Por Juan Carlos Hernández Ascencio
Maestro en Gestión Social y Políticas Públicas
@juancarleis2020
La organización de los procesos electorales en México ha venido de menor a mayor perfección en busca de eficientizar cada vez más las etapas que se realizan para cada elección que se requiere y que, pese a que ahora se tienen las garantías de transparencia y total legalidad, gracias a la actual ley electoral y la consolidada estructura del INE, hoy día estamos en la incertidumbre de saber qué va a salir de la nueva propuesta de Reforma Electoral, este llamado plan «B» que en su primera intención está la de cercenar, mutilar o discapacitar al INE y trastocar su excelente servicio profesional como hoy se encuentra.
En el ánimo de entender los porqués, aún no hay una analizada explicación que no sea la del consabido ahorro. Pero mire usted, cómo es posible que, sin pedir datos, información de ninguna área del INE, crean que van a hacer una «limpia», un » borrón y cuenta nueva, cuando en la práctica son las personas preparadas y profesionales quienes conducen sin filias ni fobias una y otra elección a buen término.
La experiencia probada en el personal del INE es insustituible, es un equívoco que tendría consecuencias en lo inmediato. Lo es. La primera reforma que cambió y fortaleció al entonces IFE fue la de 1996, que logró la separación del representante de gobernación como autoridad en el Consejo General y es donde ahí se ciudadanizó e independizó totalmente el órgano electoral.
¿Qué se pretende, pues? Básicamente regresar a los tiempos aquellos dónde no había plena autonomía de la institución que hace elecciones. Uno de los puntos más preocupantes es la cancelación de 300 juntas distritales, que es lo que permite al INE tener presencia en todo el territorio nacional, con personal altamente calificado.
Por otra parte, mucho se dice que es viciado de origen al faltar a la regla del cauce constitucional y ese es un factor de revisión, si no en el Senado o el Congreso de la Unión, sí en la instancia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
¿Por qué si ahora funciona y desde 2014 se han organizado las elecciones hasta el 2021, sin ningún contratiempo y problema, ahora resulta que hay que hacer cambios a la ley electoral? ¿En favor de qué o de quiénes?
Que alguien explique. El punto es que no hay quién sostenga una justificación. Si bien es cierto que hasta lo que hoy se conoce, se sabe que la intención es dejar una mínima estructura, también es cierto que lo que desean desaparecer es parte importante del trabajo. En este caso no se hacer más con menos, pues organizar una elección no es cosa fácil.
Entonces hay una sinrazón plena para querer mover la columna vertebral del INE que es su servicio civil de carrera y que son personas que están ahí por conseguir su puesto por concurso de oposición y que son evaluados y examinados muy regularmente todos los años. La expertis es una parte importante.
El IFE antes y ahora el INE han demostrado ser eficientes, y han permitido a nivel internacional que México sea incluido en la categoría de países democráticos. Amén de dar cátedra y asesoría a más de 50 países para decirles cómo se organizan elecciones. Por lo que no está en duda el profesionalismo e institucionalización del órgano electoral.
La prudencia y cordura política está en un sector de legisladores, pero en otro ni por asomo lo está. Empero, vamos a ver de qué están hechos los magistrados del máximo órgano de justicia de este país. Otra vez en ellos recae la posibilidad de mantener a las instituciones que son ancla de estabilidad política de México: El INE y los Tribunales Electorales. Debemos de confiar en el Estado de Derecho y los órganos de justicia. Que no llegue el rumor de la discordia.
