Ganar perdiendo. Así se resumiría el revés legislativo que obtuvo la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de reforma electoral, una derrota parcial en el Congreso que expone los límites de su estrategia político-electoral en una etapa temprana de su gobierno.
Por Ángel Nakamura
Lo que comenzó como una ambiciosa iniciativa terminó diluyéndose en un Plan B que tampoco logró sostenerse en sus términos originales en el Senado de la República, obligando al oficialismo a negociar, ceder y reconfigurar sus prioridades. Y falta ver qué modificaciones podría sufrir el decreto en la Cámara de Diputados, que deberá dar su visto bueno al tema.
El dictamen fue avalado en lo general con 87 votos a favor y 41 en contra, por lo que reunió la mayoría calificada que se requiere para la aprobación de una reforma constitucional.
Un acalorado debate en el Senado
En la discusión del dictamen, la senadora de Morena, Martha Micher, defendió que la reforma a la revocación de mandato confirma a este mecanismo como una expresión sustantiva del principio de soberanía popular y como instrumento de control democrático.
Por el PAN, Verónica Rodríguez señaló que esta reforma “vende” una idea de eliminación de privilegios porque, según ella, en realidad busca “concentrar el poder” y “vulnerar” el federalismo y la división de poderes, al decidir desde el centro del país la integración de los cabildos municipales sin consultar a los congresos locales.
El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Manuel Añorve, acusó que lo que se pretende no es autoridad, sino control. “Lo que quieren es que aparezca la presidenta por la puerta de atrás” y así utilizar los recursos de las entidades donde existe afinidad, indicó.
Del Partido Verde, el senador Waldo Fernández agregó que la reforma establece límites razonables, plantea una integración más eficiente de los ayuntamientos, establece máximos a la integración de regidurías y evita mecanismos de control político.
Alberto Anaya, del PT, aseguró que su Grupo Parlamentario acompaña la reforma en lo general, pero precisó que “nos separamos del contenido del dictamen en lo que se refiere al artículo 35 de la Constitución”. Expresó el respaldo de su bancada a la presidenta Claudia Sheinbaum y afirmó que la coalición que le permitió llegar al poder “está más firme que nunca” para 2027 y 2030.
El senador Clemente Castañeda dijo que Movimiento Ciudadano tomó la decisión de rechazar el “Plan B”, porque el partido considera que en términos generales no tiene ningún impacto positivo en la vida de los mexicanos y que el dictamen pretende hacer constitucional la inequidad en beneficio del partido gobernante.
Lo más sustantivo y negativo es que desnaturaliza la revocación de mandato, un instrumento de empoderamiento ciudadano.
Una reforma electoral ambiciosa que terminó por deformarse
Desde su concepción, la propuesta electoral de Sheinbaum buscaba ir más allá de ajustes administrativos, al incluir elementos de mayor calado político, como la ampliación de mecanismos de democracia participativa y la posibilidad de adelantar la revocación de mandato para que coincidiera con elecciones intermedias.
Este último punto era central en la lógica del proyecto: reforzar la capacidad de movilización política del oficialismo y mantener una conexión directa entre el Ejecutivo y el electorado en momentos clave del calendario electoral.
Pero la falta de consensos en la Cámara de Diputados primero, y posteriormente en el Senado, terminó por descarrilar la propuesta original. La necesidad de construir mayorías calificadas evidenció las tensiones tanto con la oposición como dentro de la propia coalición gobernante.
El episodio más ilustrativo fue la postura del aliado Partido del Trabajo, cuyo respaldo resultó condicionado a la eliminación del componente de revocación de mandato.
El dirigente del PT, Alberto Anaya, dejó claro desde tribuna que su partido acompañaría la reforma en lo general, pero no avalaría modificaciones al artículo 35 constitucional.
Esa decisión obligó a retirar uno de los ejes más relevantes de la iniciativa presidencial, exhibiendo una fractura táctica dentro del bloque oficialista. Aunque públicamente se insistió en la solidez de la alianza, lo ocurrido reveló que la cohesión tiene límites cuando se trata de temas con implicaciones electorales directas.
Una reforma electoral descafeinada
El resultado final fue una reforma descafeinada que dio prioridad a medidas de austeridad sobre cambios estructurales en la relación entre ciudadanía y poder político.
Se aprobaron disposiciones para reducir el gasto en organismos electorales y congresos locales, así como ajustes a las remuneraciones de consejeros y funcionarios, en línea con el discurso de combate a privilegios.
No obstante, el componente político-electoral más ambicioso quedó fuera, reduciendo el alcance transformador del proyecto.
Desde el Ejecutivo, Sheinbaum defiende que la reforma conserva elementos importantes, particularmente en materia de racionalización del gasto público. Sin embargo, también reconoció abiertamente que uno de los aspectos que más le interesaban (la posibilidad de adelantar la revocación de mandato) no prosperó.
Su crítica a los argumentos en contra, que señalaban riesgos de uso electoral del mecanismo, refleja la persistencia de una narrativa que busca legitimar la ampliación de instrumentos de participación directa, aun cuando estos generen suspicacias sobre su uso político.
Se prepara una nueva reforma para 2027
En este contexto, el anuncio de que en 2027 podría enviarse una nueva iniciativa para retomar aspectos del “Plan A” confirma que la discusión está lejos de cerrarse.
La presidenta ha puesto énfasis en la necesidad de ampliar la democracia participativa, incluyendo consultas a nivel local e incluso el uso de votación electrónica para reducir costos. Sin embargo, el antecedente inmediato plantea dudas sobre la viabilidad política de una reforma de mayor alcance sin una estrategia de negociación más sólida.
El episodio también deja lecciones relevantes sobre la dinámica legislativa en la actual configuración del poder. A pesar de contar con una coalición amplia junto a Morena y el Partido Verde Ecologista de México, el oficialismo no logró imponer completamente su agenda en un tema clave.
Las resistencias internas y externas obligaron a modular el proyecto, evidenciando que las mayorías calificadas siguen siendo un terreno de disputa y no una garantía automática.
¿Qué implica esto? Para un gobierno que ha logrado avances significativos en otras reformas (como la del Poder Judicial o los cambios en materia de seguridad y energía), el tropiezo en la reforma electoral adquiere un peso simbólico particular.
Se trata de un ámbito directamente vinculado con las reglas del juego democrático y, por ende, con el futuro político del propio proyecto de gobierno.
De esta manera, el fracaso parcial de la reforma electoral no sólo limita los objetivos inmediatos de Sheinbaum, sino que también plantea interrogantes sobre la capacidad del oficialismo para articular cambios profundos en el sistema político sin generar resistencias que terminen por diluir sus propuestas. El camino hacia 2027 no sólo será una oportunidad para reintentar la reforma, sino también una prueba de la habilidad política del gobierno para construir consensos más allá de su base.
