La discusión de la Reforma Electoral propuesta por la titular del Ejecutivo federal se perfila como uno de los debates políticos más relevantes del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Por Ángel Nakamura
En un contexto de alta polarización y con un sistema político en transformación, el debate que se avecina en el Legislativo será clave para definir el alcance y la legitimidad de los cambios que se propongan al andamiaje electoral del país.
En las próximas semanas, el Congreso de la Unión abrirá formalmente el análisis de una iniciativa que no solo busca modificar reglas del sistema electoral mexicano, sino que también se ha convertido en una prueba temprana de gobernabilidad para la nueva administración, pero también de cohesión para la mayoría legislativa encabezada por Morena y compartida con el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo.
Desde Palacio Nacional, Sheinbaum colocó a la reforma como uno de los ejes centrales de su proyecto de gobierno. Durante su conferencia matutina del pasado 16 de enero, la presidenta adelantó que la propuesta estará lista en la primera semana de febrero y subrayó que su objetivo es fortalecer tanto la democracia electoral como la participativa.
En su mensaje, insistió en que se trata de una iniciativa “que les va a gustar a todos”, al tiempo que garantizó que no se afectará la autonomía de los órganos electorales, particularmente del Instituto Nacional Electoral (INE).
Principales puntos de la Reforma Electoral
Entre los puntos que la titular del Ejecutivo ha dado a conocer destacan la reducción de los costos del sistema electoral, la revisión del esquema de representación plurinominal, el fortalecimiento de los mecanismos de democracia participativa y una mayor inclusión de los mexicanos que residen en el extranjero.
Sheinbaum enfatizó que México cuenta con uno de los sistemas electorales más caros del mundo y que existe un consenso social amplio para disminuir el gasto destinado a partidos políticos, al INE y a los Organismos Públicos Locales Electorales, sin comprometer su funcionamiento ni su independencia.
Otro de los aspectos sensibles es la forma en que se eligen los legisladores plurinominales. La presidenta ha planteado que, de mantenerse esta figura, debe modificarse el método de selección para evitar que sea resultado exclusivo de listas definidas por las dirigencias partidistas, desconectadas del electorado.
A ello se suma la intención de ampliar las consultas ciudadanas a nivel estatal y municipal, incluso con una periodicidad anual, así como revisar la representación de los mexicanos en el exterior, quienes han demandado mayor capacidad de decisión sobre quienes los representan.
El proyecto presidencial genera tensión política
El proyecto, sin embargo, ha generado tensiones no solo con la oposición sino también al interior de la propia coalición gobernante. Aunque Sheinbaum ha expresado su confianza en el respaldo del Partido del Trabajo y del Partido Verde, en el Congreso se reconoce que sin el apoyo de estos aliados la reforma no tendría viabilidad.
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, ha admitido que existe el riesgo de que la iniciativa no se presente si no se construyen previamente los consensos necesarios, y ha defendido la necesidad de dialogar antes de enviar cualquier documento formal.
El pasado 14 de enero, el coordinador parlamentario del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, consideró innecesaria una reforma electoral y recordó a Morena que, sin sus votos, no es posible aprobar una modificación constitucional. Sin embargo, un día después el senador petista Alberto Anaya se reunió con la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para que el PT pueda construir la propuesta de Reforma Electoral junto a Morena.
Entre tanto, Monreal también ha mostrado cautela respecto a los tiempos legislativos. Aunque inicialmente se preveía iniciar la discusión en la primera semana de febrero, ahora se contempla que el debate arranque hasta la segunda, con miras a una eventual aprobación en marzo y su ratificación en los congresos estatales en abril. Para el líder parlamentario, la prudencia es preferible a la premura, aun cuando ello retrase el calendario original.
Las críticas de la oposición
Desde la oposición, las críticas han sido contundentes. Legisladores del PRI y del PAN han advertido que una eventual eliminación o reducción de las diputaciones plurinominales podría traducirse en una concentración excesiva de poder y en la marginación de las minorías políticas.
Para el priísta Erubiel Alonso, la reforma apunta a un modelo que reduce las voces críticas en el Congreso, mientras que el panista Daniel Chimal ha calificado la iniciativa como innecesaria y como una estrategia de control político impulsada desde el gobierno, no desde una demanda ciudadana.
El debate también ha alcanzado al sector empresarial. Desde la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán ha llamado a que los empresarios participen activamente en la discusión, con el argumento de que cualquier cambio al sistema electoral debe ofrecer certidumbre jurídica y política a las inversiones y a la generación de empleo.
En ese sentido, ha reiterado que el diálogo debe incluir a todos los grupos parlamentarios y a los distintos sectores sociales.
Paralelamente, la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez Álvarez, ha sostenido reuniones con consejeros del INE y ha recibido propuestas técnicas para la eventual reconfiguración del sistema.
Organizaciones civiles expresaron su preocupación
Aunque el Gobierno de México ha reiterado su compromiso con la autonomía de los órganos electorales, organizaciones de la sociedad civil han expresado preocupaciones de fondo.
El Observatorio Permanente de Integridad Electoral ha advertido sobre los riesgos de implementar cambios estructurales antes de 2027, cuando se lleven a cabo elecciones federales, locales y judiciales, lo que podría generar una sobrecarga administrativa y errores logísticos graves.
Las alertas también se han centrado en la posible desaparición de los OPLES, la creación de un nuevo instituto nacional y la elección por voto popular de los consejeros electorales, medidas que, a juicio de especialistas, podrían politizar órganos técnicos y erosionar la confianza en el árbitro electoral.
Asimismo, han señalado que una reducción drástica de curules y la eliminación de las plurinominales podrían derivar en escenarios de sobrerrepresentación, afectando el equilibrio democrático.
Con este telón de fondo, la Reforma Electoral se encamina a ser uno de los principales campos de disputa política del inicio del sexenio. Para la presidenta Claudia Sheinbaum, el proceso no solo pondrá a prueba su capacidad de diálogo y construcción de consensos, sino que también marcará el rumbo de su proyecto democrático.
