REFLEXIONES
Por Gonzalo Leaño Reyes
Desde el pasado 23 de diciembre y hasta el 3 de abril se tiene registro oficial de 23 asesinatos cometidos en contra de candidatos o aspirantes a competir en las próximas elecciones.
Los crímenes son la parte más sensible del problema, pero también hay muchos más casos de atentados no consumados y de amenazas, todo lo cual ha provocado que muchos aspirantes declinen en sus aspiraciones.
Las mortales formaban parte de todos los partidos que tienen representación en el Congreso federal: Morena, PAN, PRI, PRD, MC, PT y Partido Verde. Entre los muertos hay veintiún hombres y dos mujeres. Y estos crímenes han ocurrido en ciudades medias o municipios modestos de varios estados. Es decir, se trata de un problema general, no está circunscrito a una región.
Lo anterior, comprueba la advertencia del pasado Foro de Davos, donde se presentó el tema electoral como el factor de riesgo global más importante para éste y el próximo año. También la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha expresado en varias ocasiones el peligro que acompaña a los procesos electorales, en este caso, a los periodistas.
Al cabo de cierto tiempo, esta violencia se “normaliza”, la sociedad se acostumbra a la pérdida de vidas de candidatos y al drama que ocurre en el seno de sus familias, se convierte en estadísticas y gráficas, en una estéril discusión sobre si en tal o cual gobierno hubo más casos o menos de atentados electorales. Lo normal es que no debería existir ni un solo asesinato.
En el pasado hubo atentados que horrorizaron a la sociedad, como el asesinato de Luis Donaldo Colosio en 1994 o el de Robert Kennedy en 1968. Pero aquellos fueron hechos trágicos aislados, en ninguno de esos casos era la violencia el común denominador de las campañas políticas.
En la situación actual de nuestro país, en donde estarán en juego más de veinte mil cargos públicos el próximo 2 de junio, lo que supone cerca de cien mil candidaturas de todos los partidos, resulta imposible ofrecer protección a todos ellos. Eso es una realidad.
A propósito, parece una broma la actitud de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, asumida sobre este tema el pasado 3 de abril, cuando a escasas ocho semanas de las elecciones propuso establecer una ruta de seguimiento preventivo, hablar con los gobernadores, elaborar un mapa de riesgo donde se ubiquen los focos rojos… y hasta suspender las elecciones en aquellos lugares donde haya sido asesinado un candidato. ¿De verdad podrían hacer todo esto los diputados?
El problema es serio, muy complejo y tiene que ver con el clima de violencia que vive el país. Lo más importante es detener dicha tendencia, evitar que siga habiendo crímenes políticos, impedir que esto se normalice hacia futuras elecciones. Los partidos tienen una gran responsabilidad, deben elegir y cuidar a sus candidatos, evitar luchas internas, mantener una comunicación asertiva durante las campañas y desvincularse de intereses que pongan en riesgo a sus abanderados.
