Por Carlos E. Martínez Gutiérrez
Consultor en Desarrollo Urbano y Vivienda
@carlosemgtz
El dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuanto a la competencia del Gobierno del Estado de Jalisco para la expedición de cédulas profesionales provisionales y su certificación periódica en dicho Estado, era más o menos previsible debido a que semanas antes la senadora Olga Sánchez Cordero presentó una iniciativa de ley en cuanto a la certificación obligatoria en todo el país.
El Congreso del Estado de Jalisco, en base al dictamen de la SCJN, deberá hacer las adecuaciones a la ley para el “Ejercicio de las Actividades Profesionales en el Estado de Jalisco”, mejor conocida como la Ley de Profesiones, por medio de la comisión dictaminadora de Educación, Cultura, Deporte y Juventud.
Al margen de las adecuaciones obligadas a dicho ordenamiento, sorprende la propuesta de la Comisión de modificar un artículo donde establece la cantidad mínima de profesionistas para formar un colegio de profesionistas, bajando el número de forma irrisoria donde prácticamente cada salón de clases o generación podrá formar un colegio de profesionistas, mandamiento que pulverizaría a los gremios y, peor aún, sin justificación alguna.
Esta Comisión se encuentra ante la oportunidad histórica de modificar la ley que regula las profesiones en un momento, cuando el debate público de las irregularidades detectadas por el plagio de una tesis de una ministra de la Suprema Corte de Justicia es un tema para resolver desde las diferentes normas y reglamentaciones.
Dudo mucho que el caso de la tesis plagiada sea la única en el país y menos en nuestro estado, pero lo que si lo más seguro es que casos como este se han dado en muchas universidades y que ellas tendrán que resolver al seno de estas, pero lo que no se puede permitir es que, aun detectado este tipo de delitos, ante la ley que regula a los profesionistas quede impune, así como sea omisa este tipo y otros casos similares.
El tema de los títulos sin los requisitos o las cedulas mal habidas, así como otros casos que hoy se hacen visibles, valdría la pena que la Comisión aproveche estas modificaciones a la ley para hacer las adecuaciones pertinentes, así como se ponga remedio y sanciones a la gran cantidad de individuos que ostentan una profesión sin los documentos requeridos para ello, que dicho sea de paso muchos políticos y funcionarios públicos lo hacen; valdría la pena desde la legislación meter orden en las dependencias de los diferentes niveles de gobierno para que al frente de ellas estén los técnicos o profesionistas del ramo y no los cuates sin el menor conocimiento del sector que representa o, en su caso, hagan las adecuaciones pertinentes para que al frente de los colegios de profesionistas exista la paridad de género. ¿Será mucho pedir?
Hoy como sociedad se requieren organismos técnicos ciudadanos fuertes sin rayar en lo absurdo de otras épocas del famoso corporativismo. Este tipo de iniciativas que pulverizan los gremios, lejos de crear interlocutores e instituciones confiables, organismos técnicos que orienten o coadyuben en la toma de decisiones en la sociedad o la ciudad, pareciera que el objetivo es: “divide y vencerás” o el control de los profesionistas a través de las universidades para los fines muy particulares de cada una de ellas. Los diputados tienen en sus manos la opción de poner orden en todo lo referente a las profesiones en el estado. ¿Tendrán la visión, o simplemente patearán el bote sin salir de su estado de confort?
