Por Carlos Lara
Dr. en Derecho de la Cultura y Analista de la Comunicación
@Reprocultura
Uno de los principales problemas del denominado sector cultural es ese de querer arreglar todo a base de leyes. En eso se han ido años y desperdiciado esfuerzos valiosos, particularmente porque se reúnen dos necesidades: por un lado, la de hacerse visibles (en el caso de los legisladores), y la de regular el entusiasmo desbordado (por parte de los promotores de una idea). Aquí, lo que menos importa es la pertinencia.
Todos estamos de acuerdo en que las industrias creativas son un factor importante para el desarrollo económico, un sector prioritario, el pivote del cambio, el rostro de la inclusión, la palanca de la diversidad, lo que mueve la aguja del PIB, el segundo color del espectro solar y un largo etcétera. Sin embargo, no hay políticas públicas estructuradas y transversales en esta materia, que es, ante todo, materia de política pública, no de legislación.
El propósito inicial de la iniciativa presentada por la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Jalisco es pertinente. Plantea reformar la Ley de Desarrollo Económico, supongo que para colocar ahí la denominada industria creativa, pues propone reformar los tres artículos para “revaluar las economías industriales frente a aquellas que están orientadas a los servicios, donde la innovación, el conocimiento, la tecnología, la cultura y la creatividad sean elementos centrales para propiciar un desarrollo económico y sustentable”. Si es así, sería además coherente con la plataforma electoral presentada en los pasados comicios, la cual señala: “Incorporar el enfoque de industrias culturales en las políticas públicas sobre cultura y vincularlas con las de desarrollo económico”.
Donde considero deja de ser pertinente es en lo que los promotores del proyecto denominan la segunda fase, que es el diseño y elaboración de la Ley de Industrias Creativas, cuyo principal insumo parece ser el pronóstico del área de Ciudad Creativa Digital, que considera las miles de unidades económicas registradas en el Directorio Estadístico Nacional y lo que estas generan en el país y en el mundo.
Bajo mi punto de vista, es suficiente con abrir un espacio a la industria creativa en la legislación vigente en materia de desarrollo económico y no crear un altar aparte desde el cual pueda ser adorada.
Si en un lugar es pertinente una ley de esta naturaleza, es a nivel federal. Por el momento solo existe una pobre enunciación en la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que es donde están enmarcadas como “Empresas culturales”. Una ley general sería el marco que, basado en el artículo 4to. Constitucional, podría establecer el fomento, la regulación y el desarrollo de la Economía Creativa y las Empresas Culturales, precisando los bienes y servicios que la integran, las atribuciones de los agentes promotores de la misma; los principios orientadores e instrumentos de apoyo; el sistema de información estadística; el programa de fomento; la coordinación de los órdenes y dependencias de gobierno para el impulso a las actividades que integran esta economía, así como la vinculación con el sector productivo para la innovación y desarrollo tecnológico de los bienes que la integran.
En tanto que los estados podrían trabajar en incorporar el enfoque de industrias culturales en las políticas públicas sobre cultura y vincularlas con las de desarrollo económico, como señala el compromiso electoral del partido gobernante en Jalisco. Las actividades del sector cultural ya no requieren leyes, está sobre reglamentado. Mucho menos en los estados. En estos, las multicitadas industrias creativas, culturales, sin chimenea, del entretenimiento, o esas que han colocado en el segundo color del espectro solar, son un tema de política pública, no de legislación.
