Puebla, con 22 cada uno, y Querétaro con una víctima confirmada.
Más de 300,000 personas resultaron afectadas y alrededor de 100,000 viviendas presentan daños, en lo que ya se considera la temporada de lluvias más severa de los últimos 80 años.
Se concentran los esfuerzos en 86 localidades
Los esfuerzos de auxilio se concentran en las 86 localidades incomunicadas por deslaves y caminos cubiertos de lodo. Más de 50,000 elementos del Ejército, la Guardia Nacional y personal de salud trabajan en las zonas más afectadas.
“Ninguna comunidad ha quedado sin apoyo”, aseguró el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, aunque en el terreno la percepción ciudadana es distinta: la ayuda llegó tarde y mal coordinada.
Falta de prevención: una omisión institucional
El desastre no fue solo natural; también fue resultado de la omisión gubernamental. México enfrenta esta crisis sin herramientas básicas de planeación, como los atlas de riesgo municipales, instrumentos legales y técnicos diseñados para prevenir tragedias como esta.
Datos del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) arrojan que, de los 2,478 ayuntamientos del país, solo 629 cuentan con atlas de riesgo, y la mayoría no ha sido actualizada desde 2011.
Entre los 111 municipios afectados en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, apenas una quinta parte posee un atlas vigente.
Sin esta herramienta —clave para activar alertas tempranas, planificar evacuaciones o justificar inversiones en mitigación—, las comunidades quedaron expuestas.
A esta falta de planeación se suma la transferencia de la gestión de riesgos de la Secretaría de Gobernación a la de Seguridad y Protección Ciudadana en 2018, una decisión que, según especialistas, debilitó la coordinación institucional y fragmentó la atención de emergencias.
El debate sobre el Fonden: ¿corrupción o vacío institucional?
El desastre reavivó un debate que parecía cerrado: la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (Fonden). Creado en 1996, este fideicomiso fue durante más de dos décadas el principal instrumento financiero para reconstruir viviendas, infraestructura y servicios en comunidades devastadas por huracanes, inundaciones y terremotos.
El Fonden fue eliminado en julio de 2021 por el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, bajo el argumento de que los fideicomisos fueron “instrumentos de corrupción”. Desde entonces, la atención a desastres depende de partidas presupuestales directas, administradas caso por caso.
La presidenta Claudia Sheinbaum defendió recientemente la decisión de su antecesor, afirmando que el nuevo esquema es más ágil y transparente.
“El Fonden tenía reglas burocráticas y quien lo defiende, defiende la corrupción”, declaró el pasado 13 de octubre. La titular del Ejecutivo aseguró que su gobierno cuenta con 19 mil millones de pesos destinados a emergencias naturales, de los cuales solo tres mil millones han sido utilizados hasta ahora.
Para muchos analistas, la ausencia del Fonden ha dejado un vacío institucional evidente. Su desaparición significó también la pérdida de mecanismos de control, coordinación intergubernamental y financiamiento inmediato. En palabras de un exfuncionario de Protección Civil: “Hoy, cada desastre se enfrenta improvisando. No hay reglas claras, ni fondos garantizados, ni tiempos definidos”.
Una tragedia que trasciende la coyuntura
Las lluvias de este octubre no son un hecho aislado. Se trata de un patrón creciente de fenómenos meteorológicos extremos en México, que entre 2000 y 2024 ha sufrido más de 2,400 declaratorias de emergencia, principalmente por lluvias, ciclones e inundaciones. Veracruz encabeza el historial con 375, seguido de Oaxaca y Chiapas.
Pero más allá de las cifras, esta crisis evidencia la fragilidad de un país que no ha sabido construir resiliencia ante el cambio climático. La falta de atlas de riesgo, la eliminación de mecanismos financieros, la lentitud institucional y la dependencia de la improvisación convierten cada temporada de lluvias en una ruleta trágica.
Mientras el gobierno federal anuncia nuevos programas y la actualización de mapas de amenazas, las familias afectadas —en Poza Rica, Tianguistengo, Xochiatipan o Honey— siguen esperando respuestas concretas. Para ellas, las promesas de reconstrucción y los discursos sobre eficiencia administrativa suenan lejanos.
México enfrenta así no solo una catástrofe natural, sino una crisis estructural de gestión pública. En un país donde los desastres se repiten con la misma intensidad que las excusas, la verdadera emergencia no está en el cielo, sino en la tierra: en los despachos donde la prevención sigue siendo una promesa incumplida.
