Escenario Internacional: Un Entorno Hostil y Vulnerabilidades Ignoradas
Por Eduardo Gómez de la O
Presidente de la Asociación Mexicana de Gasto Público AC
El panorama global que envuelve a México en 2025, según los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) 2026, se caracteriza por un torbellino de tensiones geopolíticas, episodios recurrentes de volatilidad financiera y nuevas barreras comerciales que golpean con fuerza a las economías emergentes. La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en 2026 se presenta como una ventana de oportunidad para fortalecer la cooperación y la certidumbre jurídica, pero el documento elude un análisis profundo de los riesgos asociados: negociaciones fallidas podrían derivar en aranceles punitivos desde un Estados Unidos cada vez más proteccionista bajo presiones internas. Además, la dependencia de un precio del petróleo estimado en $62.0 por barril —sensible a fluctuaciones globales— y tasas de interés proyectadas en 7.3% al cierre de 2026 exponen al país a shocks externos. Los CGPE optan por un tono optimista, prometiendo «mayor claridad» en la política comercial, pero esta narrativa carece de respaldo concreto frente a la incertidumbre geopolítica, dejando a México en una posición frágil sin estrategias de mitigación claras.
Diagnóstico y Prospectiva Económica: Crecimiento Anémico y Dependencias Peligrosas
El diagnóstico económico de México en 2025 revela un crecimiento debil del PIB entre 0.5% y 1.5%, impulsado por una resiliencia relativa del mercado laboral, la base industrial y un sistema financiero estable. Sin embargo, la prospectiva para 2026 pinta un panorama sombrío, con una proyección de 1.8% a 2.8%, lo que refleja la debilidad estructural del modelo económico actual. Los CGPE destacan el consumo privado como motor principal, alimentado por aumentos salariales y los Programas del Bienestar, pero esta dependencia de transferencias gubernamentales en un contexto de déficit fiscal (4.1% del PIB) es insostenible a largo plazo.
Proyectos ambiciosos como el tren México-Querétaro, la Inversión Extranjera Directa (IED) en el sur y el Plan México suenan prometedores, pero la ausencia de detalles sobre fuentes de financiamiento, cronogramas y viabilidad operativa —dada la historia de retrasos y sobrecostos— sugiere que podrían quedar en promesas vacías. La inversión pública y privada, crucial para un despegue económico, sigue estancada, y el documento no aborda cómo superar las trabas regulatorias o la percepción de riesgo que ahuyenta a los inversionistas.
Estimaciones de Ingresos: Incrementos Modestos y Dependencia Vulnerable
La Iniciativa de Ley de Ingresos (LIF) 2026 estima ingresos totales por $10,193,683.7 millones, un aumento nominal del 9.59% respecto a los $9,302,015.8 millones de 2025, con un crecimiento real de 4.79% y un PIB proyectado de $38,715,900 millones (+7.2% nominal). Los ingresos tributarios ascienden a $5,838,541.1 millones, un incremento del 10.21% nominal, con aportaciones específicas: el Impuesto Sobre la Renta (ISR) crece 7.36% ($210,574 millones más), reflejando un ajuste moderado en la base gravable, mientras el comercio exterior se dispara un 67.83% (+$102,967.1 millones) gracias a aranceles proteccionistas que benefician a sectores como el textil. Los ingresos no tributarios, en $2,882,516.2 millones, suben 4.52% nominalmente, pero caen -0.28% real (-$47,136.4 millones) por una reducción en transferencias petroleras, evidenciando la fragilidad de esta fuente ante la volatilidad de los precios del crudo. El financiamiento, con $1,472,626.4 millones (+18.15% nominal, +13.35% real), incluye un endeudamiento interno neto de $1,779,541.7 millones, un recurso que tapa huecos pero incrementa la exposición fiscal.
Este crecimiento modesto de los ingresos, sin una reforma fiscal estructural, limita la capacidad del gobierno para financiar sus ambiciones plasmadas en el Plan México, dejando al país a merced de factores externos.
Asignaciones de Gasto: Ajustes Desiguales y Prioridades Cuestionables
El Gasto Neto Total (GNT) se fija en $10.19 billones, un alza real del 7.83% respecto a 2025 ($9.05 billones), con incrementos significativos en rubros estratégicos. El Ramo 09 – Infraestructura, Comunicaciones y Transportes crece 56.1% a $251,862 millones, destacando proyectos como el Tren Maya, mientras el Ramo 20 – Bienestar sube 3.23% a $851,824 millones, reforzando pensiones y programas sociales. El Ramo 12 – Salud aumenta 12.1% a $66,826 millones, y el Ramo 11 – Educación Pública crece 5% a $513,016 millones, apostando por la inclusión.
Sin embargo, los recortes son drásticos: el Ramo 07 – Defensa Nacional cae 34.2% a $170,753 millones, debilitando la seguridad; el Ramo 21 – Turismo desciende 13.93% a $1,793 millones, afectando al sector turístico; y el Ramo 48 – Cultura se reduce 10% a $7,200 millones, impactando la identidad cultural. Otros ajustes a la baja incluyen Trabajo y Previsión Social (-10% a $10,800 millones) y Desarrollo Agrario (-10% a $22,500 millones), dejando a obreros y campesinos desprotegidos.
Esta distribución refleja una priorización sesgada hacia gasto social e infraestructura, pero sacrifica áreas críticas, con un enfoque en deuda (56.1% del aumento en Infraestructura) que compromete el futuro. En síntesis, el gasto debe ser progresivo (mayor énfasis en renta personal y riqueza), eficiente (evaluaciones costo-beneficio) y alineado con prioridades nacionales/territoriales mediante gobernanza colaborativa. Esto implica revertir la tendencia de ajuste fiscal que reduce inversión pública (de 5,5% del PIB en 2014 a niveles inferiores) y priorizar sobre deudas (pagos de intereses equivalen al 185% de la inversión en 2021).
Sin mayor recaudación (meta 25%-30% del PIB) y gasto estratégico, las trampas del desarrollo (baja capacidad de crecimiento, alta desigualdad/baja movilidad social y capacidades institucionales débiles) persistirán, agravadas por contextos globales como tasas de interés altas.
Aspectos Relevantes y Faltantes: Un Marco Legal con Vacíos
La LIF 2026, se fundamenta en la visión de la Cuarta Transformación (4T), enfatizando justicia social y combate a la corrupción, pero evade subidas generalizadas de impuestos, confiando en aranceles, reforma aduanal, aumentos en IEPS e implementación de una mayor digitalización del SAT (+$100,000 millones) para captar ingresos. El Proyecto de Presupuesto de Egresos, establece un marco legal bajo la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, obligando a reportes trimestrales y capacitación en Presupuesto basado en Resultados. Sin embargo, carece de mecanismos robustos para garantizar la ejecución eficiente, y la dependencia de la Secretaría de Hacienda para interpretar y evaluar el gasto concentra poder sin contrapesos claros. Faltan estrategias para mitigar riesgos fiscales, detalles sobre la sostenibilidad de proyectos insignia como el Tren Maya, y medidas para integrar a la economía informal, un sector clave que sigue excluido. La ausencia de un plan B ante la volatilidad petrolera o la resistencia social a nuevos impuestos revela una planificación incompleta.
Incremento del Déficit y la Deuda: Un Ajuste Fiscal Riesgoso
El déficit fiscal se reduce de 5.7% del PIB en 2024 a 4.1% en 2026, un ajuste gradual que los CGPE califican de «responsable», pero esta narrativa es engañosa. El endeudamiento neto interno crece a $1,779,541.7 millones, financiando el 56.1% del aumento en Infraestructura y compensando la caída de ingresos no tributarios.
La deuda pública se sitúa en 52.3% del PIB, (20.02 billones de pesos) proyectada al cierre de 2026, con un portafolio en moneda nacional y tasas fijas, pero su estabilidad depende de un mercado volátil que podría disparar los costos de servicio. Los riesgos son evidentes: un shock externo (caída del petróleo o alza de tasas) podría elevar la deuda a niveles insostenibles, limitando la capacidad de respuesta del gobierno.
Este enfoque de ajuste fiscal via deuda, en lugar de una reforma tributaria, posterga problemas estructurales, hipotecando el bienestar de generaciones futuras.
Riesgos de una Política Fiscal Desbalanceada
Sostener una política fiscal que prioriza el gasto social (Bienestar, Salud, Educación) mientras reduce la inversión (Turismo, Cultura, Defensa) y aumenta la deuda pública es una apuesta peligrosa. Con un incremento modesto de ingresos (+4.79% real), insuficiente para cubrir las ambiciones del GNT (+7.83% real), el gobierno recurre a la deuda como muleta, ignorando la necesidad de una reforma fiscal integral.
La ausencia de un ISR progresivo, exenciones de IVA en productos básicos, descentralización tributaria (recaudación subnacional <5%) y una integración efectiva de la economía informal perpetúa la dependencia petrolera y la desigualdad.
Sin coordinación fiscal entre órdenes de gobierno, los estados y municipios carecen de recursos para sus propias agendas, mientras el centro absorbe el control. Esta estrategia podría colapsar ante un entorno internacional adverso, dejando a México con un crecimiento anémico, deuda insostenible y un desarrollo inclusivo cada vez más lejano.
LOS FOCOS AMARRILLOS DEL PRESUPUESTO
- Los CGPE optan por un tono optimista, prometiendo «mayor claridad» en la política comercial, pero esta narrativa carece de respaldo concreto frente a la incertidumbre geopolítica, dejando a México en una posición frágil sin estrategias de mitigación claras.
- La inversión pública y privada, crucial para un despegue económico, sigue estancada, y el documento no aborda cómo superar las trabas regulatorias o la percepción de riesgo que ahuyenta a los inversionistas.
- Este crecimiento modesto de los ingresos, sin una reforma fiscal estructural, limita la capacidad del gobierno para financiar sus ambiciones plasmadas en el Plan México, dejando al país a merced de factores externos.
- Sin mayor recaudación (meta 25%-30% del PIB) y gasto estratégico, las trampas del desarrollo (baja capacidad de crecimiento, alta desigualdad/baja movilidad social y capacidades institucionales débiles) persistirán, agravadas por contextos globales como tasas de interés altas.
- Faltan estrategias para mitigar riesgos fiscales, detalles sobre la sostenibilidad de proyectos insignia como el Tren Maya, y medidas para integrar a la economía informal, un sector clave que sigue excluido. La ausencia de un plan B ante la volatilidad petrolera o la resistencia social a nuevos impuestos revela una planificación incompleta.
- Este enfoque de ajuste fiscal via deuda, en lugar de una reforma tributaria, posterga problemas estructurales, hipotecando el bienestar de generaciones futuras.
- Sin coordinación fiscal entre órdenes de gobierno, los estados y municipios carecen de recursos para sus propias agendas, mientras el centro absorbe el control. Esta estrategia podría colapsar ante un entorno internacional adverso, dejando a México con un crecimiento anémico, deuda insostenible y un desarrollo inclusivo cada vez más lejano
