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La deuda de Pemex en su laberinto, ¿P-Caps la salida?

Por José Raúl Linares

Periodista

El 22 de julio pasado, Petróleos Mexicanos (Pemex) envió señales de vida a los mercados; diversas calificadoras internacionales interpretaron bien la “jugada maestra”. La empresa mexicana, según un cable difundido por Bloomberg, anunció la colocación de Notas Estructuradas Precapitalizadas (P-Caps), con las cuales la petrolera buscaría obtener —a un plazo de cinco años— una recaudación de 10,000 millones de dólares (mdd), aunque finalmente ascendió a 12,000 mdd.

Utilizando la entidad denominada Eagle Founding LuxCo., según el plan diseñado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el gobierno mexicano venderá los P-Caps y usará los ingresos para comprar deuda del gobierno estadounidense, incluidos bonos del Tesoro estadounidense, por los cuales pagarán 170 puntos base.

Los P-Caps son instrumentos respaldados por activos, según el portal especializado AI Regula Solutions. En este caso, el gobierno mexicano utilizará los recursos obtenidos de los inversionistas para comprar bonos del Tesoro que, añade el medio, serán entregados a Pemex como garantía para obtener financiamiento en el mercado de recompra (repo market).

 

¿Cuál fue el efecto del anuncio?

Tras años de observaciones y notas negativas, Fitch Ratings colocó las calificaciones de los P-Caps en “Observación Positiva”, después de que la SHCP presentó dicho programa para ayudar a refinanciar la deuda de la petrolera, lo cual podría significar un aumento en su nota crediticia en el futuro. Fitch también asignó la nota ‘B+’ a los bonos internacionales por un monto aproximado de 80,000 mdd.

La presidenta Claudia Sheinbaum añadió que la emisión de P-Caps tuvo como misión “pagar los vencimientos” que Pemex enfrenta para los años 2025 y 2026. “Se están apoyando para los vencimientos que tenía Pemex, sus amortizaciones y los intereses que tenía que pagar este año. Es un esquema muy trabajado por la Secretaría de Hacienda. Y, el día de ayer, salieron a emitir este comunicado”, dijo.

El 28 de julio pasado, la SHCP detalló que la colocación de P-Caps para la deuda de corto plazo de Pemex se convirtió en la “segunda emisión de bonos estructurados más grande en la historia en un solo tramo”. Al mismo tiempo, añadió la institución, dicho instrumento recibió una demanda total de 23,400 mdd proveniente de 295 inversionistas institucionales a nivel global, lo cual representó casi el doble del monto finalmente asignado.

“Esta decisión refleja la confianza del mercado en la solidez macroeconómica del país y en la calidad crediticia del emisor; forma parte de la estrategia de optimización del balance del sector público, al permitir un manejo más eficiente de los pasivos financieros”, añadió la SHCP.

Revista El CEO.

P-Caps, ¿la salida del laberinto?

Aunque la noticia fue leída con entusiasmo por los mercados internacionales, advirtió un análisis de Bloomberg, si Pemex no logra devolver los préstamos, los bancos que manejan la operación —entre los que se mencionó a JP Morgan, Bank of America y Citibank— ejecutarán la garantía del instrumento y recuperarán todo su dinero.

En dicho escenario, los tenedores de P-Caps perderán su respaldo y la deuda se convertiría en un riesgo soberano para México.

Esto quiere decir que, aunque ahora no se trata de deuda pública directa, si Pemex no logra incrementar su productividad y pagar los préstamos con sus propios ingresos, podría traducirse en una obligación implícita del Estado mexicano, particularmente si los mercados interpretan que el gobierno actuará como garante de último recurso.

Por el momento, la estrategia parece buscar tiempo, dado que no existe un plan maestro para restructurar a PEMEX.  La clave del éxito o fracaso de dichos instrumentos dependerá de romper con los atavismos ideológicos que heredó la pasada administración.

Mientras tanto, la administración de Claudia Sheinbaum ya enfrenta presiones financieras para sanear el déficit fiscal y presupuestal que le heredó la administración federal pasada; al mismo tiempo que busca mantener la estabilidad macroeconómica y avanzar en la transición energética, en un escenario marcado por las presiones arancelarias de Washington.

 

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