Por Amaury Sánchez G.
Politólogo
Trump no dialoga: aprueba o desaprueba.
Y cuando no le gusta la respuesta, eleva la voz, amenaza y filtra “listas”. Así opera. Así ha operado siempre.
En los últimos días, además de descalificar al T-MEC como si fuera un mal negocio personal y de sugerir —otra vez— que Estados Unidos podría “actuar por tierra” contra el crimen organizado en México, comenzó a circular una versión más oscura: que Trump estaría exigiendo la entrega de “narco-políticos”, supuestamente identificados por su comunidad de inteligencia.
La noticia, aún sin documentos públicos que la respalden, fue suficiente para encender a la oposición mexicana y a un sector de medios que viven de la histeria geopolítica. De inmediato apareció la pregunta tramposa:
¿Claudia Sheinbaum entregará cabezas para calmar a Trump?
La respuesta no es solo negativa; es estructuralmente imposible.
Porque aquí hay que separar propaganda de realidad. Trump no está pidiendo justicia; está pidiendo obediencia. Y eso, en términos de Estado, es otra cosa muy distinta.
Cuando el presidente de Estados Unidos habla de “narco-políticos”, no lo hace desde una corte federal ni con acusaciones formalizadas. Lo hace desde el discurso del castigo preventivo, donde basta la sospecha, el señalamiento o la conveniencia política. En su lógica, la lista no es un instrumento jurídico, sino un arma de presión.
México, en cambio, no funciona —o no debería funcionar— como una oficina de cumplimiento de órdenes extranjeras. Aquí existen instituciones, procedimientos, fiscalías y jueces. Todo eso puede ser lento, imperfecto y criticable, pero es el único camino legal. Entregar personas por exigencia presidencial extranjera no sería cooperación internacional: sería una violación constitucional.
Pero Trump no se detiene ahí. Su estrategia es más amplia.
Amenaza con la seguridad, luego con el comercio y finalmente con el descrédito político. Al decir que el T-MEC “no le sirve”, busca meter miedo a los mercados y a los gobiernos. Lo curioso es que su propio país es uno de los principales beneficiarios del tratado, especialmente su industria automotriz, agrícola y energética.
Sin embargo, el T-MEC no es un contrato que se rompe con una rabieta. Tiene cláusulas, mecanismos de solución de controversias y costos altísimos para quien pretenda dinamitarlo. Trump lo sabe, pero también sabe que la amenaza, aunque no se concrete, produce titulares y nerviosismo.
Ahí es donde algunos actores políticos mexicanos pierden el piso. En lugar de defender la institucionalidad, aplauden la presión externa, como si Washington fuera una fiscalía moral. Confunden la lucha contra el crimen con el deseo de ver caer adversarios políticos, aunque el precio sea la soberanía.
Claudia Sheinbaum ha optado por una ruta menos espectacular, pero más sólida: cooperación sí, subordinación no. Intercambio de información, coordinación bilateral y combate al crimen dentro del marco legal mexicano. No hay —hasta ahora— concesiones, entregas ni genuflexiones.
Y aun si existieran procesos judiciales en curso contra políticos vinculados al crimen —que correspondería determinar a las autoridades mexicanas—, estos no responderían a listas filtradas ni a exigencias telefónicas. Responderían a investigaciones formales. Todo lo demás es ruido.
La pregunta de fondo no es si Trump quedará satisfecho. Trump nunca queda satisfecho. Si hoy pide cabezas, mañana pedirá reformas a modo, control migratorio total o presencia militar. El chantaje no tiene límite, porque su lógica no es la cooperación, sino la dominación.
Por eso este episodio debe leerse con frialdad. No estamos ante un quiebre diplomático ni ante una entrega inminente. Estamos ante un intento más de presión política, amplificado por quienes desean ver a México de rodillas para ganar puntos internos.
Y no. México no es un peón de campaña estadounidense. No se gobierna por listas ajenas ni por amenazas disfrazadas de seguridad.
Trump puede exigir. Puede gritar. Puede filtrar nombres reales o imaginarios. Lo que no puede hacer es dictar justicia en México.
Y si algo ha quedado claro en este episodio es que las cabezas que se piden desde el extranjero no se entregan por capricho… y el Estado mexicano, con todo y sus defectos, no se alquila.
