Por Carlos E. Martínez Gutiérrez
Consultor en Desarrollo Urbano y Vivienda
@carlosemgtz
Hemos visto por diversos medios y redes sociales imágenes impactantes de un fuerte sismo en Turquía y Siria con resultados catastróficos. Sólo en Turquía se reportan a la fecha más de 35 mil muertos, 105 mil heridos y afectaciones a 4 millones de edificios según reportes oficiales. Increíbles escenas de derrumbes de edificios colapsados de forma inimaginables, solo visto en las películas apocalípticas de Hollywood.
Pero este tipo de tragedias no es nuevo en Turquía. En 1999 sufrió otro sismo de magnitud 7.4 en escala de Richter que causó más de 17,000 víctimas prácticamente a causa de los derrumbes de las construcciones, situación que obligó a la modificación de diferentes reglamentos y ordenanzas en las construcciones, muy similar a lo ocurrido en 1985 en nuestro país.
Sin embargo, muchos desarrolladores inmobiliarios se ampararon y otros se comprometieron en reforzar construcciones, pero la falta de inspecciones oficiales permitió que algunos constructores ignoraran las normativas con los actuales resultados funestos, situación por la que hace unos días el gobierno turco giró más de 150 órdenes de aprehensión en contra de los constructores. Como si fuera poco la tragedia, se hace mayúscula al encontrarse con un gobierno sin recursos económicos para afrontar la catástrofe, porque su presupuesto lo destinó a otros rubros. Caso muy similar a nuestro país.
Una vez más este tipo de tragedias nos lleva a reflexionar qué tan seguro es donde vivimos y el paralelismo que existe con ese país. En nuestro país, más del 80% es vulnerable a diferentes fenómenos naturales; por una parte tenemos muchos kilómetros de litorales sujetos a ciclones y huracanes, así como sus efectos y, por la otra, gran parte del territorio está contemplada como zona sísmica similar a Turquía.
Casos verdaderamente de escándalo como el del colegio Rébsamen de la CDMX, donde quedó de manifiesto la irresponsabilidad, la corrupción y la simulación por parte del “responsable de la obra” y la autoridad, que en este caso fue tan grande el escándalo que la autoridad no le quedó otra que proceder contra el irresponsable de la obra, pero ha sido omisa en castigar a los funcionarios involucrados.
Desgraciadamente se ha inventado una figura perniciosa de los “DRO”, por supuesto inventada en la CDMX, donde su función es el de “avalar, revisar o supervisar las construcciones”, que lo en la mayoría de los casos irresponsablemente avalando a los que ilegalmente construyen sin estar facultados para ello.
Afortunadamente siempre hay profesionistas capases con ética y profesionales en el ejercicio de su profesión, en contraposición de una serie de políticas públicas erradas que están tentando e invitando a una tragedia en caso de un fenómeno natural.
Pero más absurdo es que desde las esferas más altas del gobierno federal promueven y dan recursos económicos para que se realicen casas, escuelas y diversas construcciones sin los técnicos adecuados, omitiendo todo tipo de reglamentaciones; pareciera ser que para ellos en su territorio no aplica o no está en riesgo y, peor aún, se desaparecieron de los presupuestos y fideicomisos los recursos económicos para casos de desastre.
En un país con alto grado de vulnerabilidad a los fenómenos climatológícos, las acciones y las políticas públicas de los diferentes niveles de gobiernos, deberían ir encaminadas hacia la seguridad de las personas y sus bienes, pero desgraciadamente solo se conforman con políticas mínimas de protección civil y reglamentaciones precarias, cuando deberían estar concentradas en tener construcciones seguras ejecutadas por profesionistas legalmente establecidos, responsables de las mismas, la revisión constante de las reglamentaciones respectivas, vigilar el cumplimiento de las diferentes normas y leyes, así como combatir la ilegalidad e impunidad en el sector inmobiliario y construcción.
