Por Ismael Zamora Tovar
Doctor en Educación
La filósofa Hannah Arendt (2017) advirtió que los regímenes autoritarios tienden a rodearse de individuos cuya falta de pensamiento crítico y autonomía intelectual garantiza su obediencia. Según su análisis, las dictaduras no desean rodearse de personas competentes, pues estas, al tener principios firmes y capacidad de juicio, representan un riesgo de disidencia frente a las arbitrariedades del poder. En contraste, los regímenes prefieren sujetos dóciles, incluso “chiflados y tontos”, porque su carencia de creatividad y criterio propio los convierte en los más fieles defensores del sistema.
Este planteamiento puede analizarse desde dos perspectivas complementarias. Por un lado, es cierto que los regímenes autoritarios dependen de la obediencia ciega para sostenerse; en consecuencia, reducir al mínimo la presencia de individuos capaces de cuestionar resulta funcional para la estabilidad del poder. Asimismo, el uso propagandístico de los “tontos útiles” contribuye a reforzar la narrativa oficial y a simular consenso social. Sin embargo, también debe señalarse que todo régimen necesita cuadros competentes en áreas estratégicas como la economía, la tecnología o las fuerzas armadas. La lealtad no siempre depende de la ignorancia: muchos individuos con alto nivel de preparación técnica deciden apoyar a regímenes autoritarios en función de incentivos materiales, ambiciones de poder o afinidad ideológica.
Al relacionar este planteamiento con el populismo, se observa que ambas dinámicas coinciden en la desconfianza hacia las élites técnicas e intelectuales. El populismo, como advierte Cas Mudde (2004), se caracteriza por confrontar “al pueblo puro” contra “la élite corrupta”, exaltando la sabiduría popular y descalificando los saberes especializados. De este modo, el populismo genera un terreno fértil para que la lealtad política y la adhesión al líder se prioricen sobre la competencia profesional. La simplificación del discurso político, el rechazo a la complejidad técnica y el predominio de narrativas emocionales refuerzan esta lógica, en la que la crítica es sustituida por la repetición del relato oficial.
En el caso de México, el populismo contemporáneo muestra varios de estos rasgos. Bajo la retórica de la regeneración nacional y de la lucha contra la “mafia del poder”, se ha desacreditado a instituciones autónomas, organismos técnicos y voces críticas provenientes de la academia o la sociedad civil. Es así como la lealtad al proyecto político se ha colocado por encima de la competencia técnica, justificando decisiones en nombre de la “voluntad del pueblo”. Ello se traduce en la designación de funcionarios cuya principal virtud no es la experiencia profesional, sino su fidelidad al liderazgo presidencial y su capacidad de sostener el relato populista.
En síntesis, la reflexión de Arendt ofrece un marco valioso para comprender cómo el populismo en México, al igual que otros regímenes autoritarios, prefiere rodearse de leales antes que de competentes. Este patrón revela una tensión constante entre la necesidad de técnicos calificados y el riesgo de que su autonomía crítica cuestione al poder. El populismo, al descalificar la inteligencia crítica en nombre de la voz del pueblo, termina por reproducir un entorno donde los obedientes sin principios sólidos son más útiles para garantizar la permanencia del proyecto político que los individuos capaces de pensar por sí mismos.
Desde una perspectiva democrática, la primacía de la lealtad sobre la competencia representa una negación del sentido mismo del gobierno público. La democracia se sostiene en el pluralismo, la deliberación racional y el respeto a las instituciones, no en la obediencia personal al líder ni en la descalificación del conocimiento experto. Cuando la fidelidad ideológica sustituye a la capacidad profesional, el poder se vuelve autorreferencial y se debilitan los contrapesos que garantizan la libertad.
Defender la democracia implica, por tanto, reivindicar el valor del pensamiento crítico y de la competencia técnica como condiciones del bien común. No es la sumisión lo que legitima al poder, sino la calidad de sus decisiones y su apertura al escrutinio ciudadano. Una sociedad democrática no se mide por la cantidad de leales que produce, sino por la fortaleza de sus instituciones y por la madurez cívica de sus ciudadanos.
En una democracia, la autoridad política no puede separarse de la autoridad del saber. Gobernar implica decidir sobre realidades complejas que exigen conocimiento técnico, evidencia y deliberación racional. Desconocer la legitimidad del saber experto en nombre de la lealtad o de la supuesta voluntad del pueblo no democratiza el poder, sino que lo empobrece, pues sustituye la razón pública por la adhesión emocional. La autoridad del conocimiento no anula la soberanía popular, sino que la hace posible al orientar las decisiones hacia el bien común y no hacia la mera conservación del poder.
