Opinión Invitada
Por Luis Córdova Díaz
Abogado
Desde su génesis en 2017 el Sistema Estatal Anticorrupción está conformado por el Comité de Participación Social, los titulares de la Contraloría del Estado, la Auditoría Superior del Estado, el Tribunal de Justicia Administrativa, el Consejo de la Judicatura Estatal, la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción y el Instituto Estatal de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales, mismos que tenían como principal objetivo establecer mecanismos de coordinación eficientes en materia de prevención, detección, investigación, fiscalización y sanción de la corrupción.
Tras 5 años de operación -sin considerar las vendettas políticas, que no son más que un recurso que por años ha sido utilizado por la élite del poder en turno-, el Sistema tiene notorias deficiencias y muy pobres resultados ocasionados principalmente por la falta de autonomía e imparcialidad de sus integrantes.
Jalisco transita por un caso particular. A todas luces es evidente que el Sistema Estatal Anticorrupción no cuenta con la debida autonomía en virtud de que quienes lo integran rinden cuentas de manera directa al titular del Poder Ejecutivo, aunado a que el gobernador opera por medio de su partido con la mayoría en el Congreso del Estado, y en esta circunstancia tienen completamente cooptado al Poder Judicial. En este escenario -al no existir pesos ni contrapesos en los poderes del Estado-, los pocos esfuerzos bien intencionados quedan muy lejos de responder al reclamo social de abatir la corrupción e impunidad.
El panorama público, al día de hoy, es decepcionante; el Sistema Anticorrupción no logrará materializarse a consecuencia de las irregularidades que se presentan en el Comité de Participación Social que, desde luego, es su principal componente, porque precisamente dentro de este organismo representa a la sociedad civil, espíritu del Sistema.
Lo anterior, como resultado de las polémicas e irregulares designaciones de los integrantes de este Comité, recientemente nombrados en un proceso de elección completamente ilegal, como lo son Vicente Viveros y Miguel Ángel Hernández, personajes vinculados y sometidos directamente a la línea política gobernante. De esta manera, se apaga la esperanza de que pudiese haber funcionado en algún momento el Sistema Estatal Anticorrupción.
En esta lógica, para un ciudadano resulta completamente complejo, contradictorio e inoperante la posibilidad de denunciar hechos de corrupción, porque los mismos serán investigados y substanciados de manera discrecional por una Autoridad completamente parcial, vulnerando así sus derechos más elementales al no encontrar dentro del Sistema una sola vía ni posibilidad que atienda debidamente sus demandas.
La corrupción tiene efectos devastadores, menoscaba la calidad de vida y provoca violaciones sistemáticas a los derechos humanos, trayendo como consecuencia directa un Estado fallido.
